Pilar Lima y Ximo Puig durante una reunión en el Palau. Foto: EP/JORGE GILVALÈNCIA. La tramitación de los presupuestos de la Generalitat de 2022 en Les Corts Valencianes arranca con sus clásicos habituales que, año tras año, nunca mueren: la tasa turística, la del azúcar y el presupuesto de À Punt. Asuntos que, con toda probabilidad, acabarán debatiéndose entre los grupos del Botànic en la presentación de enmiendas.
Son dos las leyes que han de aprobarse a finales de diciembre. La de las cuentas y la conocida como ley de Acompañamiento, aquella que suele recoger cambios normativos y fiscales. Ambas han obtenido luz verde del Gobierno valenciano, pero siempre sufren modificaciones en su paso por el Parlamento autonómico.
La segunda no incluyó finalmente la tasa turística que reclaman Compromís y Unides Podem y que rechaza el PSPV. Una opción esperada, aunque no era la que exigían los socios de los socialistas. De hecho, el pasado septiembre la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), y el vicepresidente segundo, Héctor Illueca (Unides Podem), escenificaban una 'pinza' de cara a la negociación de los presupuestos con la petición de implantar la citada tasa.
La intención que manifestaron era que se articulara a través de la ley de Acompañamiento, algo que finalmente no ocurrió. PSPV, Compromís y Unides Podem no han llegado a un acuerdo en la comisión política de las cuentas que se conformó en el seno del Consell, de manera que –como era previsible– el debate vuelve de nuevo a Les Corts. Algo que lleva ocurriendo desde 2017.
Los socialistas no tienen voluntad alguna de implementar la tasa turística en 2022 como piden sus socios. De hecho, hablan de postergarla, si acaso, y como mínimo, hasta 2023. Teniendo en cuenta que será –si nada cambia– año electoral, tampoco parece que vaya a ser el momento. El PSPV aboga por una tasa municipal y voluntaria –Compromís y Unides Podem inicialmente defendían la autonómica– y creen que sería necesaria una ley específica para su puesta en marcha. Es decir, que todo se acabara articulando a través de una proposición de ley.
Las posiciones de cada grupo del Botànic se comenzarán a vislumbrar en breve con el contenido de las enmiendas. La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, avanzó este miércoles en À Punt que la tasa turística será una de las cuestiones por las que su partido peleará. Al igual que por el impuesto sobre las bebidas azucaradas.
Este último, pese a ser reiterativo, cuenta este año con una novedad en la que seguramente se podrán apoyar los partidarios. El Estudio sobre la Autonomía Financiera de la Comunitat realizado por 12 expertos en la materia –a instancias del propio Consell– y conocido en octubre abría la puerta a un impuesto propio sobre el azúcar.
Así, el informe apostaba de manera clara por el establecimiento de un impuesto valenciano sobre las bebidas con azúcares añadidos con finalidad extrafiscal para reducir su consumo. Defendían, de este modo, gravar la cantidad de azúcar que contienen las bebidas y no el precio de las bebidas. "Así evitamos la sustitución de bebidas caras por bebidas baratas (marca blanca), sin que haya un cambio en el consumo de azúcar". Las preocupaciones sobre el impacto equitativo de tales políticas fiscales, añadían, podrían mitigarse mediante un uso a favor de los grupos de menor renta de los ingresos adicionales generados por estos impuestos.
El siguiente paso será comprobar el contenido de las enmiendas de los grupos del Botànic, puesto que, de nuevo, el PSPV se ha mostrado reticente a ambas tasas y sus socios han acabado rebajando las exigencias en años anteriores.
Por último, estará presente en las enmiendas el presupuesto de À Punt. Pilar Lima se mostró públicamente partidaria este miércoles de aumentarlo, al igual que han hecho desde Compromís, ante la amenaza de recortes. La solución, sin embargo, no es sencilla. Como ha venido informando Valencia Plaza, tanto alcanzar el mínimo legal de aportación de la Generalitat –y el cual se incumple– como compensar el desajuste por las devoluciones del IVA supone una suma de varios millones de euros –más de 10– que no resultará fácil de cuadrar ahora dentro del presupuesto.
