Foto: Ajuntament de XàtivaVALÈNCIA. El mismo mes que se celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género -25N- seis municipios de la provincia de València recibían la noticia de que sus partidos judiciales dejarán de tener competencias en esta materia. Desde entonces, Xàtiva, Catarroja y Carlet no se rinden e intentan frenar la reagrupación aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE el 16 de noviembre.
Esta dictamina que la jurisdicción de los partidos judiciales de Quart de Poblet, Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja y Picassent pasará a las localidades de València, Alzira, Alzira, Paterna, Sueca y Torrent, respectivamente. El objetivo es que los casos de violencia de género se traten en sedes especializadas y exclusivas con el fin de conseguir la mejor atención posible para las víctimas, según ha expresado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien también ha afirmado que la Comunitat es la autonomía que más juzgados de violencia de género ha creado este año.
No obstante, estas intenciones no convencen a algunos de los pueblos afectados, que ven la situación como una reducción de los servicios y un añadido de dificultades. El alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, critica que ahora las víctimas tengan que desplazarse hasta otra comarca para denunciar, pues en este caso hay más de 60 kilómetros de distancia entre ida y vuelta.
Por eso, todos los grupos municipales han mostrado su rechazo públicamente y el miércoles 7 de diciembre el alcalde tiene prevista una reunión en la Conselleria de Justicia. Allí, según explica a Valencia Plaza, defenderá que Catarroja se merece mantener el juzgado porque el partido judicial involucra a más de 100.000 personas de toda la comarca, hecho por el que ha pedido apoyo a la Mancomunitat comarcal. "No tiene ningún sentido que nos deriven a Sueca, pedimos que la población de l'Horta Sud, que tiene muchísimos habitantes, tenga como mínimo dos juzgados al margen de la ciudad de València", insiste.
"La especialización la vemos bien y debe ser así, pero no a costa de reducir sitios donde actualmente teníamos el servicio. Si lo que queremos es facilitar a la gente la denuncia yo creo que no lo estamos haciendo bien y es por falta de inversión, no hay que quitar puntos de atención", añade. Asimismo, recuerda que Compromís ha presentado una moción en el Ayuntamiento y busca trabajar conjuntamente con el resto de formaciones sin tener en cuenta el color político.
Siguiendo los mismos pasos, Carlet ve en la decisión una merma de la calidad y una carencia de servicios, así que ha presentado una moción en el Consistorio que ha contado con la unanimidad de todas las fuerzas políticas y están a la espera de un encuentro con Bravo. La concejala de Igualdad, Carla Cebrián, afirma: "La distancia es un problema, que una persona tenga que ir en coche o en taxi. Aquí tenemos los juzgados, tenemos la Casa de la Dona y la coordinación es mejor cuando hay proximidad; se deberían especializar los que hay o invertir dinero en ellos, pero no hacer que las víctimas se desplacen".
Por su parte, Xàtiva es la localidad que más denuncia pública ha compartido puesto que abogados, asociaciones y corporación municipal han alzado la voz con fuerza para ser escuchados. A su sede judicial pertenecen 26 municipios de las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés, que ahora tendrán que desplazarse a Alzira, en la Ribera. En este caso, el alcalde, Roger Cerdà, ya se ha reunido con Bravo, que le anunció el inicio de gestiones con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el pleno aprobó de forma unánime una moción que insta a Conselleria a crear un juzgado especializado sobre este asunto en Xàtiva, a la vez que solicitaba mantener las competencias hasta que llegase la oportunidad de impulsarlo. "Sigo pensando que hay posibilidad de revertir la medida, ya que se ha podido comprobar que la media de la distancia entre municipios está muy por encima de la de otros partidos judiciales. No vamos a parar en nuestras reivindicaciones. Debemos ser capaces de mantener el consenso político con mociones en los ayuntamientos, movilizaciones, consenso en las asociaciones feministas y en el sector judicial", afirmó durante la sesión.
De este rechazo colectivo, manifestaciones, mociones y quejas se ha quedado fuera Picassent, ya que, preguntado por este periódico, el Ayuntamiento ha optado por no posicionarse "hasta que se aclaren las cosas". Por otro lado, Quart de Poblet se mantiene a favor de la reordenación.
La alcaldesa, Carmen Martínez, considera: "Se le da mayor relevancia a la violencia de género al crear juzgados exclusivos que solo se encargarán de tramitar estas denuncias, mejorando la atención con un servicio mucho más especializado". La alcaldesa detalla que las mujeres seguirán pudiendo presentar sus denuncias en el juzgado de guardia, para que posteriormente la tramitación y asistencia se lleve a cabo en el juzgado exclusivo de violencia de género. "Además, no supondrá ningún coste añadido a las víctimas, porque los desplazamientos también estarán cubiertos por la Conselleria", declara.
De esta forma, desde el Consistorio realizan una analogía con los departamentos del área sanitaria: cada localidad tiene un centro de salud al que una persona puede acudir siempre y, desde allí, le enviarán al especialista correspondiente que disponga de los recursos para realizar una mejor intervención.
