Joan Antoni Llinares, directo de la Agencia AntifraudeCierra las investigaciones sobre las contrataciones a empresas de una concejala porque la Fiscalía ya está actuando sobre ello
VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha resuelto que el Ayuntamiento de Cofrentes incurrió de manera irregular en un fraccionamiento de los contratos para la concesión de los servicios de gestión de las redes sociales relacionadas con la promoción turística del municipio. Así, la entidad que dirige Joan Antoni Llinares trasladará el caso a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia para que realice las investigaciones oportunas y determine si cabe algún tipo de sanción contra el consistorio.
Y es que, el ayuntamiento adjudicó entre los años 2017 y 2020 cuatro contratos menores para la gestión de estas redes sociales. Una figura que la Agencia Antifraude no considera ajustada a las verdaderas necesidades del consistorio: "Se ha realizado un fraccionamiento del contrato puesto que se han contratado servicios de carácter recurrente mediante un procedimiento que solo está previsto para contrataciones de carácter excepcional". Y recuerda que la cobertura de una necesidad de carácter periódico y previsible a través de contratos anuales supone, efectivamente, "un fraccionamiento que elude los principios de adjudicación".
Cabe recordar que los contratos menores son aquellos que no pasan de 15.000 euros -17.000 antes de la última modificación de la ley en 2018-. De este modo, y precisamente por su naturaleza reducida y puntual, no es necesario que salgan a concurso público.
Sin embargo, Antifraude considera que la gestión de las redes sociales para la promoción del turismo en Cofrentes no era un servicio puntual, ya que la administración local emitió hasta cuatro contratos consecutivos para la satisfacción de estas necesidades: "Todo ello permite concluir que se ha prescindido claramente del procedimiento adecuado para concertar el procedimiento en cuestión, acordándose un fraccionamiento indebido que ha tenido como resultado la elusión de los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación correspondientes". Y añade: "Por lo tanto, debió considerarse un solo expediente de contratación, no susceptible de ser tratado como contrato menor".
De este modo, la agencia defiende que se debería haber elaborado un plan a largo plazo para estudiar las necesidades del servicio y sacar a concurso un contrato por un valor más alto que verdaderamente cumpliera con los objetivos temporales de la concesión. Un contrato que, además, tendría que haber salido a concurso público por tratarse de una cantidad mayor. Por todo ello, la Agencia Antifraude considera que se han vulnerado los derechos de libre concurrencia para otras empresas.
Además, también señala como un hecho llamativo que tres de los cuatro contratos fueran adjudicados a la misma empresa, ABMR Team Holding Inversiones: uno de 16.800 euros en 2017, otro de 16.000 en 2018, y un último de 14.940 en 2020. Todos ellos IVA excluido. En el mismo sentido, también apunta que la empresa que se llevó finalmente el contrato en 2019 estuvo vinculada en algún momento a la anterior.
Por último, la entidad ha acusado graves deficiencias en la documentación administrativa del caso. Así, faltan algunos documentos importantes como el certificado sobre la existencia de crédito para la contratación de 2017 y 2018, o la falta de informes sobre la necesidad de la contratación en esos mismos años. Del mismo modo, tampoco se han aportado las ofertas que presentaron las empresas no adjudicatarias en 2020 ni se ha aclarado la existencia o ausencia de las mismas en 2019. Además, no constan los contratos correspondientes al año 2019 y 2020, mientras que los de 2017 y 2018 se firmaron con efectos retroactivos.
Con todo ello, y como conclusión, Antifraude insta al consistorio gobernado por Salvador Honrubia (Ciudadanos) a depurar todas las responsabilidades personales que correspondan. Del mismo modo, también le recomienda que elabore un plan de implementación para dar cobertura al servicio dentro del marco de la legalidad, con un plazo máximo de dos meses, y que luego deberá remitir a la agencia para su evaluación.
Otra de las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Antifraude sobre el ayuntamiento de Cofrentes tiene que ver con el encargo de las cestas de Navidad para los trabajadores entre los años 2016 y 2019. Unos contratos también menores que se aprobaron para el suministro de las cestas y que oscilan entre los 48.000 y 59.000 euros. A este respecto, la entidad ha considerado dos cosas: por un lado, que no queda suficientemente motivada la finalidad ni beneficio público de este encargo y, por el otro, que no se ajusta a la Ley General de Subvenciones y Reglamento.
Y es que, las cestas de Navidad son consideradas como subvención en especie para los receptores, puesto que no son un bien para el propio ayuntamiento sino para el beneficio de terceras personas. Además, nuevamente, Antifraude también ha detectado una serie de carencias en la documentación que debería acompañar a estos contratos. Por una parte, ninguno de los años en los que se aprobó se justificó la necesidad del contrato en el ámbito de las competencias del ayuntamiento de Cofrentes. Del mismo modo, tampoco se aportan datos sobre cómo se determinó el número de cestas que se debían encargar. Además, en el año 2017, el contrato contempla 450 unidades cuando finalmente se abonaron 485, sin que haya motivación alguna.
En el año 2018, no existen listados correspondiente al reparto ni tampoco los criterios que se siguieron para determinar el mismo. Además, ese mismo año se incluyó también un vale de 40 euros adicional a la fecha sin que se especificase cómo se iba a proceder a la entrega, cuál era el procedimiento administrativo o a cargo de qué aplicación presupuestaria estaba.
Uno de los aspectos más preocupantes para la agencia es que ningún año se especificó a un responsable de los contratos, y en los expedientes de 2018 y 2019 la misma persona hizo de secretario, interventor y secretario de las mesas de contratación junto con el alcalde. En esos mismos años, tampoco se especifica a las personas que formaron parte de las mesas, ni qué funciones tenían. Además, el contrato de 2017 ni siquiera tiene número asignado ni aparece en el portal de Transparencia.
Por todo ello, la entidad resuelve que a lo largo de esos años se contrataron más de 213.000 euros "sin que sean necesarios para el cumplimiento y realización de los fines institucionales del ayuntamiento". Por todo ello, recomienda realizar un plan de implementación con el objetivo de acreditar la necesidad de contratación de estos servicios, "aunque sin olvidar que deben obedecer a un beneficio público e institucional". Del mismo modo, también insta al consistorio a cumplir con la ley de subvenciones que ampara este tipo de regalos. Además, igual en el caso anterior, pide que se depuren todas las responsabilidades personales.
En el mismo informe, Antifraude también resuelve cerrar todas sus investigaciones sobre la adjudicación de contratos a dos empresas que son propiedad de una concejala, puesto que la Fiscalía ya está actuando sobre el caso. Según la denuncia inicial, el ayuntamiento tiene contratadas las funciones de Oficina Técnica y Dirección de obras menores a dos empresas de la edil, Bana y Topogis. Además, el texto también señala que estas empresas enviaban como arquitecto técnico al marido de la concejala sin que estuviera ni siquiera en plantilla.
Toda la documentación ha sido trasladada por parte de la Agencia Antifraude a la Fiscalía para que pueda realizar las investigaciones que considere oportunas.
