Stop al Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas

Se trata de uno de los casos en que se basa la Plataforma Salud Mental fuera de las prisiones, creada en febrero y compuesta por 200 entidades que trabajan en España en el ámbito penitenciario, han solicitado el posicionamiento del Gobierno Valenciano ante la construcción del psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas, aportando una copia del manifiesto de la Plataforma y varios informes que avalan la postura de paralización del centro que el Gobierno de España pretende lanzar .

La  Plataforma apoya con un SI al centro para personas judicializadas con problemas de salud mental  con un equipo de personas multidisciplinar  como existe en la CV de no mas de 50 personas. Y se oponen a  macrocentros de 500 personas que es un modelo que no existe en Europa y  que recuerda a los antiguos manicomios y psiquiátricos del s. XIX . Un modelo hacia el que parece que va el nuevo psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas propuesta e impulsado por el gobierno central.

La habilitación de espacios pequeños, reducidos y de proximidad en cada Comunidad Autónoma permite que las personas con problemas de salud mental estén cerca de sus familias.

Desde la Plataforma no se oponen a que hayan centros cerrados para personas con problemas de salud mental judicializadas, pero el cambio de uso de prisión de Siete Aguas hay cuestiones que no comparten. 

Modelo contra la tendencia europea

Y es que, según el manifiesto firmado por la Plataforma, la construcción de este centro de Siete Aguas refuerza una serie de valores que son totalmente contrarios a los que, desde hace tiempo, se defienden de forma clara y repetida desde las distintas instituciones españolas e internacionales implicadas este ámbito.

Las estrategias de intervención que se llevarán a cabo en este centro psiquiátrico penitenciario, van en dirección totalmente opuesta a la que marcan tanto organismos nacionales (como la Estrategia de Salud Mental SNS, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, APHDA, AEN, Sociedad Española de Psiquiatría Legal, o la Estrategia de Salud Mental de la Comunidad Valenciana) como internacionales (ONU, OMS y Consejo de Europa).

Según Javier Vilalta, representante de la Plataforma y director de Ámbit, encerrar a 500 personas en un recurso único es vulnerar sus derechos humanos. No olvidemos que las prisiones se congregan personas pobres y enfermas.  

Por tanto, no se oponen a que hayan recursos psiquiátricos en cada CCAA pero que estén con sus recursos necesarios.

Todos ellos abogan por proporcionar a personas con trastornos psiquiátricos en contextos que proporcionen máxima oportunidad de recuperación personal y social, mediante equipos que trabajan en dispositivos asistenciales insertos en el medio comunitario, en la red general de atención del SNS y de los Servicios Sociales, evitando las instituciones de gran tamaño y aisladas del contexto de vida diaria, que significan la marginación y riesgo de máxima exclusión de esta población.

Transferencia autonómica

Desde la Plataforma  apoyan la transferencia sanitaria penitenciaria de la Comunitat Valenciana  que apuesta por un proceso individualizado bajo la premisa que “los edificios ya no sanan, sanan los recursos”.  Además piden la creación de una comisión en la que puedan participar los profesionales del sector que trabajan en la materia.

Un 40% de la población penitenciaria tiene salud mental de los que casi un 65% recibe tratamiento psiquiátrico. 

Los representantes de la Plataforma han recordado que desde 2005 las competencias en materia de Salud Mental son autonómicas, y que la falta de recursos humanos sanitarios en los centros penitenciarios constituye una vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad, lo que pone sobre la mesa la falta de experiencia en una gestión digna por parte de Instituciones Penitenciarias en esta materia. El problema no es la obsolescencia de los edificios sino la desatención de las personas privadas de libertad con problemas de salud mental, a modo de ejemplo: 


• En 2020 no ha habido psiquiatras en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent.
• Desde 2018 ningún psiquiatra ha visitado el Centro Penitenciario de CastellónI.
• No hay personal especializado en Salud Mental en los centros penitenciarios.
• No Hay atención primaria en las prisiones valencianas debido a la falta de profesionales sanitarios

Esta falta de recursos para conseguir una buena atención y prestación sanitaria choca con el pliego aprobado por el gobierno central. Recuerdan que el pliego de prescripciones aprobado por el Gobierno de España  establece un presupuesto para el diseño del proyecto en 700.000 y 80 millones de euros para la construcción. Consideran que dicha inversión a sabiendas de que supone una vulneración de los principios fundamentales de la atención a las personas con problemas de salud mentales, es inconcebible en un país de la órbita europea, tal como indica Manuel Gómez Beneyto, Catedrático en Psiquiatría y padre de la Estrategia Nacional de Salud Mental quien ha supervisado el manifiesto.

Desde la plataforma recuerdan que, si los 80 millones que van destinados a este proyecto se destinaran a la transferencia de las competencias, eso supondría la solución al problema de la fallida sanidad penitenciaria.

Postura autonómica valenciana

LA GVA ha manifestado  su pretensión de trabajar con otro modelo que marca la normativa internacional y que evita el desarraigo además de apostar por una atención más personalizada.  El modelo marcado por el modelo español, es anacrónico y ha manifestado solicitar la transferencia sanitaria penitenciaria. LA CCAA van a solicitarla ahora. Victoria Aguilar, Presidenta de Asiem, entidad perteneciente a Federació de Salud mental, ha agradecimiento la predisposición del Gobierno Valenciano y del Comisionado de Salud Mental, Rafael Tabares, quien se ha manifestado en la misma línea que la Vicepresidenta.

Hace varias semanas la vicepresidenta Mónica Oltra se reunió con  representantes de la Plataforma y usuarios de diferentes oengés se reunieron  para mostrar su disconformidad con el modelo que pretende lanzar el gobierno español.

La Vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra, ha aseverado que el modelo de Siete Aguas es un modelo antagónico al modelo comunitario y amable del la estrategia autonómica Valenciana y del pacto autonómico por la salud mental. 


Javier Vilalta, representante de la plataforma y de la COEPCV, ha manifestado que sólo se pide que se cumpla la normativa vigente, que la sanidad penitenciaria es competencia autonómica y que este modelo es un modelo que vulnera la estrategia estatal de Salud mental y el Convención de Naciones Unidas de los derechos de la personas con Discapacidad 


Desde la Plataforma han solicitado reunirse con  el Ministerio competente en la materia hace un par de meses y todavía no hay respuesta. Aún están esperando la llamada de la Delegada  del Gobierno, Gloria Calero.

La semana que viene …más!