Máximo Caturla, durante una comparecencia en Les Corts Valencianes. Foto: INMA CABALLER/CORTS VALÈNCIA. El exsecretario autonómico de Educación con el PP Máximo Caturla irá a juicio por un supuesto delito de alzamiento de bienes. El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Taula, ha dictado auto de procedimiento abreviado, aquel que pone fin a la fase de investigación, equiparable al procesamiento y que supone el paso previo a la apertura de juicio oral.
Esta parte de la macrocausa corresponde a la pieza I, abierta en 2020. Se inició a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluía que el también responsable de la empresa pública Ciegsa entre 2004 y 2007 usó una mercantil de propiedad familiar para ocultar patrimonio al saber que estaba siendo investigado en lo que ni siquiera se conocía entonces como el caso Taula (ya que las indagaciones eran muy incipientes). El objetivo habría sido el de afrontar de manera más favorable un posible procedimiento judicial, alejando la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra sus bienes.
Los agentes describieron en una exhaustiva cronología cómo entre 2014 y 2015 –un periodo muy corto de tiempo– Caturla concentró patrimonio en la empresa "Estilo Kikí", dedicada a la elaboración de tomate frito artesano, en perjuicio del suyo personal. A su vez, donó todas las participaciones que ostentaba en esa sociedad a favor de sus hijos. Sin embargo, sostenía la Guardia Civil, "mantuvo su participación en el funcionamiento y cobró beneficios de la empresa, si bien se deshizo de la propiedad formal de la misma".
En el auto de procedimiento abreviado, el juez explica que el exsecretario autonómico de Educación tuvo conocimiento de que podría verse afectado por la investigación sobre hechos concernientes a la etapa de 2003 a 2007, cuando ocupaba este cargo público. "Con la finalidad de evitar, aminorar o dificultar el embargo y apremio de sus bienes, llevó a cabo una serie de operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario". Lo derivó, de acuerdo con el magistrado, hacia la empresa familiar, de la que hasta entonces era socio mayoritario, "reduciendo su participación en la misma, en favor de sus hijos".
Todas las operaciones investigadas, expone el auto, parecían obedecer "a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas o disposiciones". Una conversión en dinero cuyo destino, en su mayor parte, se integró finalmente en la sociedad familiar. Y el cual generó activos "al tiempo que Máximo Caturla se fue desprendiendo lucrativamente en favor de sus hijos de su participación social en la empresa.
Las citadas operaciones fueron las siguientes:
En primer lugar, la adquisición en octubre de 2014 por parte del exsecretario autonómico de una nave industrial identificada propiedad de Estilo Kikí. Para lograrlo solicitó un préstamo hipotecario de 193.000 euros, importe superior al precio de compraventa (160.000 euros). Con el precio transferido, se canceló por la sociedad un préstamo hipotecario anterior que gravaba la nave y siguió ocupándola, satisfaciendo por su uso a Caturla una renta mensual inferior a la cuota hipotecaria.
En segundo lugar, un préstamo hipotecario en noviembre de 2014 sobre la denominada Finca La Corona, un inmueble propiedad de Caturla y libre de cargas, por importe de 300.000 euros que se ingresaron en una cuenta bancaria titularidad del mismo. De esa cantidad, 148.000 euros los donó a sus tres hijos con la finalidad de suscribir con ello una ampliación de capital de Estilo Kikí. Otros 96.000 euros los pasó a la mercantil mediante transferencias en diciembre de 2014 y en abril y mayo de 2015.
En tercer lugar, menciona el juez la venta el 1 de junio de 2015 de una vivienda en Denia de su propiedad por 307.700 euros. Con ese importe canceló la hipoteca que cargaba dicho inmueble y 100.000 euros los transfirió a la empresa. El día anterior, Caturla había cambiado de línea telefónica, hace hincapié el magistrado.
En cuarto lugar, el auto expone la venta de una nave industrial ese mismo mes, cuya mitad le pertenecía a Caturla -y la otra a su hermano-. Antes de proceder a ello se segregó en dos fincas independientes, las cuales fueron compradas por 140.000 y 100.000 euros. Con ese importe, y tras llevar a cabo la cancelación de la hipoteca y otros pagos, el exsecretario autonómico ingresó 73.888,75 euros, de los cuales 45.000 los transfirió a una cuenta de la mercantil.
Mientras todo esto ocurría, se produjeron los cambios en la empresa. Con anterioridad a estas operaciones, Caturla era titular del 85% de las participaciones de Estilo Kikí y su hermano del 15% restante. Pero donó a cada uno de sus tres hijos un 10% de las participaciones y a su esposa el 1%, de modo que su participación en el capital societario pasó a ser del 54% en diciembre de 2014. Y se reservó tan solo el usufructo vitalicio del 24% de participaciones.
Al margen de lo anterior, el magistrado remarca con el conjunto de las operaciones se han transferido desde el patrimonio personal del acusado a la sociedad familiar 559.000 euros en metálico, al margen de la donación de participaciones.
A ello se añaden otras ventas relevantes en la investigación. El auto destaca que, al margen de otros vehículos titulados por Estilo Kikí, a fecha de 30 de julio de 2014 Caturla era titular en Tráfico de 18 vehículos. Entre mayo y noviembre de 2015 vendió 6 de los 18 por un precio declarado a efecto de impuestos de 17.096 euros. Uno de ellos de alta gama (un Jaguar), vendido, según contrato, por 10.900 euros.
El juez recuerda el contexto de entonces. Caturla cesó en su cargo de consejero delegado de Ciegsa en julio de 2007, aunque en 2014 seguía vinculado al PP de la provincia de Valencia y, como consejero, a las entidades públicas Imelsa y Egevasa (ambas dependientes de la Diputación). La Fiscalía comenzó su investigación del caso Taula en julio de 2014 y las diligencias previas del juzgado se incoaron el 1 de abril de 2015.
En noviembre de 2014 se publicaron artículos en la prensa sobre que Anticorrupción indagaba en hechos concernientes a contratos públicos en el ámbito de la Diputación Valencia que implican a Alfonso Rus y Emilio Llopis. El propio exgerente de Imelsa y hasta hace poco principal colaborador de la Fiscalía Marcos Benavent declaró en sede judicial que Rus y Llopis le comentaron en diciembre de 2014 que, según algunas filtraciones, estaban siendo investigados.
Caturla argumentó ante el juez que la despatrimonialización respondía a su intención de "salvar" la empresa
Caturla fue detenido en enero de 2016. En el registro practicado en su domicilio se encontraron una serie de notas manuscritas indicativas de cómo y qué tenía que declarar caso de ser citado. El 28 del mismo mes se decretó el embargo de bienes y derechos suficientes para cubrir la suma de 2 millones de euros, en la que se fijaba su posible responsabilidad civil que pudiera exigirse en la causa. El embargo de bienes como fianza de dicha responsabilidad se hizo efectivo sobre la finca La Corona, tasada en más de dos millones.
En las declaraciones ante el juez, Caturla relató que todas las operaciones cuestionadas se realizaron en el contexto de una nueva gestión y gerencia de la mercantil. El exsecretario autonómico argumentó que la despatrimonialización respondía a su intención de "salvar" la empresa porque era la única alternativa a la quiebra. Detalló que no le concedían créditos, razón por la cual tomó la decisión de transferir dinero a la mercantil procedente de la venta de bienes. Unas cantidades que, aseguró, destinó a pagar deudas. Sobre por qué donó todas las participaciones a sus hijos, dijo que debido a que confiaba en ellos.
El juez, sin embargo, considera que estas explicaciones no permiten excluir los indicios delictivos, por lo que decide abrir la fase de preparación de juicio oral. Si bien únicamente para Caturla, aunque sus hijos figurarían como responsables civiles.
