Vista del circuito urbano. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Cuando el expresidente Francisco Camps decía aquello de que la Fórmula 1 no costaría "ni un euro" a los valencianos se refería -en parte- a que la obra sería sufragada por las futuras plusvalías del PAI del Grao. El truco consistía en cargar una deuda de alrededor de 40 millones de euros de la construcción del trazado a los promotores privados a cambio de incrementar la edificabilidad en el lugar. Y así lo estableció para el futuro desarrollo del proyecto.
La crisis económica y la decisión de Alberto Fabra de aparcar el evento deportivo convirtieron este cobro en una utopía, máxime cuando Acinelav Inversiones 2006, la firma privada que poseía un tercio del suelo del PAI, entró en 2011 en concurso de acreedores. Pero la adjudicación de sus activos a un consorcio de empresas cuya cara visible es la valenciana Atitlan -tal y como revelaba este jueves Valencia Plaza- devuelve al Consell las esperanzas de cobrar.
"Los 40 millones hay que pagarlos", afirmaban este jueves fuentes de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, de la que depende la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) -la empresa pública a la que se le deben los 40 millones-. Según explicaban las mismas fuentes, "quien debe pagar la cantidad es el Ayuntamiento de València", y a su vez es el consistorio quien ha de repercutir este coste a los promotores.
El horizonte hasta ahora era negro. De hecho el propio concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Vicent Sarrià, reconocía el pasado mes de marzo la dificultad para cobrar esta cantidad cuando anunciaba los cambios que quiere introducir en el planeamiento del PAI. "Nuestro principal esfuerzo va dirigido a dejarlo todo listo para que pueda ser gestionado satisfactoriamente y con calidad para la ciudad", se resignaba.
Pero la entrada en escena de Atitlan, el grupo inversor de Roberto Centeno y Aritza Rodero, sitúa de pronto al otro lado de la negociación a una firma solvente de la que el Consell espera recuperar algo de lo invertido. El consistorio, que en la cuestión de la deuda actúa como mero intermediario, pone sobre el tejado del Gobierno autonómico la posibilidad de aplicar una quita a los promotores, entre los que además se encuentran Adif y múltiples propietarios particulares.
Todo hace pensar que este será el principal caballo de batalla de Atitlan tras haber desembolsado cerca de 30 millones por los terrenos junto a sus socios. A diferencia de otros de los aspirantes a los terrenos, el grupo inversor de Centeno -yerno de Juan Roig- es un reputado interlocutor para negociar esta cuestión con la administración.
Al margen de la deuda, el consorcio de Atitlan afronta otros escollos en el PAI, tales como la ausencia de proyecto de urbanización -que recientemente ha sido encargado por la empresa pública Aumsa- o la adecuación del planeamiento urbanístico para descartar de forma definitiva el trazado del circuito urbano y eliminar los canales que preveía el proyecto inicial.
