Hoy es 5 de septiembre
VALÈNCIA. La gestión del área de Personal suele ser una de las tareas más sensibles de una administración y cualquier modificación, especialmente tras un cambio de gobierno, acostumbra a ponerse bajo lupa. Es el caso de la renovación emprendida este año por el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, que tras acceder al ejecutivo provincial ya sustituyó al coordinador del Recursos Humanos, José Luis Aragón, de la anterior etapa del gobierno de PSPV y Compromís. Y que este año ha hecho lo propio con otro puesto importante.
Así, el gobierno de la Diputación de València ha cambiado al que hasta esta primavera ocupaba la jefatura de servicio de Personal, Juan Manuel del Olmo, por un funcionario que procede de la Generalitat Valenciana, Javier Bolinches, quien ha ocupado puestos relevantes tanto en la Conselleria de Educación que dirigía el exconseller Vicent Marzà como en la Conselleria de Justicia. Un relevo que no ha sido todo lo tranquilo que esperaba el nuevo ejecutivo provincial de PP-Ens Uneix: el Comité Antifraude de la Diputación investiga una denuncia presentada contra el nuevo jefe de Personal por posible incompatibilidad.
Se trata de una denuncia anónima presentada a principios de junio tras el anuncio del relevo por parte del diputado de Administración General, Ricardo Gabaldón. El autor o autora del escrito alertaba de que el nuevo funcionario de la casa "durante años se ha dedicado y se dedica a la preparación de oposiciones" en una academia. Por ello, se advertía de que Bolinches, al ser jefe de Personal, "se encargaría de elaborar los temarios, convocar las oposiciones, nombrar los tribunales e incluso formar parte de estos", como ha ocurrido "en los últimos años".
Cabe resaltar que según la normativa, "no podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria". Y en ese sentido, el escrito alegaba que "alguien que prepara oposiciones no puede ser el máximo responsable del servicio de personal ya que debería estar absteniéndose continuamente, y de no hacerlo, ser objeto de denuncias e impugnaciones constantes que pondrían en riesgo los procesos".
Una advertencia que se suma a las críticas por que el gobierno provincial haya recurrido "una vez más a funcionarios de la Generalitat para cubrir jefaturas de servicio, más tratándose de una de las áreas más importantes y sensibles de la Diputación". "En la Diputación contamos con gente más que cualificada para asumir esa responsabilidad", concluía el escrito al respecto.
Tras analizar la denuncia, los responsables de Gestión del Sistema de Información de la corporación provincial confirmaron la "existencia de indicios razonables de verosimilitud de los hechos". Los funcionarios ven "veraz la información sobre la existencia de un centro de preparación de oposiciones para el acceso a la función pública con el que la persona afectada por la información", el nuevo jefe de Personal, "tiene en apariencia un vínculo familiar".
Concretamente, constatan que "el primer y el segundo apellido de su cónyuge coinciden con los de" la persona que figura como denominación social de la mencionada academia de oposiciones. Unas indagaciones que no arrojan otras vinculaciones con la compañía, pero sus resultados son suficientemente "verosímiles por cuando que existe una academia de oposiciones con la denominación indicada y de la que parece ser titular una familiar de la persona afectada por la información". Y en ese sentido, se recuerda que la Ley Valenciana de Función Pública considera como infracción disciplinaria de carácter grave el incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades.
Con este material, el Comité Antifraude abrió el expediente de investigación y fuentes del gobierno provincial explican que el Comité Antifraude mantiene abierto el expediente y que próximamente se citará a declarar al denunciado, Javier Bolinches. En ese sentido, aseguran que es previsible el archivo de las actuaciones tras haber solicitado a la persona denunciante más información y datos y no haber respuesta por el momento.