El PSPV enmendará la ley para darle dos años más a los alcaldes para pagar las expropiaciones de suelo

VALÈNCIA. El PSPV quiere presentar en las próximas semanas una enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2021 para prorrogar de nuevo el pago por parte de los ayuntamientos de las llamadas 'expropiaciones rogadas', las compras de suelo que están obligados a materializar los consistorios por exigencia de los propietarios afectados por proyectos urbanísticos sin ejecutar (en muchas ocasiones heredados del equipo de gobierno anterior). 

Una moratoria de dos años que los socialistas tendrán que pactar aún con Compromís y Unides Podem pero que a priori entienden que no tendrán problemas en llevar adelante porque el tripartito ya aprobó dos enmiendas en este sentido en la legislatura pasada: una fue en 2016 y otra en 2018, cuando finalizó la anterior. Ahora, este año vuelve a caducar la prórroga vigente y en el PSPV quieren volver a registrar una enmienda para ayudar a los ayuntamientos valencianos a escapar de esta peculiar paradoja inmobiliaria que trajo la crisis.  

Así, la historia de las expropiaciones rogadas es singular. En tiempos de bonanza podía ser una desgracia que el alcalde de turno diseñara un proyecto urbanístico en el lugar en el que un propietario tenía una parcela, porque la administración tenía derecho a expropiarla por un precio que muchas veces estaba por debajo del entonces pujante mercado inmobiliario. Así ocurría a lo largo y ancho de la Comunitat, con decenas de nuevas iniciativas impulsadas cada año a nivel municipal. 

Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria le dio la vuelta a la tortilla. Muchos ayuntamientos congelaron sus proyectos, y pasados cinco años desde el inicio de la tramitación los propietarios de terrenos pendientes de desarrollar empezaron a exigir que los consistorios cumplieran con la expropiación anunciada, que en este nuevo escenario -con el sector completamente detenido- se pagaban a un precio muy superior al de un mercado raquítico y brindaban a los interesados un suculento ingreso en plena crisis.

En definitiva, el relato era el siguiente: Un Ayuntamiento diseña un proyecto urbanístico en un barrio. Llega la crisis y no se hace nada, pero a los cinco años los propietarios de terrenos pendientes de expropiación exigen que así suceda. Denuncian a la administración y ganan, con lo cual colocan al consistorio un inmueble en un momento en el que nadie compra, y para colmo, en muchos casos, el ayuntamiento paga a un precio superior al de mercado. Eran trampas urbanísticas que se puso la propia administración local en tiempos de bonanza, cepos que han atrapado a multitud de localidades valencianas cuyos planes urbanísticos brotaban con alegría en los planos, ajenos a la recesión que llegaría en 2008 para pararlo todo y poner a la administración en serios aprietos contables.

En 2016, esta circunstancia costó 40 millones al Ayuntamiento de València. Un 4,7% del presupuesto consolidado del Cap i Casal. Con estos mimbres, el síndic del PSPV, Manolo Mata, explicó que presentaría una enmienda a la Ley de Acompañamiento para "poner coto a las expropiaciones rogadas”. El entonces concejal de Hacienda, Ramón Vilar, aplaudió la medida con el argumento de que los fondos de expropiaciones debían “tener un uso lógico y racional, acorde con el desarrollo urbanístico, no marcado por sentencias judiciales".

Este cómodo aplazamiento del pago es el que quiere prolongar el PSPV con la introducción de una nueva moratoria, que dará una importante alegría financiera a las arcas municipales especialmente en un año marcado por la pandemia de la covid-19. De no introducirse esta nueva prórroga las administraciones locales deberían haber liquidado la totalidad de las expropiaciones pendientes y dispondrían de un margen para el gasto sensiblemente inferior.

Los grandes perjudicados de esta nueva moratoria son, en consecuencia, los propietarios de los terrenos, que vuelven a ver cómo su ayuntamiento gana dos años más para pagar. Para colmo, según quedó establecido en la primera moratoria en defensa de las arcas públicas, el aplazamiento ni siquiera les genera intereses.