VALÈNCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia abrirá juicio oral al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano (Compromís), en relación a las ayudas al fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2016 a empresas administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Concretamente, 56.825 y 23.234 euros respectivamente.
El magistrado explicó en su auto de procesamiento que el investigado pudo cometer el delito de falsedad en documento público oficial al afirmar en un escrito que se habían realizado las actuaciones de control efectivas en las subvenciones a las mercantiles Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, cuando realmente éstas se llevaron a cabo con posterioridad.
La apertura de juicio tendrá lugar después de que la Audiencia de Valencia haya ratificado la incoación de procedimiento abreviado dictada por el juez al desestimar el recurso interpuesto por Trenzano contra esta decisión. Ahora, el magistrado tendrá que emitir en cuestión de días un auto con la apertura oficial.
El director general de Política Lingüística fue llamado a declarar el año pasado tras una querella interpuesta por la diputada del PP Eva Ortiz al considerar que éste había "mentido" al decir que se habían controlado ayudas otorgadas a las empresas vinculadas al hermano de Puig.
La cuestión capital para el juez reside en las normas de control. Por multitud de razones, esos expedientes de 2015 y 2016 no se controlan hasta 2018, cuando la fiscalización supuso, según defendieron los cargos de la dirección de Política Lingüística, "la conformidad y legalidad de las subvenciones concedidas" a Comunicació dels Ports y Mas Mut.
El magistrado, por lo tanto, entendía oportuno dilucidar si existió "conocimiento y voluntad de falsear la realidad que se ha expresado en un documento oficial" en el que se podría haber faltado a la verdad.
La Audiencia de Valencia se pronuncia ahora en la misma línea. Así, sostiene que, en contra de lo que han esgrimido la Fiscalía y la defensa de Trenzano aludiendo a este documento como una "carta de cortesía", realmente se trata de "una respuesta de una autoridad o funcionario público, revestida de las formalidades propias, a una solicitud formal". Donde, además, remarca, "se constatan unos hechos como ciertos y se resuelve o adopta un acuerdo, en su parte final, en el sentido de que no ha lugar a iniciar un procedimiento de imposición de sanciones administrativas y reintegro de la subvención".
"El documento cuestionado presenta, a los efectos de dicha resolución de acomodación procesal, la naturaleza de documento oficial, en cuanto expedido y firmado por el director general de Política Lingüística, en el ejercicio de sus funciones públicas, en los términos señalados", señala la Audiencia. Motivo por el que cree que existe base suficiente para la apertura de juicio oral.
Tras tener conocimiento de la decisión judicial, el Consell y Compromís han cerrado filas con Trenzano. En un comunicado oficial, el Bloc muestra su "sorpresa" por la inminente apertura de juicio y destaca que no existe "ningún indicio suficiente de culpabilidad", por lo que no ven razones para que se aparte de su cargo.
La postura oficial de la Generalitat es que "el asunto no afecta a ningún euro de dinero público" y que "no puede ser que una denuncia política, partidista e infundada aparte una persona honesta de un cargo de responsabilidad".