Problemas para el PAI del Grao: ni la Conselleria de Agricultura ni la Guardia Civil se quieren ir

VALÈNCIA. Ya dijo el alcalde de València, Joan Ribó, que era algo que no le gustaba del proyecto del PAI del Grao. El derribo del cuartel de la Guardia Civil y de otros edificios de la zona, entre los que se halla uno de la Conselleria de Agricultura, no le parecía la solución “más razonable”. Después, en detalle, cuando se llegó a una suerte de consenso entre los dos principales partidos del equipo de Gobierno (Compromís y PSPV), esos derribos no parecieron tan importantes pero seguían latiendo ahí dentro, como ese problema que no se ha resuelto y que, por mucho que se soslaye, no se va a solucionar por sí solo.

El alcalde tenía razón en su escepticismo porque ni la Conselleria de Agricultura ni la Guardia Civil quieren irse del Grao. A él no le parecía la solución “más razonable” y ahora ya sabe que no es posible en los actuales términos. Y es que las dos instituciones a través de sus representantes han hecho llegar al consistorio de diferentes maneras su negativa a marcharse. No se moverán. No se lo plantean y menos tras las importantes inversiones que ambas han realizado en sus inmuebles.

En el Ayuntamiento de València han recibido una carta de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, en la que ésta le transmite a Ribó su preocupación por el inmueble de la calle Ingeniero Manuel Soto de su Conselleria, donde se encuentra ubicada la Unidad de Análisis de Sanidad Animal. El edificio fue transferido por el Ministerio de Agricultura hace 30 años y en los últimos ejercicios se han realizado “importantes inversiones”, explican desde la Conselleria. En él trabajan una veintena de profesionales. Las instalaciones, advierten, son muy complejas e incluyen un laboratorio de bioseguridad.

Cebrián no ha desenterrado el hacha de guerra pero sí que ha reclamado información y ha expresado su “preocupación”, dicen desde su equipo, porque la demolición tendría un doble efecto negativo: por un lado la patrimonial, lo que supondría la pérdida del edificio; y por el otro, más importante, la pérdida de la investigación científica. Trasladarse no es una opción.

La situación con el cuartel de la Guardia Civil del Paseo Cantarranas es similar sino incluso peor. En la actualidad están allí instalados 200 efectivos en los 70 pabellones de la caserna. A lo largo de los últimos diez años los responsables del cuerpo armado han invertido 2,5 millones de euros en mejoras del edificio. Pero sobre todo lo que más pesa, explican fuentes del Ministerio del Interior, es que no existe “ninguna alternativa para trasladar unidades y viviendas”. En Alcaldía ya están al tanto de que el coronel de la comandancia está en contra. Y en el Ministerio dan pábulo a sus argumentos. No es que no quieran marcharse, es que si lo hicieran no tienen donde ir.

La doble negativa no ha tenido su traducción aún en los despachos, pero tanto desde el entorno de la consellera Cebrián como desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska dan por seguro que, si se mantiene el PAI tal y como está ahora, ambas instituciones no descartan presentar alegaciones en cuanto se abra el plazo. Es decir que tienen previsto, si es necesario, dar el paso siguiente y bloquear el PAI.

En el consistorio aguardan acontecimientos. La doble negativa aún no es oficial porque el PAI no lo es. Cabe la opción de seguir como está y enfrentarse a retrasos y problemas administrativos, iniciar arduas negociaciones y sacarlo adelante, o devolver el PAI a los despachos para rehacerlo. Habida cuenta la sensibilidad que desde el principio ha mostrado Ribó al respecto de estos inmuebles, desde el entorno del alcalde avanzan que es bastante factible que se opte por la segunda opción, que es que el PAI le sea repuesto a José María Tomás y su equipo para que lo redefinan.

En este caso, explican desde la Concejalía de Desarrollo Urbano, se tendrán que reubicar las dos grandes torres del final de la Avenida de Francia y habrá que reducir la zona verde. Asimismo, adelantan, se deberá estrechar el cauce del río hasta unos noventa y pico metros, condicionados por la presencia del cuartel. Esto significa que se tendrá que desestimar la propuesta del alcalde de establecer un ancho del antiguo cauce hasta el puente de las Atarazanas similar al resto del Jardín del Túria, unos 135 metros. Como una manta, si se cubren los pies (no derribar los edificios), deberán dejar la cabeza al descubierto (se acorta el ancho del río); hay que elegir.

La tesis de València En Comú, la que impulsa su portavoz María Oliver de que hay que seguir trabajando el PAI, empieza a cobrar fuerza. El problema ya no es sólo el soterramiento de las vías. Es más complejo. El puzzle no encaja. Los promotores tendrán que esperar.