Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. En el vértice de la Plaza del Ayuntamiento de València se ubica un edificio de diez plantas con chaflán en la esquina de las calles María Cristina y San Vicente que emerge como una especie de 'ojo que todo lo ve'. Sus balcones centrales ofrecen una panorámica de la plaza y desde los salones de las plantas más elevadas se pueden avistar construcciones como el Estadio de Mestalla, el Hospital La Fe o incluso algunas más lejanas como la muralla de Sagunto.
Además, se trata de un edificio especialmente conocido en tiempo de Fallas, cuando se convierte en uno de los lugares más privilegiados donde ver una mascletà. Una de las viviendas de las plantas superiores ofrece año tras año un balcón privilegiado cada mes de marzo que permite disfrutar de una de las mejores vistas de este tradicional espectáculo.
Construido en 1931, cuenta con una parcela de 900 metros cuadrados y más de 10.000 construidos que a lo largo de los más de 90 años de historia han albergado multitud de familias. En concreto, la planta baja y el sótano se destinan a locales comerciales, los dos entresuelos a despachos, y los siete pisos restantes a viviendas de uso residencial arrendadas en régimen de alquiler.
Pero, en 2017 se produjo una decisión que preveía cambiar de forma radical el futuro del edificio. Hoteles Santos, propietaria de complejos como Las Arenas, mostró la intención de convertir este edificio en un hotel. La firma es dueña de esta propiedad a través de la empresa Nordeste Properties Socimi. En aquel momento la compañía informó a los propietarios de la intención de no renovar los contratos de alquiler al tener la intención de culminar la transformación en un plazo de cuatro años.
Los problemas llegaron por dos vías: el cambio de uso del edificio y la negativa de algunos residentes a abandonar las viviendas. El edificio, dentro del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, es actualmente de uso residencial, con terciarios de uso mixto y terciario (comercial-servicios). Para poder albergar un hotel, se necesita un cambio de uso a terciario hotelero, algo que el plan de Ciutat Vella no impide realizar siempre que sea el uso "exclusivo" del edificio.
Según ha podido saber este periódico, la empresa propietaria no ha solicitado al consistorio ni cambio de uso ni licencia de obras mayores para este edificio. Valencia Plaza ha intentado ponerse en contacto con Nordeste Properties por vía telefónica y correo electrónico, aunque no ha obtenido respuesta por parte de la compañía.
Sobre los arrendatarios, la mayoría de contratos han vencido o vencen próximamente, tanto en los locales comerciales como en las viviendas. No obstante, existen tres domicilios cuyos inquilinos poseen un contrato de renta antigua, que en la práctica supone que la parte propietaria carece de capacidad para rescindir el contrato. Las personas que tienen alquiladas estas tres viviendas tienen, por tanto, derecho a vivir en ellas de forma indefinida pagando la renta que el acuerdo estime.
En concreto se trata de tres personas octogenarias: una de ellas vive con su hijo con discapacidad y las otras dos viven solas. El varón con discapacidad, además, tendría derecho a la subrogación del contrato de arrendamiento debido a su condición. Estos inquilinos denuncian que desde el momento en el que se decidió cambiar de uso del edificio y conseguir romper todos los contratos de arrendamiento, el edificio ha cambiado radicalmente, con consecuencias negativas para su bienestar.
En concreto, denuncian la realización de obras sin licencia que han alterado la composición de la construcción dejando varias plantas completamente vacías, sin tabiques ni mobiliario de ningún tipo. Unas modificaciones que han realizado, aseguran, sin ningún tipo de licencia por parte del consistorio, lo que ha provocado que en repetidas ocasiones hayan tenido que llamar a la Policía Local para levantar acta y parar las obras.
Según explican, en octubre de 2023, la propietaria presentó en el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento una Declaración Responsable de Edificio Protegido (DERE) con el objetivo de realizar actuaciones de limpieza, retirada de enseres y falsos techos. El consistorio consideró "insuficiente" la DERE y resolvió que este tipo de actuaciones precisaban de licencia de obras. Además, ordenó una inspección urgente del edificio para comprobar si se habían ejecutado estos trabajos.
No obstante, según denuncian los vecinos, la propiedad ha procedido a la retirada de techos, tabiques, mobiliario y demás enseres de varios niveles del edificio pese a "no haber estado nunca legalmente legitimada" para ello. En todo caso, según el informe del Servicio de Inspección Municipal, los dueños entendieron que "solicitada la Declaración Responsable se podían comenzar los trabajos y que, en cuanto se recibió la notificación de la no aceptación de la DERE, se paralizaron los trabajos". Una cuestión que, según los inquilinos, no es cierta, ya que indican que estos trabajos se han mantenido hasta la fecha de forma clandestina.
Ante esta situación, los vecinos consideran estar viviendo una situación de mobbing o acoso inmobiliario por parte del propietario que les impide disfrutar correctamente de la vivienda en la que llevan viviendo "toda una vida". Entre otras cuestiones se quejan de ruidos provocados por las obras, falta de revisión de los ascensores, problemas con la calefacción y cañerías, así como con los ventanales.
Los propietarios consideran que la "dejadez" en el mantenimiento de la propiedad, junto con el estado de varias plantas tras las supuestas obras, está dejando el edificio en una situación "difícilmente sostenible y, además, de modo irreversible".
Valencia Plaza, ha podido acceder a dos de estas viviendas afectadas para conocer la situación de los inquilinos. Es el caso de Argimiro, un cordobés "enamorado de València" que desembarcó hace más de seis décadas en el 'Cap i Casal' tras aprobar unas oposiciones para Tabacalera. El próximo mes de septiembre se cumplirán 60 años de su llegada a este edificio, donde ha transcurrido "toda" su vida familiar. "Aquí han nacido mis hijos, hemos celebrado las primeras comuniones. Salieron de aquí para casarse y mis nietos han venido también a esta casa. Esto es parte de mi vida y este es mi barrio", relata este vecino, uno de cuyos hijos es el propietario de la conocida joyería Argimiro.
"Aquí está mi barrio, mis vivencias, mi felicidad, también mis contratiempos", rememora Argimiro, que reconoce que la situación le está afectando "muchísimo psicológicamente": "No me quiero ir de aquí", declara este arrendatario con contrato de renta antigua que insiste: "He vivido muy a gusto y no me quiero mover de aquí".
Argimiro, asegura que dejar la vivienda le supondría "un verdadero trauma" al dejar atrás las viviendas y recuerdos familiares, así como los establecimientos y espacios que frecuenta de forma habitual: "En el Mercado Central los vendedores son los mismos a los que mi mujer les compraba. Los mismos. Esa vida me la quieren cambiar ahora a los 87 años y eso es muy duro para mí", lamenta este vecino antes de añadir: "Veo que esto se está acabando".
Argimiro reclama a la parte propietaria "humanidad" y que sea capaz de "ver las circunstancias personales". Sobre los inconvenientes que ha ido teniendo estos últimos meses en el edificio, comenta: "Un día estuve un buen rato esperando el ascensor porque estaban bajando cubos negros de escombros", relata. Este inquilino, además, explica que un día bajó a un nivel inferior para ver las obras que se estaban realizando y vio las plantas completamente diáfanas: "Han hecho tabla rasa en la planta cuarta y quinta. Han tirado todos los tabiques".
Unos pisos más abajo de la casa de Argimiro se encuentra Carmen, que vive con su hijo con discapacidad. Se trata de una vecina que lleva toda su vida en el edificio, pues nació en él en 1940. "Mis padres inauguraron este piso en 1932. Cuando se casaron se mudaron a vivir aquí", relata. "En 2017 nos notificaron por carta que en unos tres meses teníamos que dejar la vivienda, pero eso quedó ahí. Ahora nos han comunicado de nuevo que nos busquemos un lugar donde vivir", asegura esta afectada que explica que su abogado ha tratado de contactar en diversas ocasiones con la firma propietaria del inmueble, pero no ha logrado respuesta.
Esta vecina y su hijo denuncian la falta de explicaciones de los dueños del edificio: "No han dado la cara y han estado mintiendo desde el principio". Además, sostienen que la explicación de las obras que ha atravesado el edificio ha sido la retirada de enseres de vecinos anteriores, pero que la realidad es que "se está desmantelando todo": "En este rellano lo han tirado todo menos esta vivienda".
"La finca está abandonada totalmente. Mi hijo tiene que subir mi carrito de la compra porque no hay rampas para que yo pueda hacerlo. Antes había dos rampas, pero las quitaron y no las han vuelto a poner", lamenta Carmen, que además denuncia el estado de las ventanas se su vivienda, "hinchadas y reventadas", lo que provoca la entrada de aire y de agua cuando llueve. Entre los problemas de mantenimiento también señala el de la calefacción central debido al mal estado de las cañerías, que provoca la filtración de "agua hirviendo" en el interior de su domicilio.
Los inquilinos entrevistados han conocido de primera mano la 'época dorada' de este edificio que, aseguran, tiene "mucha historia" vinculada al período de entreguerras y a la posguerra española. Según explican los vecinos, en las primeras décadas había portero las 24 horas del día, una persona encargada de la caldera y otras de acompañar en el ascensor a las personas hasta su portal. "La diferencia es tremenda", lamenta Carmen. "Cuando vine en el año 1964, éramos 80 vecinos si no recuerdo mal. Teníamos tres porteros y si teníamos una incidencia a las 4 de la mañana había un portero abajo para ayudarte", recuerda Argimiro.
El único supuesto legal en el que la propiedad podría lograr la extinción de los contratos de estas tres viviendas es que el edificio se declare en estado de ruina, algo que parece poco probable, pues la ficha del edificio en el Catálogo del Plan de Protección de Ciutat Vella recoge que está "en buen estado de conservación" y que todos los componentes se encuentran "en buen estado o estado aceptable".
Por ahora, los vecinos han recurrido a ayuda jurídica con el objetivo de defender los derechos que recogen sus contratos de arrendamiento y canalizar las acciones que consideren oportunas. En este sentido, los inquilinos creen que la conducta de la propiedad y de sus administradores puede ser constitutiva del delito de hostigamiento inmobiliario que viene recogido en el artículo 173 del Código Penal.
