Compromís plantea un nuevo modelo de financiación y busca el apoyo de Ciudadanos

VALÈNCIA. Los caminos que recorren estas semanas PSPV y Compromís siguen sin cruzarse. Al menos cuando se aborda una cuestión que, a pesar de haber generado sinergias en un pasado no muy lejano o haber sido principal campo de batalla para los socios del Botànic II, ahora es más bien un debate incómodo: la reforma del modelo de financiación.

La coalición valencianista presentó el viernes pasado en Les Corts una Proposición de Ley para reformar el modelo de financiación e invitó a PSPV y Unides Podem a que la firmaran. El texto legal, en realidad ya lo había registrado Joan Baldoví en el Congreso, pero la intención de Compromís ahora es conseguir la rúbrica de sus socios de Gobierno aquí en la Comunitat para que la iniciativa salga del Parlamento valenciano. De conseguirlo, Baldoví retiraría la propuesta registrada en solitario en Madrid y se presentaría la conjunta.

Sus pretensiones, sin embargo, no llevan camino de cumplirse. Al menos, de momento. Pues aunque en las últimas horas la coalición ha intentado acercar posturas con los socialistas valencianos, sigue sin haber avances de ningún tipo. Uno habla (Compromís), pero el otro no quiere ni oír hablar (PSPV) con la cita electoral a la vuelta de la esquina de los pocos frutos recogidos en materia de financiación. Quizá por ello los valencianistas ya han comenzado a buscar un plan B para conseguir que la propuesta salga de Les Corts y, por tanto, a la Cámara Baja llegue un mandato del Parlamento valenciano. 

Así, diputados de Compromís ya han trasladado el texto legal a los partidos de la oposición, excepto a Vox, para tratar de sumar sus apoyos. El Partido Popular, según explican fuentes del grupo parlamentario, todavía no les ha dado una respuesta, pero Ciudadanos sí que estaría dispuesto a apoyarla. 

La reforma

La proposición de ley de Modificación de la Ley 22/2009 (por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía) presentada por Joan Baldoví en el Congreso supone una reforma en toda regla del sistema de financiación autonómica (SFA). El cambio más relevante, y seguramente más polémico, es el siguiente artículo: "Todas las referencias a la población ajustada se entenderán realizadas a la población de derecho".

Esta modificación beneficiaría sobre todo a la Comunitat Valenciana y a la Comunidad de Madrid, las que más población pierden, respectivamente, en términos porcentuales y absolutos con el cálculo de la población ajustada que se utiliza en el actual SFA. La población ajustada tiene en cuenta siete variables -entre ellas envejecimiento, población en edad escolar o insularidad- que modifican la población de derecho a la hora del reparto de fondos. En el único esbozo de nuevo SFA que se conoce, el Ministerio de Hacienda proponía incrementar la ponderación de algunas de estas variables con el resultado de que la Comunitat Valenciana aún perdería más población en el cálculo.

Además de este cambio, que parece inaceptable para el grupo de CCAA que, precisamente, pide más población ajustada, Compromís plantea la eliminación de los fondos de Suficiencia Global, de Competencia, de Competitividad y de Cooperación. Estos fondos fueron muy criticados por los expertos que asesoraron en la reforma porque suponen para el sistema una maraña de distorsiones del reparto creadas para beneficiar a unas o a otras autonomías en la que, sin que nadie sepa explicar cómo ni por qué, las comunidades valenciana y murciana acaban todos los años a la cola de la financiación a mucha distancia de la media. El Ministerio no ha desvelado sus intenciones, pero sí había prometido simplificar el SFA, de lo que se deduce que sería partidario de eliminar al menos alguno de estos fondos.

Otras novedades son incorporar al SFA 1.200 millones de euros para dependencia que se repartirían según la población dependiente de cada comunidad autónoma, y 19.854 millones a repartir en atención al peso relativo de la población de derecho de cada Comunidad Autónoma en 2022. Esta última cantidad coincide con la planteada por la mayoría de los expertos que participaron en el comité técnico, que pedían un incremento de la dotación total del sistema de entre 13.000 y 16.000 millones. El aumento estaría justificado por los cinco años transcurridos desde aquella propuesta. En lo que no coincide es en la forma de reparto, ya que los técnicos planteaban que fuera por población ajustada.

Además, Compromís plantea la creación de dos nuevos fondos: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, basado también en la población de derecho, y el Fondo de Compensación Transitoria, "que tendrá por finalidad que ninguna comunidad autónoma pierda financiación en términos homogéneos, según la liquidación definitiva correspondiente al año base" y que tendrá una duración de entre 5 y 10 años.

Por último, la propuesta se refiere a la deuda histórica derivada de la infrafinanciación con la siguiente disposición: "La Airef calculará los déficits de financiación que han soportado las Comunidades Autónomas y su impacto en la deuda autonómica desde la entrada en vigor del modelo de financiación autonómica del año 2001, para que se proceda a implantar los correspondientes mecanismos de compensación previstos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas". Y añade que esa compensación consistirá en asunción de deuda autonómica por parte del Estado y deberá acordarse en el plazo de seis meses desde que la Airef emita el informe.

Puig esquiva responder si apoyará la Proposición de Ley

Aunque las negociaciones continúan -este jueves los grupos parlamentarios del Botànic se reunían para debatir la propuesta-, el president de la Generalitat Ximo Puig ya dejó claro este jueves en la sesión de control que cualquier solución a este dilema, pasa por que el PP apoye la reforma del modelo de financiación. Acto seguido añadía que el líder de los populares, Alberto Nuñez Feijóo, se sitúa en una posición "radicalmente contraria" a los planteamientos de la Comunitat.

El argumentario, que ya expuso de forma idéntica este lunes el jefe del Consell en un desayuno informativo en Fórum Nueva Economía, vino a cuenta de la pregunta de Compromís. La síndica de la coalición, Papi Robles, le cuestionó si su grupo parlamentario, el PSPV, apoyará el texto legal. Y la respuesta no fue ni sí, ni no, pero estuvo más cerca del segundo.