El edificio antes de su venta para ser convertido en un hotel. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El grupo Comatel sigue intentando conseguir la licencia de intervención para consumar las obras de reforma de la antigua sede del PSPV y consumar su cambio al uso hotelero. La firma inició los trámites de solicitud del permiso en 2017, pero en 2018 sin haberlo obtenido todavía dio comienzo a las actuaciones presentando una declaración responsable. El Ayuntamiento de València, y concretamente la concejalía de Actividades, acabó paralizando las obras porque se requería de la mencionada licencia para lo que se estaba haciendo, como adelantó Valencia Plaza.
En este enclave, el grupo se hizo con la otrora sede de los socialistas para transformarlo en el MyR Hotel Blanquerias, cuya compra ascendió a 5,8 millones de euros, aunque con la rehabilitación del inmueble la inversión rondará en total los 9,8 millones. El hotel planteado es de cuatro estrellas y tiene restaurante integrado. Pretende ser el establecimiento más grande de la cadena con 49 habitaciones de categoría 'cuatro estrellas superior'.
Durante estos más de tres años, el proyecto presentado por los promotores ha requerido de diferentes subsanaciones y documentación complementaria pero hasta el momento no se le ha concedido el permiso de intervención. El pasado mes de enero de 2020, y después de que los técnicos de la concejalía de Actividades que dirige Lucía Beamud suspendieran las obras amparadas en la declaración responsable, la mercantil presentó un proyecto modificado.
Sin embargo, a mediados del pasado año, tras haber irrumpido la pandemia de coronavirus, los técnicos municipales volvieron a emitir un informe con deficiencias sobre el proyecto anterior y no sobre el modificado, según alega la mercantil en un escrito remitido al consistorio en septiembre, en el que aporta información precisa sobre los dos mencionados aspectos y recuerda que es sobre el último proyecto "sobre el que procede informar por los técnicos municipales"
Esta nueva documentación pasará próximamente por la comisión municipal de Patrimonio al objeto de obtener el visto bueno de la administración municipal para continuar su tramitación. La pasada semana el servicio de Actividades elevaba esta cuestión al orden del día de dicho organismo, aunque se encontraba entre los últimos apartados, que en algunos casos acaban postergándose a semanas posteriores. Recibir la venia por parte del Ayuntamiento supondría un paso más en la tramitación administrativa para acabar reactivando las obras y poder abrir el hotel.
Preguntadas fuentes de la concejalía de Actividades, hasta el momento el proyecto estaba pendiente de que se corrigieran las mencionadas deficiencias y a la espera de que los técnicos municipales emitieran sus correspondientes informes. Con todo, respecto al paso por la comisión de Patrimonio, dichas fuentes aclararon que los promotores no podrán retomar las obras, al menos próximamente, "pues el informe de la Sección Urbanística es desfavorable".
Las obras se paralizaron a finales de 2019 después de que los técnicos del mencionado departamento advirtieran de que las modificaciones previstas en el edificio en su momento no podían ampararse en una declaración responsable "tratándose de edificio con protección, en entorno BIC y en zona de vigilancia arquitectónica", el sector cercano a las Torres de Serranos, por lo que requeriría una licencia de intervención.
Así pues, en el informe técnico se consideraba que las actuaciones contempladas en el proyecto no quedaban "enmarcadas entre las que establece" la Ley de Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat (LOTUP). O en otras palabras: las obras realizadas hasta el momento se habían hecho con una declaración responsable cuya tramitación no debería haberse producido porque "no procede", concluía el informe técnico.
Con la declaración, la empresa también presentó un informe previo del proyecto confeccionado por un organismo de certificación administrativa (OCA), un instrumento que permite aliviar de carga de trabajo a los funcionarios del consistorio avalando el proyecto antes de que llegue a las oficinas municipales. Ahora bien, pese a estar contemplada en la normativa esta vía, en aquella fecha todavía no se encontraba en vigor "el desarrollo reglamentario" y, por ende, no era admisible esa documentación.
Por otro lado, el informe reflejaba que algunas partes de las obras que se estaban acometiendo no estaban reflejadas en la memoria ni en el presupuesto del proyecto, pero sí que estaban recogidas en los planos. Actuaciones que comportaban afección "sobre los elementos estructurales, suprimiendo los preexistentes y confeccionando otros nuevos", explicaba el técnico redactor, por lo que "inciden en la lectura compositiva del edificio" y, por tanto, requerían de la aprobación de la Comisión de Patrimonio municipal.
