Benavent pide la nulidad de las grabaciones que dieron inicio al 'caso Taula' hace siete años

VALÈNCIA. Las especulaciones sobre lo que iba a suponer el cambio de abogado de Marcos Benavent se han confirmado finalmente. El hasta ahora principal confidente de la justicia en el caso Taula que dirige el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción ha dado un vuelco a su estrategia judicial y ha comenzado a presentar peticiones de nulidad. Concretamente, la de las grabaciones que dieron inicio a la investigaciones en 2014, hace ahora siete años, y la de la entrada y registro en el despacho del anterior letrado del autobautizado como 'yonki del dinero', Ramiro Blasco, donde se halló importante documentación.

Así consta en varios escritos de defensa de su nuevo letrado, Juan Carlos Navarro, en las piezas separadas B, D y F de la macrocausa –que hasta el momento cuenta con once–. De un lado, la B y la F son las relativas a los llamados 'zombies' de Imelsa y Ciegsa, las empresas públicas dependientes de la Diputación de Valencia y de la Generalitat respectivamente. En ellas se concluyó que hubo empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto. De otro, la pieza D se ha centrado en el supuesto amaño del contrato de dos millones de euros del servicio de atención telefónica ('call center') de la Diputación, que fue a parar a Servimun, una empresa relacionada con el exsuegro de Benavent, Mariano López.

En todas ellas está personado el exgerente de Imelsa, aunque se da la circunstancia de que la instrucción ya se encuentra finalizada y con apertura de juicio oral para los acusados. De manera que las peticiones serían directamente remitidas por parte del juzgado a la Audiencia Provincial para que las resolviera. 

Ruptura de la cadena de custodia de los pen drive

En los escritos, además de cuestiones procesales, la defensa de Benavent alega una ruptura de la cadena de custodia de los dos pen drive que contenían los famosos audios y que figuran en la causa. Uno, del exsuegro del exgerente de Imelsa. Y otro, el que este último le proporcionó a su vez a la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera Rosa Pérez. La dirigente los llevó a la Fiscalía en 2014 y desencadenaron la primera parte de la investigación de Taula. 

En ellos constaban diez horas de grabaciones que había realizado el propio 'yonki del dinero' a cargos del PP durante su etapa en la Diputación. Entre ellos, a los posteriormente considerados como cabecillas de la trama: el expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete, Emilio Llopis, o el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla. Comisiones a cambio de adjudicaciones públicas a empresas, cantidades de billetes que se contaban, reparto de dinero y financiación irregular del partido aparecían en ellas. 

Benavent validó esos audios primero ante la Guardia Civil y a luego ante el juez. Reconoció que los había grabado y que él mismo aparecía, identificó al resto de protagonistas de conversaciones telefónicas o reuniones privadas y relató los hechos que ahí se mostraban: un mecanismo para la obtención de dinero en B. Ahora, sin embargo, ha decidido pedir la nulidad con un sorprendente argumento que apunta a una manipulación de los audios. 

Por otra parte, se encuentra la entrada y registro del despacho del que hasta hace pocas semanas era su abogado. En él se encontró importante documentación que sirvió para apuntalar las primeras indagaciones de Taula, aunque también fue el lugar de origen de las pesquisas de otro caso, Erial, que afecta al exministro Eduardo Zaplana. De acuerdo con el sumario, la Guardia Civil encontró una serie de papeles en ese registro que correspondían a otras operaciones totalmente diferentes y que eran indiciariamente delictivas. Los agentes tomaron entonces declaración al exgerente de Imelsa, quien explicó, de acuerdo con el informe que elaboraron, que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio colaborador del CNI.

Los 'papeles del sirio' 

El susodicho acabó contando a los agentes que dio unos papeles a Benavent que encontró diez años atrás (es decir, sobre 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler y que anteriormente fue ocupada por Zaplana. En ellos se dibujaba una perfecta hoja de ruta sobre un presunto entramado liderado por el también expresidente de la Generalitat consistente en supuestas mordidas desde el Gobierno autonómico realizadas a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). 

Esta historia siempre ha tratado de ser desmontada por la propia defensa del exministro, que incluso trató de que Benavent declarara ante el juzgado para que lo explicara y, recientemente, también ha solicitado que lo haga el comisario jubilado José Manuel Villarejo después de afirmar en el Congreso que el PSOE buscaba destruir a Zaplana y se sirvió para ello de un confidente del CNI sirio. 

Todas las peticiones de Benavent habrán de ser ahora resueltas y a ellas se unirá la declaración que este miércoles tiene previsto prestar ante el juzgado de Taula y que, seguramente, servirá para apuntalar todos estos asuntos. 

Aunque lo que diga genera gran expectación –responderá sólo a preguntas de su abogado–, la investigación de la macrocausa se ha ido ido sustentando en más pruebas y testimonios recogidos en multitud de informes de la Guardia Civil además de todo lo que él aportó. El temor a las consecuencias, por tanto, es limitado entre los investigadores, que creen que en absoluto resulta tan sencillo que ni Taula ni Erial caigan. Sin embargo, ronda cierta inquietud de que se puedan ver debilitadas y de la incomodidad que provoca ahora este cambio de estrategia. 

El juzgado le pidió un domicilio "o se acordará su detención"

De hecho, el tono colaborativo entre el juzgado y Benavent que durante estos años se ha mantenido parece que ha virado al de la advertencia. En una providencia de la semana pasada, el juez le pidió por primera vez que facilitara un domicilio en el plazo de 24 horas "con apercibimiento de que en el caso de no hacerlo se acordará su detención". En la respuesta facilitó el domicilio de un familiar a efectos de notificación, pero la intención del magistrado es que esté permanentemente localizable.