VALÈNCIA. La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana ha sancionado a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza al observar un pacto de precios por parte de estas firmas para ganar varios lotes de un concurso de corresponsalías de À Punt. La primera de ellas está administrada por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y las dos siguientes por la familia Adell Bover, socios empresariales del primero.
La investigación se inició después de que la propia radiotelevisión valenciana advirtiera el posible acuerdo en las ofertas -presentaban propuestas idénticas al alza y en cada contrato pujaba una a la baja- para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso. La cadena remitió los hechos a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que a su vez lo trasladó al órgano autonómico. El expediente se inició en octubre de 2019 ante posibles incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se resolvió a finales del pasado noviembre con sanción, según confirman fuentes del sector audiovisual.
La cuantía de la multa es significativa para alguna de las empresas pese a que los contratos no llegaron a firmarse -À Punt detectó la operación en mitad del proceso-. Pero la forma de actuar es considerada grave y la resolución apunta a la existencia del llamado cártel de productoras. "La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de las autoridades españolas de defensa de la competencia, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados", comunicó la Competencia al iniciar el expediente.
Podrán alegar en la vía contenciosa
Las firmas ya han sido notificadas sobre el resultado de la investigación y cuentan con diez días para abrirla y con otros diez para solicitar la protección de datos, de modo que el documento podría no ser público hasta finales de diciembre. Pasado ese tiempo, y dado que la sanción no es firme, podrán presentar alegaciones por la vía contenciosa.
Preguntados acerca de este asunto, desde el entorno de Francis Puig aseguran que desconocen la resolución.
Al margen del pronunciamiento de Competencia, queda pendiente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la denuncia de la diputada del PP Eva Ortiz por vulneración de derechos fundamentales al no dejarle acceder al expediente. La Conselleria de Economía se negó a facilitárselo ante posibles consecuencias administrativas o judiciales, de modo que la parlamentaria recurrió una vez más a los tribunales (que ya le han dado la razón en casi 40 resoluciones de este tipo).
Este miércoles, a preguntas de Valencia Plaza, el departamento que dirige Climent rehusó comunicar el resultado de la investigación.
Imagen de Francis Puig. Foto: Comunicacions dels Ports
