El pasaporte covid en residencias se exigirá a las visitas pero no a los trabajadores

VALÈNCIA (EP) La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha resaltado este viernes que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de las residencias de personas mayores está vacunado aunque todavía hay entre un 5 y un 6% de la plantilla sin vacunar, algo que no se les puede exigir porque es "entrar en una esfera de derechos para los que la Generalitat no tiene cobertura legal que le permita exigirla".

Oltra ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell al ser preguntada por el 'pasaporte Covid' que la Generalitat exigirá para entrar en las residencias de mayores, si así lo autoriza el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La consellera de Políticas Inclusivas ha explicado que esta medida está pensada para "todas las personas ajenas" a la residencia, pero "no es una medida para la plantilla, igual que tampoco lo es para los trabajadores de otros establecimientos donde también se pedirá el certificado Covid", como son los locales de hostelería y ocio con aforo de más de 50 personas, o los hospitales.

En este sentido, Oltra ha señalado que no se puede pedir la vacunación a los trabajadores de las residencias, dado que ahí entra en juego una "colisión de derechos que tiene difícil encaje". "Si no hay un marco legal que ampare esa normativa de la vacunación obligatoria para trabajar en determinados sectores, como puede ser la sanidad o el espacio residencial" no se puede exigir a la plantilla.

En este momento, con la actual normativa "no se puede obligar a nadie a vacunarse" y "no hay vacuna obligatoria para determinados sectores" como "tampoco es competencia autonómica", ha puntualizado la consellera.

En cuanto a las visitas y personal ajeno a las residencias, Oltra ha precisado que están pendientes de la autorización del TSJCV para poder pedirles el 'pasaporte Covid' en alguna de sus tres modalidades: vacunación, diagnóstico (72 horas anteriores con PCR, test de antígenos en 48 horas antes) o recuperación en los 180 días anteriores a la emisión del certificado.

En el caso de los menores, Oltra ha explicado que se exigirá a partir de los 12 años, puesto que todavía no se ha articulado la vacunación a partir de los 5 años.

Oltra ha expresado su confianza en que el TSJCV permita sacar adelante el 'pasaporte Covid' y que la Comunitat Valenciana se pueda sumar así a las otras seis CCAA que ya cuentan con esta medida (Galicia, Aragón, Murcia, Baleares, Cataluña y Navarra).

Por otra parte, Oltra ha informado de que las nuevas residencias de personas mayores incorporarán el 'aprendizaje COVID' con unidades de convivencia semejantes a un hogar. Para hacerlo posible el Pleno del Consell ha aprobado modificar varios decretos que permitirán ordenar el sistema público valenciano de servicios sociales con el objetivo de que los nuevos centros residenciales de personas mayores se estructuren en 'unidades de convivencia' para crear espacios más parecidos a un hogar, en lugar de megacentros, incorporando así los aprendizajes extraídos de la pandemia.

En concreto, el decreto aprobado por el Pleno modifica el decreto 59/2019 de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, junto a los decretos 181/2017 de acción concertada, el 38/2020 de atención primaria de servicios sociales y el 34/2021 que regula el mapa de servicios sociales, con el objetivo de adaptarlos al desarrollo de la ley de Servicios Sociales Inclusivos.

Estas modificaciones permiten "la inclusión de aspectos esenciales e inaplazables para impulsar el modelo residencial del Plan Convivint que se proyectó la pasada legislatura", ha subrayado Oltra.

El nuevo texto también adecúan las plazas o servicios que se ofrecen en la acción concertada al mapa del sistema público valenciano de servicios sociales, e incrementa el mínimo de plazas a ofertar por los centros al 85% sobre el total de plazas autorizadas que tienen.

Asimismo, se establece que aquellos centros que ofrezcan la totalidad de las plazas para concertar obtendrán una puntuación adicional, y se reconoce la posibilidad de ampliar plazas concertadas para dar cobertura a situaciones de urgencias en los casos de personas usuarias en situación de especial vulnerabilidad.

Nueva comisión organizativa técnica

Del mismo modo, el decreto aprobado hoy por el Pleno del Consell modifica el Decreto 38/2020 de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales para regular las comisiones mixtas para articular los traspasos de competencias entre administraciones, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.

En estos momentos, hay 33 entidades locales con 38 infraestructuras sociales que deben pasar a la Generalitat. De estos recursos, 28 corresponden al sector de personas mayores, 7 al de diversidad funcional, 2 son recursos mixtos y uno es de infancia y adolescencia.

La modificación de este decreto permitirá la creación de una comisión organizativa técnica con los profesionales de los servicios sociales de atención primaria, con el objetivo de que puedan participar en la adecuación de los servicios sociales municipales a la nueva ley.

Por último, se modifica el decreto 34/2021 que regula y aprueba el Mapa de servicios sociales de la Comunitat Valenciana para ajustar los términos de elaboración de los planes estratégicos de carácter zonal al Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, así como el proceso de zonificación.