VALÈNCIA. El PAI del Grao será gestionado directamente por el Ayuntamiento de València y no de manera indirecta por los propietarios de los terrenos. Los dueños de parte del desarrollo urbanístico solicitaron en su momento que el consistorio renunciara a la gestión del PAI en su favor. Sin embargo, las últimas directrices marcadas por la concejalía de Urbanismo para el sector incluyen que será el Ayuntamiento el encargado de su diseño y gestión.
Los inversores privados, liderados por el grupo Atitlan -mediante la sociedad Nuevas Actividades Urbanas (NAU)- y sus socios del fondo británico Hayfin Capital entre otros, propietarios de la mayor parte de las parcelas del PAI, se constituyeron en agrupación de interés urbanístico para convertirse en agente urbanizador del sector. Y con ello, solicitaron al departamento de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, el cambio de la fórmula de gestión directa del PAI a una gestión indirecta "por los propietarios".
Esta figura, recogida en la Ley urbanística valenciana, supondría otorgar a los promotores mayor manga ancha en la confección y diseño de este desarrollo urbanístico de más de 300.000 metros cuadrados en la fachada marítima, así como la agilización de determinados trámites. Aunque también es cierto que el Ayuntamiento siempre tendría la potestad última de aprobar o no el proyecto.
Ahora bien, la normativa deja claro que la condición de agente urbanizador "prioritariamente deberá asumirla [...] la propia administración" y sólo podrá cederla a terceros "por razones de insuficiencia de medios personales o materiales u otras circunstancias que habrán de quedar justificadas". Pero aún así, el consistorio no ha accedido a las pretensiones de los promotores.
El pasado mes de julio, el gobierno municipal conformado por Compromís y PSPV dio luz verde a unas nuevas directrices para el diseño del sector, y entre los puntos aprobados se encontraba precisamente este: "Mantener la gestión directa por Aumsa (la empresa urbanística del Ayuntamiento) por considerar que es la forma más adecuada de gestión". Esto es, que la firma pública seguirá tutelando el PAI, como lo ha hecho desde 2011.
En la concejalía que dirige Gómez, de la que depende Aumsa, explican que este acuerdo "se notificó a los propietarios" dejándoles claro que es "decisión de esta corporación mantener la gestión directa", y por tanto rechazando su solicitud para tener una mayor libertad en el diseño urbanístico. Una respuesta que se alinea con la postura que había mantenido también el alcalde, Joan Ribó, que llegó a remitir una carta directamente a Aumsa para recordar que la gestión directa es la primera opción contemplada en la normativa.
Se estima que los costes de urbanización asciendan a entre 60 y 100 millones de euros. Costes que acabarían repercutiéndose a los propietarios privados, lo que seguramente redundará en un aumento del coste de las viviendas que allí se proyecten. Sin embargo, por contra, los dueños se negaban a hacerse cargo de todas las infraestructuras ya construidas en el circuito de la Fórmula 1, dado que no todas serán reutilizables en el futuro barrio.
Una negativa que ha forzado a la administración a asumir 10 de los 42 millones invertidos en la construcción del circuito urbano, en contra de lo que vaticinaba convencido el president de la Generalitat cuando se inauguró, Francisco Camps, según el cual no costaría un euro a las arcas públicas. Camps insiste en que el Ayuntamiento debe hacer que los propietarios costeen todo, pero en la concejalía de Urbanismo insisten en no poder hacerlo para evitar así una posible judicialización y mayores retrasos en el desarrollo.
Hace once años que el Ayuntamiento encargó a Aumsa la gestión de este PAI y, sin embargo, todavía no ha salido adelante. Entre otras cosas, por la falta de acuerdo entre los propietarios y la administración sobre qué infraestructuras eran repercutibles. Tras alcanzar un pacto este año, y confirmar que el consistorio sigue teniendo la tutela directa del planeamiento, la maquinaria se ha puesto en marcha para modificarlo con unas nuevas directrices.
De esta manera, ha encargado un último rediseño al despacho que redactó el primer proyecto en 2011, el del conocido arquitecto Tomás Llavador y el grupo Typsa. Y con ello, Aumsa aprovechará para saldar la deuda que tenía con ellos por aquel primer plan y que alcanza unos 830.000 euros. Se prevé que en cinco meses esté listo el nuevo planeamiento.
Entre las nuevas directrices, destaca el cambio en la prolongación de la Alameda, puesto que el nuevo PAI del Grao no contemplará esta infraestructura; la sustituye por un delta verde que lo conecta directamente con el antiguo cauce del río Turia y que incluye un "circuito biosaludable" peatonal -el PP, por contra, exigía la prolongación de la Alameda-. La edificabilidad del sector se mantiene, si bien se reordenará para concentrar las construcciones en la zona norte del sector.
Otro de los cambios es que se eliminarán los espacios libres de uso privado y los edificios deberán "contener espacios terciarios que permitan la implantación del comercio de proximidad en planta baja". Además de haber una reserva para viviendas dotacionales y de protección pública, y de buscar la conversión de la zona en un polo de desarrollo innovador con "un terciario de calidad", como había publicado Valencia Plaza, reservando el 20% del suelo para este uso.
