Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las acciones alrededor de la creación de la Empresa Pública de Salud (EPS) para albergar servicios revertidos a la sanidad pública ha generado discrepancias en los partidos que componen el Gobierno del Botànic. ¿El principal motivo? Que la redacción del proyecto de decreto-ley para su creación y puesta en marcha deje abierta la puerta a la asunción de la gestión de las concesiones sanitarias.
Compromís y Podemos han puesto el ojo en la reversión del departamento de Torrevieja ante los pasos poco claros de la conselleria liderada por el PSPV. Precisamente, porque el contrato de gestión con la compañía Ribera finaliza el próximo mes de octubre y, desde el área liderada por Ana Barceló, no han dado a conocer cuál será la fórmula elegida para acometer la vuelta a la gestión del hospital y centros de salud por parte de la administración valenciana.
Los problemas de regímenes jurídicos a nivel laboral de los trabajadores de La Ribera suman muchos puntos para que, finalmente, sea la EPS quien asuma el control. Sin embargo, desde Compromís quieren frenar una posibilidad que, por las reacciones de los socios de Gobierno del PSPV, no parece haber sido consensuada a pesar de ser la sanidad directa y las reversiones de concesiones sanitarias uno de los ejes centrales del Botànic.
Para ello, la Secretaría Autonómica de Vicepresidencia, dependiente de la vicepresidenta Mónica Oltra, ha presentado alegaciones para intentar frenar, al menos, que los departamentos sanitarios que regresen a la sanidad pública lo hagan dependientes de la EPS. Para ello, han solicitado que ésta se circunscriba únicamente a sus dos cometidos de origen: gestionar el servicio de resonancias magnéticas y la farmacia sociosanitaria de las residencias públicas.
Tal y como ha podido conocer este medio de fuentes sanitarias, entre las alegaciones presentadas por Compromís -quien ostenta la dirección de esta vicepresidencia- ha solicitado la modificación del artículo 3 donde se determina el objeto y fines de la sociedad.
"El objeto de la EPS es la prestación y gestión directa de todos los servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana, así como por transferencia o por sucesión de empresas [...] ", señala el documento generado por el departamento de Ana Barceló.
Mientras, la propuesta de Compromís elimina cualquier marco general donde se pueda tomar la decisión de asumir la gestión de Torrevieja. "El objeto de la EPS es la prestación completa de los servicios de resonancias magnéticas y los de farmacia sociosanitaria pública que puedan incorporarse por reversión o por sucesión de empresas al ámbito de la Generalitat Valenciana", acota. De esta manera, se despejarían las dudas de la utilización de este contenedor público para asumir la gestión del conjunto de departamentos devueltos a lo público.
"Nos preocupa mucho la vía que se quiere tomar para la reversión del Hospital Torrevieja; el modelo que se pactó en el Botànic era el que se siguió en Alzira", señalaba el pasado mes de abril la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, acerca de la cuestión. También se pronunciaba el diputado de Compromís, Carles Esteve, aunque con un perfil más moderado. "De momento nadie nos ha comunicado oficialmente que la Conselleria quiera integrar el departamento de Torrevieja vía una empresa pública. La forma de revertir debería ser la misma que en Alzira", comentaba a Valencia Plaza.
A pesar de la postura contraria a la vía allanada por Sanidad, la pasada semana PSPV, Compromís y Podem rechazaban una moción del PP en Les Corts a la que reclamaba la paralización inmediata de la tramitación del proyecto del decreto ley de la EPS para asumir los servicios externalizados revertidos, a la que había incorporado una enmienda de Ciudadanos para exigir "una gestión única e integral" del servicio de Radiodiagnóstico que incluya las resonancias magnéticas.
El comité de empresa de Torrevieja también rechazaba la decisión tomada por Sanidad de crear esta empresa pública por el miedo a ser enmarcados en la misma. Una pretensión a la que, en el que caso de consumarse, le podrían seguir los departamentos de Dénia, Manises y el Elche-Vinalopó.
El grueso de esta decisión, tal y como se señalaba en el documento que dio inicio al proceso, se debe a la dualidad de regímenes jurídicos generados en la reversión del Hospital de Alzira, donde el personal estatutario y laboral mantienen diferentes condiciones de trabajo. "La coexistencia de ambas categorías supone una situación irregular e impropia para la administración sanitaria puesto que implica gestionar recursos humanos en régimen estatutario y simultáneamente recursos humanos en régimen laboral", señalaba el documento de 2019 que dio inicio al proceso.
También los radiológicos han puesto en marcha una intensa campaña para evitar que el servicio de resonancias magnéticas de una gran parte de los departamentos públicos sea gestionada la sociedad tras la finalización hace más de 2 años y medio del contrato de la UTE Erescanner Salud. Una crítica apoyada por 22 jefes de servicios de radiología que ha llevado a la Sociedad de Radiología de la Comunitat Valenciana a manifestarse con el Comité de Empresa de Torrevieja para evitar que la especialidad caiga en el pozo de la EPS.
Una reivindicación realizada al entender que la gestión única e integral de los servicios de radiología es imprescindible para que la atención y asistencia al paciente sea completa y de calidad. En este sentido, aluden a la dificultad para la formación, el desarrollo profesional y al aumento de ineficiencias y el gasto sanitario.
La estructura de este ente instrumental, en el caso de ponerse en marcha tal y como está concebido en la actualidad, tendrá un coste de tres millones en su primer ejercicio. Ésta estará compuesta por 32 personas, según consta en la memoria económica, entre gerencia y equipo de administración que se podría ampliar con los nuevos servicios que se incorporen.
De estos tres millones de gasto -según el documento firmado por la subsecretaria Mónica Almiñana-, el gasto en este personal estructural será de alrededor un millón de euros, mientras que los gastos generales como alquiler de locales, vehículos, dietas, publicidad o limpieza asciende a dos millones de euros. No obstante, con la prestación de estos dos servicios, el presupuesto de la misma para el primer ejercicio ascenderá a 25,8 millones.
Por el momento, tal y como consta en dicho documento, a los 32 empleados estructurales de la sociedad pública se sumarán 107 heredados de la UTE Erescanner Salud, entre enfermeros, técnicos especialistas o auxiliar administrativo, entre otras categorías. En el caso de los servicios de farmacia sociosanitaria se asumirá el servicio que hasta ahora venía prestado por una empresa privada par elaborar las dosis unitarias de medicamentos para residencias. Un servicio por el que asumirá a 55 trabajadores, la mayoría farmacéuticos y técnicos de farmacia y que costará 2,7 millones.
