VALÈNCIA. A finales del año 2023 el Palacio de Justicia de Alzira será una realidad. Así lo ha confirmado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en la presentación del proyecto. Una reivindicación histórica de los profesionales de la comarca y de los distintos equipos de gobierno municipal, y una promesa repetida por el Consell desde 1996, cuando el gobierno valenciano anunció, por primera vez, su construcción.
Este edificio judicial, cuyas obras está previsto que empiecen a finales de 2021 o durante el primer trimestre de 2022, prestará servicio a un partido judicial que abarca 23 municipios y una población de 138.000 personas. Este hecho permitirá, además, unir en un mismo lugar los siete juzgados de primera instancia e instrucción, así como el resto de los servicios de la Administración de Justicia del partido de Alzira que, actualmente, están distribuidos en tres inmuebles. El plan cuenta con un presupuesto de 15,6 millones de euros y está incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana.
El Palacio de Justicia se ubicará al final de una de las arterias principales de la ciudad, la Avenida Luis Súñer. De esta manera, el edificio se situará en un extremo de la ciudad, junto al río Xúquer, "pero bien comunicado a través del transporte público y con acceso desde la avenida", ha señalado el arquitecto Javier del Monte, que forma parte del equipo encargado de elaborar el proyecto, la UTE formada por Incosa y Milla, Mira y Navarro Arquitectos. Las instalaciones se levantarán en una parcela de 4.800 metros cuadrados cedida por el ayuntamiento y tendrá cinco plantas más un aparcamiento exterior con 65 plazas. En total, dispondrá de una superficie construida de 10.982 metros cuadrados.
El edificio estará preparado para albergar a 900 personas al día y dispondrá de 41 salas. En la planta baja se ubicarán los controles de seguridad, los juzgados de guardia, la sala de bodas, el área de detenidos, que contará con seis calabozos, y los servicios de mantenimiento. Sin embargo, los servicios más inmediatos para la ciudadanía estarán ubicados en las plantas superiores. La primera planta contará con seis salas de vista, el Registro Civil y un espacio reservado para los abogados y los procuradores. También dispondrá de una clínica médico-forense, un gabinete pisco-social, la cámara Gesell y una Oficina de Asistencia a las Víctimas.
Los siete juzgados se situarán en la segunda y la tercera planta. Concretamente, la segunda dispondrá de cinco juzgados, que contarán con un despacho para cada juez y cada letrado, y los servicios comunes de asuntos generales. En la tercera planta habrá espacio para hasta seis juzgados más, ya que la intención de las administraciones es aumentar las instalaciones: "este edificio mira al futuro, y se ha previsto una posible ampliación", ha apuntado Bravo. Entre los nuevos órganos judiciales que pretenden instalar, destaca uno especializado en la Violencia de Género y cuya creación ya se ha solicitado al Ministerio de Justicia. Finalmente, la Fiscalía se ubicará en la última planta.
Durante la presentación del proyecto del Palacio de Justicia, el alcalde de la ciudad, Diego Gómez, y la consellera han coincidido en que "por fin se ve la luz al final del túnel". Y es que este ha sido un proceso dilatado en el tiempo. "Es un día importante para los vecinos de Alzira y de la Ribera y, sobre todo, para el derecho de la ciudadanía a la justicia", ha reconocido el primer edil, ante un proyecto "al que se han comprometido muchos equipos de gobierno que han pasado por la Generalitat Valenciana". Bravo ha reconocido el hito que supone este edificio: "va a ser un referente y marcará un antes y un después". Por su parte, la consellera también ha explicado que se trata de un plan "enraizado" que cuenta con apoyo presupuestario para los años en los que calculan que se construirá, es decir, hasta 2023.
Uno de los obstáculos con los que se han encontrado los encargados del proyecto ha sido, precisamente, su cercanía al río Xúquer. "Esto ha planteado una serie de retos que hemos resuelto", ha subrayado el arquitecto Javier del Monte. El principal de estos desafíos ha sido el riesgo de inundación de la zona en la que se va a construir el edificio judicial, ante un posible desbordamiento del río. De hecho, este factor fue el causante de su paralización años atrás, cuando el proyecto ya estaba adjudicado.
En el plan definitivo que se ha presentado este jueves, se incluye un estudio del riesgo de inundación de esta infraestructura que muestra que, en un plazo de 100 años, ese riego es bajo. Si se fija la vista en un horizonte temporal más lejano, de 500 años, el riego es algo más elevado pero, según el arquitecto, por debajo de los 40 centímetros. Para resolver esta cuestión, el edificio se elevará y no contará con ningún sótano, a diferencia del anterior plan que incluía dos semisótanos y, uno de ellos, albergaba el archivo. Concretamente, el Palacio de la Justicia se elevará 80 centímetros respecto del nivel de la Avenida Luis Súñer y este desnivel se salvará con rampas accesibles para todas las personas.
Tanto el primer edil de Alzira como la consellera de Justicia han coincidido en la necesidad de "dignificar" la justicia y sus infraestructuras. Por ello, han puesto el acento en la importancia de que sea un espacio accesible, amable y sostenible. "Debemos acabar con la imagen fría y lejana que presenta la justicia, este edificio debe enmarcarse en un ambiente donde cualquier ciudadano que acuda con miedo o incertidumbre, se encuentre con espacios amables y seguros", ha señalado Bravo. "Estamos hablando de un servicio esencial, de un pilar básico de la democracia, y ya arrastramos demasiadas experiencias desagradables de edificios judiciales fallidos", ha añadido.
El arquitecto Javier del Monte también ha hecho hincapié en la necesidad de crear ambientes acogedores y cercanos. Así pues, el proyecto incluye elementos que favorecen este clima como una plaza o una zona ajardinada en la zona de acceso. Para del Monte, el edificio también debe contar con una accesibilidad cognitiva, es decir, que las personas que acudan a él sepan como orientarse: "que las personas sepan fácilmente como llegar a los sitios es muy importante para un edificio que alberga los juzgados".
Pese a este avance para la ciudad, la crisis sanitaria ha agravado los problemas de falta de espacio en los establecimientos judiciales por la necesidad de control de aforos. Por esa razón, desde la conselleria de Justicia están buscando espacios para habilitar una sala de vistas y el traslado de un juzgado como solución provisional mientras se construye el nuevo edificio. Lo mismo ocurre con el Juzgado de Instrucción número 5 de Sueca, que reúne casi todas las deficiencias y problemas estructurales imaginables en una sede judicial. En ese caso, desde el departamento que dirige Bravo se están visitando establecimientos para ampliar las infraestructuras. Por el momento, Alzira ve cada vez más cerca un Palacio de la Justicia reivindicado durante años.
