La regulación autonómica sobre los pisos turísticos cederá poderes a los ayuntamientos para multar
La regulación autonómica sobre los pisos turísticos cederá poderes a los ayuntamientos para multar
VALÈNCIA (VP). El pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos municipales, la propuesta del equipo de Gobierno de modificar algunas normas urbanísticas del Plan General para favorecer el acceso a la vivienda. Las principales medidas adoptadas son eliminar las restricciones para que los bajos comerciales se puedan habilitar como uso residencial y prohibir los apartamentos en régimen de explotación hotelera, los llamados pisos turísticos.
Por tanto, a partir del 30 de julio, ya no se concederán nuevas licencias, aunque las viviendas actualmente existentes no se verán afectadas por esta decisión plenaria.
A diferencia de otros municipios, que han paralizado la concesión de licencias de forma cautelar, la intención del equipo de Gobierno es convertir en definitiva la decisión una vez se cumplan todos los plazos, por lo que se ya se ha redactado la propuesta para que en Quart de Poblet ya no haya más pisos turísticos que los que ya existen.
Este tipo de alojamientos provoca que haya menos viviendas destinadas a alquiler de larga estancia y, las pocas que quedan, tienen unos precios inasequibles para la mayoría de la población. Aunque actualmente el número de pisos turísticos en Quart de Poblet es escaso, la decisión de Valencia de paralizar las licencias ha provocado que el área metropolitana se convierta en foco de atracción de este negocio.
La otra medida impulsada por el equipo de Gobierno, liderado por Cristina Mora, es la de eliminar las restricciones para que los bajos comerciales se puedan habilitar como uso residencial. Hasta el momento, solo se permite habilitar para este uso un bajo que no colinde con un comercio, con tal de evitar los problemas de ruido que éste pudiera ocasionar a los vecinos. También al revés. Es decir, una peluquería, por ejemplo, no podía ubicarse en la misma planta si ya existía una vivienda.
Sin embargo, con las técnicas actuales, el ruido se puede solventar con aislamientos que permiten que no haya merma en las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad por coincidir ambos usos.
Esta modificación del Plan General favorece, tanto al pequeño comercio como a las personas que buscan una vivienda en una planta baja. En los últimos tiempos, estas ubicaciones son muy solicitadas por las personas mayores o con movilidad reducida, que no tienen ascensor, ni posibilidad de instalarlo, en los edificios donde residen.
Por otra parte, al sacar un mayor número de propiedades al mercado, se espera que los precios comiencen a bajar.
Hay algunas calles en las que esta medida no se podrá aplicar y solo se permitirá el uso residencial en la planta baja que actualmente ya está habilitada como vivienda. Esto es así para potenciar el comercio local y preservar zonas donde los vecinos y vecinas disfruten de una mayor oferta de bienes y servicios sin tener que trasladarse a otros lugares y fomentar las tiendas de proximidad.
Las arterias que se quieren potenciar como ejes comerciales son la Avenida San Onofre, Avenida Madrid, Calle Trafalgar, Calle Primero de Mayo, Padre Jesús Fernández, Azorín, Villalba de Lugo, Joanot Martorell, Antic Regne de València, Santa Cecilia, Pizarro y algunas de las calles del nuevo Pai de Molí de Animeta como Rigoberta Menchu o Passeig Molí de Animeta.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha recordado que "uno de mis compromisos cuando me presenté a la alcaldía fue hacer todo lo posible para que la vivienda no sea un lujo al alcance de muy pocos. Aunque la mayoría de las medidas que se pueden adoptar traspasan nuestras competencias, sí que hay cosas que se pueden hacer y las estoy haciendo. No tenemos que olvidar que la vivienda es un derecho de todos y de todas."
La alcaldesa ha puesto como ejemplo el PAI Molí de Animeta, donde el Ayuntamiento incrementó el número de Viviendas destinadas a Protección Oficial por encima de lo que marca la normativa. Mientras en otros lugares solo se destina el 30%, en Quart de Poblet se exige a las constructoras que destinen el 50%.
La regulación autonómica sobre los pisos turísticos cederá poderes a los ayuntamientos para multar