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malestar en la radiotelevisión valenciana por el "ninguneo" del consell

El presupuesto de À Punt para 2022 está por debajo del mínimo legal

Foto: KIKE TABERNER
6/11/2021 - 

VALÈNCIA. La bajada del presupuesto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en un 1,65% para 2022 –contará con 66,9 millones de euros– no resulta únicamente relevante por el hecho de que se trate de la primera vez que se reduce desde que arrancó À Punt. También supone que se sitúe por debajo del mínimo legal

De acuerdo con la ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión, las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones se consignarán en las cuentas de la Generalitat de acuerdo con el contrato programa y nunca podrán ser de un importe inferior al 0,3% ni superior al 0,6% de la cifra global.

El presupuesto no financiero del Gobierno autonómico del próximo año (es decir, para gasto) es de 20.703 millones de euros. Mientras, la financiación que recibirá la CVMC del Consell será de 58,61 millones, un 0,28%. Cantidad con la que no se alcanza ese mínimo del 0,3%, para el que sería necesario aumentar la aportación hasta los 62 millones. 

La circunstancia de este año es llamativa. La negociación de los presupuestos entre PSPV, Compromís y Unides Podem se ha llevado a cabo hasta el último momento –se presentaron, de hecho, fuera de plazo legal– con el escollo principal de los ingresos. Éstos, finalmente, venían con sorpresa: mil millones ficticios más que el año pasado cuya llegada no está garantizada. Si no se hubieran incluido, el dinero destinado a À Punt habría estado mucho más cerca de cumplir con ese mínimo legal (habría sido un 0,297%).

El director de À Punt, Alfred Costa. Foto: KIKE TABERNER   

De los 58 millones de aportación de la Generalitat, 53,91 irán a parar a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), el ente que gestiona À Punt y en el que se inscribe el grueso de la plantilla. En cuanto al gasto de personal, éste será de 24,4 millones, un 36,5% del presupuesto global (casi un 5% más que el presente año). 

A todo ello se suma el desajuste por las devoluciones del IVA. Aparte de que la Agencia Tributaria reclama a la radiotelevisión valenciana 24,8 millones de las que recibió entre 2016 y 2019 –lo cual se encuentra recurrido–, el cálculo de que no sean percibidas las de este año ni las del que viene supone dejar de ingresar más de 10 millones de euros. Motivo por el que À Punt pedía un incremento de la aportación del Consell en el presupuesto por esa cantidad que no se ha producido –decisión que dependía de Presidencia–. 

El resultado final que se refleja en las cuentas ha generado importante malestar en el ente. Tanto entre los trabajadores como en el equipo directivo, según ha podido saber Valencia Plaza. Algunas fuentes critican el "ninguneo" de la Generalitat con el recorte de dinero pese a que todas las partidas sean expansivas. En este sentido, mencionan determinadas comparaciones, como que la televisión vasca (EITB) aumenta su presupuesto en un 9% para 2022 y contará con 161,5 millones de euros.

Instalaciones de À Punt. Foto: KIKE TABERNER   

Buena parte del dinero de À Punt va destinado a las retransmisiones, la contratación de productoras, las traducciones, la coproducción de películas, etc. Todo lo cual, creen varias fuentes, se vería afectado tanto por la bajada de presupuesto como por el desajuste del IVA que tendrían que asumir. 

Desde el comité de empresa manifiestan su descontento, admiten que no entienden la decisión del Consell y esperan que se solucione vía enmiendas en la fase de tramitación de las cuentas en Les Corts. Especialmente preocupados se muestran por la merma al capítulo 1 de personal, lo cual consideran que podría perjudicar, por ejemplo, al proceso de oposiciones. 

La pelota pasa a estar, como de costumbre, en los grupos parlamentarios. Compromís da habitualmente la batalla en este asunto cada año, por lo que éste no será una excepción. Así, es muy probable que presente varias enmiendas dirigidas a aumentar el presupuesto de À Punt y otras cuestiones. El pasado diciembre el Botànic ya llegó a un acuerdo para saltarse, hasta 2023, el límite de gasto de personal que figura en la ley a través de una moratoria para su aplicación. 

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