VALÈNCIA. Siete años después, el gobierno municipal liderado por Joan Ribó aprobó este jueves en el pleno del Ayuntamiento de València el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC). Un nuevo plan urbanístico para el barrio que, además de enmendar el proyecto de la ex alcaldesa Rita Barberá de arriba abajo, protege su patrimonio, contempla restricciones al despliegue de apartamentos turísticos, ofrece soluciones habitacionales a los residentes de los Bloques Portuarios e incorpora, entre otras muchas cosas, una edificación terciaria de una torre de 15 plantas en Eugenia Viñes.
El edificio en cuestión se ubicaría en la frontera del barrio con La Marina, según recoge el proyecto. Un emplazamiento por el que los servicios municipales prevén que podrían ingresar 12 millones de euros a las arcas públicas con la venta de la parcela, propiedad del Ayuntamiento, y que servirían entre otras cosas para pagar algunas de las inversiones que prevé el Plan, como zonas verdes o dotaciones.
La cifra, eso sí, es una estimación que recoge la memoria económica del PEC (necesaria para acreditar que el proyecto es viable), por lo que esta podría variar al alza o a la baja en función del momento en el que se realice la venta de la parcela. "Cuando se venda se hará una tasación y se pagará el valor que tenga en ese momento", explican fuentes de Urbanismo a este diario.
La posibilidad de instalar un edificio de 15 alturas generó no pocas críticas desde gran parte de las entidades vecinales al considerar que tendría un efecto considerable en la fotografía del barrio, marcado por edificaciones de baja altura, y también porque potencia la turistificación. En su día se contempló que este fuera un hotel, y de hecho la inscripción que recogen los planos en la memoria justificativa del Plan contempla la parcela como terciario hotelero. Sin embargo, desde Urbanismo insisten en que podría acabar materializándose en una torre de oficinas de una empresa como las de La Marina.
La idea de instalar un edificio de esta altura no solo despertó quejas vecinales. También la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, puso pegas a su implantación porque su volumen contravendría la normativa de Costas, que obliga a que los volúmenes se distribuyan "de modo homogéneo atendiendo al entorno", por lo que instaba a plantear el hotel en "una disposición y altura" armónicas y "sin romper la perspectiva litoral".
Objeciones que Urbanismo rechazó y sobre las que no hubo acuerdo. En la contestación a las alegaciones, incluso, el equipo redactor del PEC cargó duramente contra Costas y le acusó de "una invasión competencial inadmisible" en las funciones que son atribuidas al Ayuntamiento. En el consistorio defendían que el edificio de la discordia se encontraba en un extremo del barrio y en la zona más alejada del núcleo residencial.
Más allá de que el edificio termine proyectándose como un hotel o no, huelga recordar que PSPV y Compromís también han incluido en el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar limitaciones a la implantación de viviendas de uso turístico en el barrio para "garantizar la dispersión de estos alojamientos" para reducir "la probabilidad de conflicto o de terciarización de zonas concretas", en palabras de la concejal del ramo y vicealcaldesa de València, Sandra Gómez.
Todas las áreas tendrán una limitación del 10% por manzana a este tipo de actividad. Restricción que se suma a la que ya existe para toda la ciudad en las normas urbanísticas del Plan General, según las cuales -simplificando- las viviendas de uso turístico solo se pueden situar en la primera planta o en su defecto en planta baja.
La medida busca proteger a los vecinos de la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad y será una de las regulaciones más severas de toda España. Tanto que la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas (Avaec) ya advirtió que recurriría en contencioso-administrativo el planeamiento urbanístico por resultar las medidas contempladas "desproporcionadas" y ser "contrarias a la libre competencia".
El proyecto diseñado por el Gobierno del Rialto tiene un horizonte de ejecución de 15 años y aumentará en 64.000 metros cuadrados las zonas verdes del barrio, lo que supone un incremento del 47%. También contempla reservas de suelo para aparcamientos en altura con una capacidad aproximada para 900 plazas; define nuevos suelos residenciales; prevé hasta 1.150 viviendas de las cuales 700 serán de promoción pública preferiblemente para alquiler asequible; y recoge un registro de 1.600 bienes protegidos del barrio.
