Hoy es 14 de agosto
CASTELLÓ. La Conselleria de Sanidad concederá durante este año ayudas a 68 oficinas de farmacia que están ubicadas en zonas rurales de la Comunitat Valenciana para garantizar una adecuada prestación farmacéutica a toda la ciudadanía, 33 de ellas en la provincia de Castellón.
Del total, casi la mitad de las oficinas de farmacia que han accedido a esta subvención, el 48,5%, están situadas en zonas rurales de la provincia de Castellón. Asimismo, 17 se encuentran en la provincia de Alicante y 18 son farmacias rurales de Valencia, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
La ayuda, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), consiste en aplicar el índice corrector para que puedan recibir una compensación económica al minorar el porcentaje de participación en los márgenes correspondientes a la dispensación de medicamentos, con el fin de garantizar su continuidad.
En este sentido, durante el año pasado, la Conselleria de Sanidad destinó 378.174 euros para aplicar el índice corrector a farmacias rurales, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2022, año en el que se concedieron 340.750 euros.
El principal objetivo es garantizar la accesibilidad de todos los usuarios del sistema de salud a la prestación farmacéutica en cualquier punto de la Comunitat Valenciana, y dar solución a aquellas situaciones de municipios con poca población en los que el principal establecimiento sanitario es una farmacia, ya que el consultorio o centro sanitario se encuentra en localidades colindantes por planificación sanitaria.
Para el acceso a estas ayudas existen una serie de requisitos que deben cumplir las oficinas de farmacia. En concreto, a través del Decreto 977/2022 se han modificado dos de ellos, de manera que aquellas farmacias que quieran optar a estas ayudas deben prestar sus servicios a núcleos de población pertenecientes a municipios que dispongan como máximo de 1.500 habitantes censados o porque la autoridad competente lo considere oportuno por necesidad de dar una cobertura adecuada a la prestación farmacéutica.
Por otra parte, se ha modificado el requisito relacionado con las ventas anuales totales, que no deben superar los 235.000 euros anuales, en términos de precio de venta al público incrementado con el impuesto sobre el valor añadido, durante el ejercicio económico anterior.
Del mismo modo, no pueden haber sido sancionadas económicamente, deben participar en programas de atención farmacéutica y tienen que haber estado en activo durante los doce meses del año anterior, excepto el periodo de vacaciones.
La Conselleria de Sanidad cuenta con diversas medidas orientadas a la protección de las farmacias rurales, ya que constituyen un eje fundamental en el sistema sanitario de zonas despobladas. De hecho, el farmacéutico comunitario es una pieza clave que colabora en la mejora del sistema sanitario, facilita la igualdad y equidad en el acceso a los medicamentos y presta especial atención los colectivos más vulnerables en las zonas rurales.
Por ello, en aquellas zonas de menos de 250 habitantes, en las que no se puede autorizar la apertura de una oficina de farmacia por el número de población, Sanidad permite la instalación de botiquines de farmacia para que la prestación farmacéutica esté asegurada.
En cuanto a flexibilidad horaria y conciliación, la normativa permite que en aquellos municipios con poca población los farmacéuticos puedan reducir su jornada laboral de 40 a 20 horas semanales, realizar guardias localizadas o rotar las guardias entre varios municipios.
Una de las ventajas de esta medida es que el farmacéutico puede adaptar el horario de la farmacia a las horas en las que permanece abierto el centro sanitario del municipio para facilitar la dispensación de medicamentos a los pacientes.
Por otra parte, en municipios de menos de 1.500 habitantes el local puede ser de 50 metros cuadrados en lugar de 80, y puede prescindir de laboratorio de formulación magistral.