Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La empresa pública Plan Cabanyal será quien tome el testigo del Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana y quien se encargue ahora del futuro del ya icónico Bloque de Portuarios emplazado en el barrio marítimo de València. El propósito: agilizar los procedimientos para resolver en solución habitacional la compleja situación que atraviesa la finca y sus habitantes desde hace muchos años.
Tal y como anunciaron hace unas semanas la concejal de Urbanismo, Sandra Gómez, y el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ambas administraciones han acordadado ceder a la sociedad -participada tanto por el Ayuntamiento como por la Generalitat- la gestión de todo lo relacionado con estos bloques. Este martes, de hecho, Plan Cabanyal celebra ya una reunión de trabajo ordinaria en la que los Bloques Portuarios será un apartado fundamental e ineludible y a la que asistirán representantes de la empresa, de la administración autonómica y de la municipal -concejalías de Urbanismo y de Vivienda-.
En este sentido, el encuentro de este martes se reviste de toma de contacto para buscar las vías de agilizar los procedimientos. Eso sí, dicen en la delegación que dirige Sandra Gómez, el derribo de los bloques y su reedificación se llevará a cabo. Es la solución que la misma concejalía adoptó el pasado mandato, cuando la encabezaba el edil socialista Vicent Sarrià. Entonces, se decidió que las fincas se derribarían y darían lugar a tres nuevas construcciones en los mismos terrenos y ocupando alguna parcela adyacente.
Tal era la determinación que se incluyó en el Plan Especial del Cabanyal (PEC) que ya tramita el consistorio y que se encuentra en fase de resolución de alegaciones. Ahora bien, la edil de Urbanismo ya señaló hace dos semanas que se plantean "diferentes soluciones para mejorar la primera propuesta". Con todo, desde el área de Urbanismo insisten en que la solución se quiere acordar con los vecinos antes de hacer ningún anuncio sobre estas novedades.
Ahora bien, la solución definitiva propuesta por Sarrià, al parecer, no estará exenta de debate, ya que según señalan en el área de Vivienda, que dirige la edil de Compromís Isa Lozano, el pasado mandato Podemos, que se encargaba de esta delegación, ya manifestó su rechazo, y la coalición valencianista tampoco estaba de acuerdo y "no hubo ocasión de formular una estrategia conjunta". Una oportunidad de la que gozan a partir de ahora, recién constituidas las administraciones tras las elecciones, con Podemos a la cabeza de la cartera de Vivienda en la Generalitat, los socialistas al frente de la concejalía de Urbanismo, y Compromís, de la de Vivienda.
El objetivo final es "no perder vivienda pública". Hay que recordar que de las 168 viviendas de los Bloques, 77 son públicas -36 de la Generalitat, 7 del Ayuntamiento, y 34 de Plan Cabanyal-. Y para evitar la pérdida de alguna de estas viviendas, "no se descarta nada". En ese sentido, explican las mismas fuentes respecto a la determinación del pasado mandato, "no hay nada que se pueda considerar como definitivo, sino un punto de partida". Con todo, sobre la disyuntiva de derribar o no derribar los bloques, insisten en que no es "una decisión sencilla".
Más allá de la cuestión urbanística, del futuro estructural de los Bloques Portuarios, lo que precisa más urgencia es la cuestión social y de precaria convivencia que arrastran los edificios desde hace años. "Hay que diseñar el 'mientras tanto'", subrayan las fuentes municipales, que añaden que las instituciones "no son insensibles a esta situación" y que también abordarán este extremo.
