VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha acabado dando la razón a los vecinos del Colegio Alemán al detectar irregularidades en las obras del nuevo edificio llevadas a cabo por el centro y ha ordenado el cese de las actividades en estas instalaciones. La resolución emitida por el servicio de Licencias Urbanísticas ha dejado sin efecto la declaración responsable para la ocupación del espacio y, en consecuencia, ha declarado "la imposibilidad de continuar con el ejercicio del uso" hasta que no se legalice la situación.
El motivo es que los técnicos municipales han detectado que las obras ejecutadas por el colegio no se correspondían con la licencia que habían solicitado. Ya el pasado 20 de febrero una inspección detectó deficiencias en las actuaciones llevadas a cabo, como en la ejecución del nuevo aulario, la pasarela de conexión ubicada entre edificios, y en la instalación de cocinas industriales, torres de refrigeración, unidades de ventilación y grupos electrógenos que no estaban contemplados en la licencia.
El centro trató de subsanar las deficiencias pero otro informe posterior, de mediados de mayo, volvió a resolver desfavorablemente, exigiendo al Colegio Alemán la necesidad de aportar un proyecto modificado para que se adecúe a la obra ya realizada. Para ello le otorga desde principios de junio un plazo de dos meses, en los que podrá corregir estas irregularidades. Mientras tanto, el centro no podrá hacer uso del nuevo edificio.
Como había publicado este diario, las obras de estas nuevas instalaciones habían soliviantado a parte del vecindario de dos comunidades próximas, que incluso han llevado el caso a la Fiscalía. En dicha denuncia, se explicitaban lo que los demandantes consideran un ejercicio consistorial para favorecer los intereses del colegio. Por ejemplo, en cuanto a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o en el otorgamiento de la licencia de obra.
Para la ampliación, el Colegio Alemán celebró un concurso arquitectónico en 2015, resultando ganador el despacho Orts-Trullenque. La parcela del Colegio, subrayan los vecinos, estaba desde 1988 en el catálogo de bienes protegidos del planeamiento, con nivel de protección 2. Por ello consideran que la solicitud de licencia de obra "no debería ni haberse considerado" por el Ayuntamiento hasta que no se hubiese cambiado el planeamiento vigente, lo que evidencia que el promotor entendía el cambio de planeamiento un mero trámite, a juicio de los vecinos.
Así, sin denegar la licencia, se procedió a la modificación puntual del Plan General (PGOU), con el concurso arquitectónico resuelto -"y por tanto, con la volumetría y situación concreta de todas las instalaciones claramente determinado"-, recuerda el escrito. La intención de esta modificación, según los expedientes, era "aclarar y justificar cuáles son los elementos y espacios que se deben considerar protegidos" para poder hacer la ampliación con el nuevo edificio, movimiento cuyo fin era la "desprotección" de la mitad de la parcela, a ojos de los denunciantes.
Por otra parte, se refiere la denuncia a la licencia de obra posterior a la modificación del plan, que da inicio al procedimiento. "La licencia se solicita en un momento en el que la legislación vigente (el PGOU) no permitía su concesión", denuncia el vecindario, por lo que debería haberse denegado. Sin embargo, tampoco se cumplió la norma, insisten, puesto que la petición debería haber decaído a los tres meses como máximo, algo que no sólo no ocurrió, sino que se le otorgó este permiso "más de un año después de su solicitud y mientras llevaba a cabo la modificación del planeamiento de forma paralela".
Además de ello, en la denuncia se recogen también las "anomalías" que el Ayuntamiento ha constatado más tarde. Deficiencias que según fuentes consistoriales los promotores deberán corregir en las próximas semanas, para más tarde recibir otra visita de inspección para constatar que el nuevo proyecto se adapta a la obra ya realizada. Hasta entonces, deberá permanecer sin actividad el nuevo edificio.