IV Edición de las Jornadas Comarcales sobre Energía y Cambio ClimáticoVALÈNCIA. El contexto actual, repleto de conflictos bélicos que remarcaban la necesidad de soberanía energética, ha acelerado la necesidad de independencia de fuentes externas y ha provocado que las energías renovables se presenten como la solución óptima. Como resultado, los consistorios de muchos municipios rurales acumulan en sus despachos numerosas solicitudes de implantación de instalaciones solares. Es por ello, que la Diputación de València ha impulsado la IV Edición de las Jornadas Comarcales sobre Energía y Cambio Climático con el fin de poner en valor el papel de los municipios y fomentar su eficiencia energética.
Representantes de la comunidad autónomica y municipal participaron ayer, miércoles 6 de marzo, en la formación organizada por la Diputación de València —desde el departamento de Medioambiente y Sostenibilidad— en colaboración con la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de València (ASELEC), la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Instituto Tecnológico de la Energia (ITE). Abrió la jornada Juanjo Catalán, asesor estratégico de Aselec, quien junto a Ramón Vellido, jefe de servicio de Medio Ambiente de la Diputación de València, resumieron las conclusiones de las anteriores jornadas que abordaron temas de relevancia comarcal como las bombas de calor o el mercado de certificados de ahorro energético (CAE’s) o las Comunidades Energéticas Locales (CEL).
En un contexto donde la Comunidad Valenciana se ha convertido en el epicentro de discusión sobre los beneficios y prejuicios de la instalación de plantas solares, los municipios se enfrentan a un escenario complejo y controvertido. En 125 años, la potencia instalada en toda la comunidad ha sido de 8.300 MW, incluyendo en la cifra energía eólica y fotovoltaica, tal y como José Miguel Cortés López, subdirector general de Energía y Minas, ha explicado durante la jornada.
No obstante, los datos evidencian la efervescencia de la implantación de instalaciones energéticas y la búsqueda del ahorro energético, ya que a 31 de diciembre de 2024 las solicitudes contabilizadas durante el año sumaban 654 plantas solares, sin incluir las más de 20 que se han solicitado en el mes y medio que llevamos de 2024. Todo ello supone un total de 7.124 MW de potencia, casi el total de lo instalado en 125 años.
Sin embargo, no todas las solicitudes obtuvieron el visto bueno por parte de las entidades correspondientes. De hecho, el ratio entre plantas fotovoltaicas solicitadas y autorizadas se encuentra entre un 10-15%, con 93 desfavorables, 101 autorizadas y 360 pendientes —además de otras desistidas o en situaciones particulares—. Con objetivos ambiciosos, Cortés concluía: “El mejor KW/hora es el que no se consume”.
Renovalia presenta en Villar un proyecto solar que contará con 19 macroplantas de 50MW
Según la legislación, las plantas de menos de 50 MW dependen de la administración municipal y evitan la evaluación por parte del Ministerio de Transición Ecológica —a excepción de aquellas que abarcan dos provincias distintas, las cuales también dependerían de entidades supramunicipales. Es por ello por lo que muchos municipios sospechan que los proyectos impulsados en sus términos han llevado a cabo la técnica del troceo, es decir, la fragmentación de una macroplanta en múltiples de tamaño reducido, para así evitar la evaluación medioambiental del ministerio.
Llíra y Alzira son dos de los municipios afectados por esta situación. El primero de los términos municipales, una población de 230 km2, son 17 las plantas proyectadas, seis de ellas con una “potencia asumible”, según Consuelo Morató, concejala de Medio Ambiente, Agricultura, Medio Rural, Legalidad Urbanística y Vivienda. Sin embargo, la potencia de cuatro de ellas roza el límite con 49,9 MW. Todas ellas están proyectadas en la zona norte, un terreno despoblado de suelo protegido que linda con la comarca de Los Serranos y con la provincia de Castellón. Asimismo, una planta solar amenaza con implantarse en 4 kilómetros de la zona de la Concordia, uno de los pulmones verdes del territorio que se presenta como una puerta al Parque Natural de la Serra Calderona. En adición, aclaró que su implantación, de aprobarse, no solo afectaría al medioambiente sino también a la fauna. La concejala recalcó durante su intervención la necesidad de “pisar el terreno”. “El valor económico de esas tierras es nulo, ya que su valor reside en lo medioambiental”, explica la edil de Llíria.
El alcalde de Alzira, Alfonso Domínguez, comparte la idea de la concejala de Llíria de que los beneficios y los recursos de las plantas fotovoltaicas proyectadas en ambos municipios del mundo rural irán destinados a zonas costeras superpobladas. En su caso, la planta solar Los Arroyos es una de las 4 plantas que se proyectan en el municipio. El alcalde recalca la importancia de señalar donde van a ir destinados los recursos ya que los generados por las plantas sobrepasan las necesidades de Alzira. “Hay que hacer acciones contra el cambio climático, pero hemos empezado la casa al revés”. asegura el primer edil.
La legislación en torno al ámbito energético es compleja y depende de la variabilidad de situaciones. Es inevitable que las dudas surjan al notificar una posible instalación en un municipio, por lo que Pedro Linares, experto en legislación, y María Escamilla, secretaria interventora del Ayuntamiento de Gabarda, han tratado durante sus intervenciones de solventar esas cuestiones.
La utilidad pública es una de las cuestiones que más han preocupado. ¿Es de titularidad pública una instalación de un particular que puede obtener beneficio de ella? Ante la pregunta, los expertos han respondido de manera afirmativa. La instalación sí sería de derecho público pero ello no supondría un impedimento a la hora de cambiar de titularidad, por lo que es lícito beneficiarse económicamente si el bien expropiado se mantiene con el fin por el que se expropió. Es decir, la utilidad pública reside en la instalación, no en la titularidad.
Durante la jornada, también se ha abordado la futura modificación legislativa que promete agilizar los proyectos de renovables a través de una modificación del Decreto Ley 14.
Desde 2018, la Diputación de València organiza estas jornadas técnicas de ámbito comarcal dirigidas principalmente a los cargos electos y técnicos municipales que, cada vez más, tienen que dar respuesta a importantes retos relacionados con el Cambio Climático, el ahorro y la transición energética, desde la acción local.
Este año la Diputación presenta unas jornadas especialmente importantes, que abordan temas como la aerotermia, geotermia y microturbinado en redes de agua, así como las fuentes de energía renovable al alcance de los municipios, el papel de las empresas de Servicios Energéticos y el interés económico de los Certificados de Ahorro Energético. La IV edición se ha desarrollado en Montixelvo, Foios, Catarroja y Benaguasil, los últimos municipios que han acogido las ponencias.
En definitiva, estas jornadas pretenden ser un instrumento para colaborar con los ayuntamientos en el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, así como para facilitarles el avance hacia la autonomía energética, el ahorro económico y la sostenibilidad.
