La caducidad de la ATE de Mestalla deja en el aire la multa de 2,3 millones al Valencia CF

VALÈNCIA. El pleno del Consell daba luz verde este viernes al expediente que dará inicio a la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla. Una aprobación que fue posible gracias al acuerdo in extremis entre las Consellerias de Territorio y Economía, tras una larga noche de negociaciones, y que deja en el aire la multa de 2,3 millones de euros al Valencia CF por el incumplimiento de la primera fase de la actuación urbanística.

El inicio del trámite supondrá el final de ATE, aunque, de acuerdo con el pacto entre ambas consellerias, si en el plazo de 90 días el club que preside Anil Murthy presenta una propuesta "creíble y garantizada financieramente" para finalizar el estadio, se le mantendrá el planeamiento que contempla el desarrollo. Es decir, que el club que preside Anil Murthy no perdería la edificabilidad extra que le otorgaba esta figura urbanística. En caso contrario, perdería una recalificación de suelo terciario que le costaría entre 15 y 20 millones de euros.

De esta forma, la caducidad de la actuación es un hecho, pero ahora la entidad valencianista puede conservar el planeamiento urbanístico siempre y cuando presente un plan creíble para seguir con las obras que satisfaga a la Administración valenciana y acabe el gran esqueleto del Nou Mestalla, cuyas obras llevan paradas más de diez años.

La decisión de la Generalitat Valenciana para resolver de forma anticipada la ATE se ha basado en el informe de la Abogacía de la Generalitat que instaba al gobierno valenciano a actuar, después de que el Valencia CF no haya cumplido ni la mitad de compromisos que adquirió en 2015 cuando firmó el acuerdo con la Generalitat Valenciana, dirigida entonces por el PP. Ante este bloqueo manifiesto, Territorio remitió a Economía una propuesta de sanción de 2,3 millones de euros por no cumplir con la Fase 1 de la actuación que debía estar concluida en 2018.

Esta primera fase de la ATE incluía tres aspectos: la demolición del edificio con dependencias municipales en la Avenida de Aragón; la urbanización del entorno; y la construcción de un hotel, propiedad de Expo Grupo. De esto sólo falta el complejo hotelero. Y, por tanto, la Conselleria dirigida por Arcadi España entendía que el Valencia no había ejecutado lo pactado en 2015 y decidía sancionar al club como permite la normativa. No obstante, con la caducidad de la actuación en marcha el Valencia podría salvarse de la multa millonaria.

Según fuentes consultadas por este diario, el club se libraría de esta sanción dado que la finalización de la actuación sería la pena máxima a los sistemáticos incumplimientos de la entidad para con sus obligaciones con el desarrollo de las obras del estadio y, por tanto, ya no se ejecutaría el cobro de la sanción de 2,3 millones de euros.  

Precisamente, han sido la no ejecución de las obras, los retrasos, el silencio del Valencia y la falta de compromisos lo que ha llevado a la Administración a acudir a esta vía. Especialmente, después de que este verano la Abogacía de la Generalitat Valenciana emitiera el informe que reseñaba la "obligación jurídica de resolver anticipadamente" la actuación por parte de la Administración habida cuenta de los incumplimientos del club che para cumplir los plazos.

Esta resolución anticipada, explicaba Abogacía, se podía llevar a cabo mediante dos fórmulas. Por un lado, ofrecía la opción a la Generalitat Valenciana de sustituir al promotor de la actuación, en este caso el Valencia CF. Y por otro, posibilitaba la declaración de caducidad de la ATE. Una vía, esta última, que es la que ha tomado Territorio, dado que la sustitución del promotor resultaba "inviable".

El interrogante sobre la multa

Como se ha dicho, la Conselleria de Territorio inició el procedimiento para imponer una penalidad al Valencia por incumplir el único compromiso que queda de ese apartado: la construcción del hotel de Expo Grupo. Pero la responsabilidad sobre el complejo hotelero no estaba clara, lo cual posiblemente hubiera dificultado que la sanción llegara a buen puerto de no haberse empezado a caducar la ATE. 

Y es que, aunque la Generalitat Valenciana ha asegurado hasta ahora que la no construcción del hotel es responsabilidad exclusiva del club, tanto el VCF como el Ayuntamiento de València sostienen que este retraso no es imputable al Valencia sino a la mercantil promotora del hotel: Expo Grupo. La Conselleria de Territorio considera que "sí es un compromiso del promotor -el VCF-" y que "en tanto esta edificación no se lleve a cabo y se obtenga, además, la licencia de apertura, la primera fase estará incumplida" por parte del club.

Pero ciertamente, el Ayuntamiento de València contradice esta misma tesis, al señalar la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, en otro de sus informes que "no puede considerarse como un incumplimiento de las obligaciones" del Valencia "dado que la obligación de edificar no incumbe al promotor de la ATE sino a la propiedad de la parcela -Expo Grupo-". El Valencia se acogió a este clavo ardiendo y sostuvo ante la Generalitat que el único responsable del incumplimiento es la empresa hotelera y que, por tanto, "desde este club se entiende que la fase 1 de la ATE debe darse por ejecutada".

Sin embargo, la Conselleria de Economía fue tajante al rechazar este argumento porque, respondió el departamento de Climent, en el convenio suscrito entre el Valencia, la Generalitat y el Ayuntamiento en 2015, el club asumía "como propio el compromiso de ejecución de las actuaciones contempladas [...] sin que figure ninguna salvedad, ni tampoco mención alguna sobre posibles responsabilidades de Expo Grupo". Y en ese sentido, Economía insistía en que el Valencia sólo se acogió a esta excusa cuando el Ayuntamiento de València lo puso negro sobre blanco.

Por ello, la administración subrayaba que la no existencia del hotel debe achacarse exclusivamente al club che. En ese sentido, si la Generalitat no cambia de interpretación, la multa de 2,3 millones de euros planteada por la Conselleria de Territorio debía salir adelante. Sin embargo, el hecho de haber iniciado el proceso para caducar toda la actuación y ser esta decisión la máxima penalidad que se le puede imponer al club, la sanción por incumplir un plazo parcial quedaría sin efecto, según varias fuentes conocedoras del procedimiento.

El compromiso "no puede ser un papelito"

Este viernes en el pleno del Consell, la portavoz y vicepresidenta Mónica Oltra, insistía en que el principal objetivo del Consell es acabar con el "esqueleto" de Nou Mestalla "lo antes posible", por lo que subrayó que los avales que presente el club han de ser "tangibles, suficientes, serios y trazables" para mantener las ventajas de edificabilidad en el solar del actual Mestalla.

"No pueden ser un papelito", apuntó Oltra, quien señaló que el gobierno valenciano espera que el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC facilite al Valencia el dinero para acabar el estadio porque solo en ese caso el Consell podrá mantener las condiciones urbanísticas ya planeadas.

De hecho, esa es, a priori, la voluntad manifestada por la entidad valencianista. Según expresó Murthy en una misiva a Economía su compromiso es acabar el nuevo estadio con los millones que recibirá del acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC, en caso de que finalmente este salga adelante. Diciembre era el mes señalado por el presidente del club para informar a Economía de sus planes, un plazo que se ajusta a los 90 días que ahora la administración valenciana le ha concedido para que más allá de las declaraciones y las buenas intenciones, la promesa sea una realidad con garantías reales.