VALÈNCIA (EFE). El grupo Unides Podem Esquerra Unida insta al Consell a que informe a las entidades bancarias su obligación de cumplir la normativa de cuentas de pago básicas, así como su régimen gratuito para personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, con el objetivo de acabar con una mala praxis que afecta especialmente a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Con este fin, el grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley en Les Corts Valencianes en la que también reclama al Gobierno central que emita una instrucción e implemente las medidas necesarias para que las entidades bancarias cumplan con la normativa actualmente en vigor en materia de cuentas de pago básicas.
De estas forma, solicita que "pongan fin a posibles irregularidades que impiden, de manera indirecta, el acceso a derechos y servicios básicos, así como a reforzar los mecanismos de control y supervisión del Banco de España, como autoridad competente, con el fin de que las entidades bancarias garanticen el acceso a las cuentas de pago básicas, así como ejecutar el régimen sancionador aplicable cuando sea necesario", han informado fuentes del partido.
La diputada de Unides Podem Esquerra Unida Irene Gómez ha explicado que el ordenamiento jurídico español incorporó las directrices de la directiva europea sobre cuentas de pago básicas, que recoge la posibilidad de “establecer distintos regímenes de condiciones más ventajosas en materia de comisiones en función de la especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera de los potenciales clientes”.
Sin embargo, la diputada ha indicado que, “pese al impulso europeo, varias organizaciones sociales han denunciado en los últimos meses que, en la práctica, se registran irregularidades a la hora de dar cumplimiento a los imperativos que se fijan en la normativa vigente, ya que algunas entidades continúan negando el acceso a estas cuentas a determinadas personas migrantes, con o sin documento de identidad, aferrándose a la Ley de prevención de blanqueo de capitales”.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha cifrado en más de 300 las incidencias recogidas por este tipo de exclusión, tanto a personas migrantes como solicitantes de asilo y refugiadas, pero advierte que la mayoría de este tipo de incidencias se encuentran ocultas, ya que en numerosas ocasiones no se produce una reclamación formal.
Por otra parte, la parlamentaria ha recordado que del acceso a una cuenta bancaria también se deriva la posibilidad de hacer efectivos otros derechos y el acceso a servicios básicos para cualquier persona.
Gómez ha incidido en que las organizaciones que denuncian estos reiterativos incumplimientos “apelan a la necesidad de garantizar el acceso a estos instrumentos y requieren de soluciones urgentes por parte de los poderes públicos con el fin de evitar la exclusión financiera y social a la que se ven abocados cientos de personas y que les impiden desarrollar un proyecto de vida digno en nuestro país”.
