Picassent y Manises estudian acciones legales contra la Emshi por la suspensión del canon

VALÈNCIA. Picassent y Manises ya estudian acciones legales contra la decisión de suspender el canon que ambos municipios percibían por sus potabilizadoras. Un canon que roza el medio millón de euros al año y que fue aprobado por primera vez en 2006 bajo el mandato de Enrique Crespo, exalcalde de Manises y en aquel momento presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi). El pago se justificó inicialmente como compensación a los presuntos efectos adversos que las plantas tenían sobre el día a día de las localidades. Sin embargo, en el año 2011, la intervención de la propia entidad aconsejó dejar de abonarlo porque no existían informes que constatasen la existencia de esas consecuencias negativas.

A partir de ese momento, la Emshi y los Ayuntamientos han protagonizado una larga batalla por el pago del medio millón de euros. La Emshi canceló el canon en 2012 y los consistorios acudieron a los tribunales, que en primera instancia dieron la razón a la entidad e incluso detectaron "arbitrariedad" y "razones políticas" en la aprobación de esta compensación. No contentos con el resultado, Manises y Picassent recurrieron la decisión al TSJ, que cambió de opinión y favoreció la postura de los municipios. Así, el tribunal sí que percibía los efectos negativos de las potabilizadoras e instaba a pagar el canon hasta que las partes implicadas llegasen a un nuevo acuerdo.

Ese "acuerdo" se materializó unilateralmente por parte de la Emshi en el pago de un euro anual más todas las inversiones que se hicieran en las plantas. Un movimiento que los Ayuntamientos percibieron cercano al insulto y volvieron a elevar a los tribunales, que les dieron la razón e insistieron en la necesidad de alcanzar un verdadero acuerdo. La entidad recurrió la sentencia al TSJ, pero en el caso de Picassent dicho recurso fue inadmitido. Así, la Emshi ha buscado ahora otro camino para deshacerse del canon: a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2021.

La actual presidenta de la Emshi, Elisa Valía, informó ente miércoles en la asamblea del ente que se había encontrado "una solución que encaja perfectamente en el servicio jurídico". Esto es, modificar la normativa autonómica de régimen local para que las infraestructuras de las entidades metropolitanas no queden sujetas "a tasas, precios o cánones que los entes locales puedan imponer por razón de su titularidad, uso, afecciones, actividad o rendimiento". Asimismo, a partir de este año, tampoco quedan sujetas a ningún tipo de subsidio, pago, compensación o "externalidad alguna".

Dudas sobre la constitucionalidad

Una decisión que ha enfurecido a los dos Ayuntamientos directamente afectados por este cambio en la normativa: Picassent y Manises. "Han jugado con mucha ventaja, pero nosotros ya hemos recurrido a los abogados para estudiar qué acciones legales caben contra esa ley", ha informado el alcalde de Manises, Jesús Borrás, de Compromís. "No tengo yo claro que eso se pueda hacer así. Es una ley que va directamente contra las decisiones de un juez, que ya dejó bien claro que el canon solo se podía eliminar si conseguíamos llegar a un nuevo acuerdo". "Agotaremos todas nuestras posibilidades y haremos todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta decisión, porque el canon contó en su momento con todos los informes favorables que tenía que tener", ha concluido el primer edil al respecto.

Y también en la misma línea se ha pronunciado la socialista Conxa García, alcaldesa de Picassent. "Ahora mismo estamos estudiando acciones legales contra la modificación de la ley y, si vemos que es inconstitucional volveremos a los juzgados", ha anunciado de manera tajante. Además, también ha hecho referencia al impacto que esto podría tener sobre los presupuestos municipales: "Cuando las arcas dejan de percibir ingresos eso repercute en la planificación de las inversiones, los servicios, las ayudas y las actividades". "La ciudadanía va a ser la más perjudicada por esta decisión", ha lamentado.

Cabe recordar que, para el ejercicio 2021, Manises había aprobado unos presupuestos de 23 millones de euros, y Picassent de 18. Unas cuentas que todavía daban por sentado el ingreso de medio millón de euros por parte de la Emshi. Así, los alcaldes advierten de que algunas de las inversiones que ya estaban proyectadas podrían peligrar si se suspendiera el pago de este ejercicio, puesto que supondría una pérdida de dinero ya presupuestado: "Vamos a pelear por todos los años que nos quedan, pero especialmente por el 2021", reconocía Borràs.