Foto: UGTVALÈNCIA (EFE). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido al Gobierno a que convoque a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 2022, un alza que beneficiará a unos cuatro millones de trabajadores.
En su tradicional desayuno informativo de año nuevo celebrado este miércoles, el líder del sindicato ha asegurado que "no va a esperar más" y que confía en que el Gobierno les llame la semana que viene para subir el SMI a 1.000 euros desde el 1 de enero, tal y como -ha dicho- se comprometió el pasado mes de septiembre y, si es posible, pactar su alza a 1.063 euros para 2023.
"Si alguien tiene una estrategia pensada para que -la subida del SMI- entre en una vía como el año pasado y no se apruebe de forma inminente encontrará la respuesta de UGT", ha asegurado Álvarez, quien incluso no ha descartado llegar a algún tipo de movilización, siempre en unidad de acción con CCOO.
Las últimas subidas del SMI "no han sido un freno para el empleo sino un elemento de dinamismo", ha recordado, al tiempo que ha apuntado además a la inflación "absolutamente desbocada" con la que el Gobierno "no puede mirar hacia otro lado" sino que debe trasladar a los salarios.
Para Álvarez es clave también que la CEOE "se avenga a constituir cuanto antes la mesa para renovar el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC)", el pacto entre patronal y sindicatos con las recomendaciones en materia salarial para el resto de las mesas de negociación colectiva.
"Tiene la oportunidad de hacerlo ahora, por voluntad propia, o si no lo hará en unos meses porque el país se va a convertir en un foco permanente de conflicto social", ha subrayado Álvarez, quien ha indicado que la subida salarial debe recoger la inflación anual (que ronda el 3 %).
Esa exigencia de subida, ha dicho, será más o menos laxa en función de si el V AENC recupera la cláusula de revisión salarial que despareció en los últimos acuerdos.
El líder de UGT ha valorado el acuerdo alcanzado por los sindicatos con el Gobierno y la patronal para la reforma laboral, ha confiado en que los grupos parlamentarios convaliden el real decreto tal y como está y ha pedido, en concreto al PP, "coherencia y sentido de Estado".
"¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que el Parlamento no apruebe una reforma laboral que está acordada con sindicatos y patronal? Es surrealista que eso pueda pasar", ha exclamado Álvarez quien, no obstante, sí ha considerado la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley.
"Es un acuerdo muy pensado, con muchas horas, muy trabajado. No nos parece necesario introducir enmiendas, pero pido que en ese proceso se nos llame para que un eventual cambio cuente con el soporte de los agentes sociales", ha dicho Álvarez.
Respecto a las críticas de algunos grupos sobre el escaso alcance de esta reforma, Álvarez ha recordado que se trata de una primera parte, que debe ser aprobada, para centrarse después en la segunda.
A esa nueva negociación, ha dicho, UGT llevará a la mesa la revisión de las causas del despido, la recuperación de los 45 días de indemnización para los improcedentes y la necesidad de la autorización administrativa previa en los casos de despidos colectivos.
En materia de pensiones, cuya segunda parte de la reforma debe comenzar a abordarse en breve también, Álvarez ha dejado que "no negociará" un incremento del periodo de cómputo para calcular la pensión: "Son diez líneas rojas. No hay ninguna posibilidad de negociar".
