VALENCIA. Una trabajadora de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia ahora denominada Divalterra, puso en conocimiento en febrero de este año del director de Servicios Jurídicos y Transparencia, José Luis Vera, que durante casi toda la anterior legislatura (desde octubre de 2011 a mayo de 2015) le obligaron a ceder su función del cálculo de las nóminas de determinados directivos a la Dirección de Recursos Humanos. Es decir, que a la empleada cuyo cometido era, precisamente, el control de los sueldos, le fueron retiradas sus competencias en lo que se refería a determinadas personas.
Así se desprende de un escrito que forma parte del sumario del caso Taula en el que la trabajadora expone tal situación al director de Servicios Jurídicos y cita además a los trabajadores cuya nómina se calculaba "directamente" por la Dirección de Recursos Humanos. De hecho, la empleada señala que recibió esta orden por parte de la directora del departamento, María Escrihuela, que se encuentra investigada en la causa.
Entre los trabajadores en esta situación se encontraba el propio gerente de la sociedad Marcos Benavent, el eje de la Operación Taula, pero curiosamente también aparecen en la lista cinco personas que a día de hoy continúan en la empresa pública. Es el caso del responsable del área Jurídica y de Transparencia, José Luis Pellicer, y del encargado del área Económico-Financiera, José Luis Castellote; ambos a las órdenes hasta ahora de Vera, quien fue apartado la pasada semana hasta que se aclaren algunos puntos respecto al pago de Divalterra a una abogada por el caso Taula. La letrada en cuestión, enviaba este martes un comunicado para desmarcarse de las informaciones que la señalan como defensora a cuenta de la empresa del dirigente socialista José Manuel Orengo.
Respecto a lo que atañe a los empleados, las fuentes consultadas señalan que la continuidad de estos trabajadores heredados de la anterior etapa se vinculó a su "colaboración" tanto con la nueva dirección como con la investigación abierta. Los arriba citados no son el único caso, otra trabajadora que también sigue en Divalterra y que figura en esta lista de personas cuyas nóminas pasaron a ser calculadas por la dirección de RRHH es Irene Martínez, técnico que trabaja en el departamento de la cogerente Agustina Brines.
En cuanto a lo motivos de este cambio en el conocimiento y cálculo de nóminas, fuentes de la empresa recuerdan que coincide con el recorte salarial en la antigua Imelsa que el entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, anunció en la sociedad en la recta final de 2011. En cambio, otros trabajadores del ente señalan que esa medida se justificó en su día para "taponar posibles filtraciones" de las nóminas e incluso en, al menos en algunos casos, se asegura que sí se produjo el recorte salarial que se aplicó a todos los empleados.
Marcos Benavent. EVA MÁÑEZ
