VALÈNCIA (EFE). Responsables de 15 comunidades autónomas han firmado un manifiesto en el que solicitan al Gobierno una serie de medidas "con carácter urgente", incluyendo la modificación de la Ley de Suelo para reforzar la seguridad jurídica en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla apoyan el documento firmado durante el Encuentro Autonómico Xacobeo 21-22 en Santiago de Compostela, que denuncia las "reiteradas declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial y urbanístico en sede judicial a causa de vicios formales".
El documento denuncia la "inseguridad jurídica" generada por sentencias como la de la Sala III del Tribunal Supremo que estimó el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción-CODA por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en contra de la imposibilidad material parcial de demoler el complejo turístico Isla de Valdecañas, construido en terrenos que forman parte de la Red Natura 2000.
El auto estimaba la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones actualmente en funcionamiento pero la decisión del Tribunal Supremo obliga a la demolición de todas las instalaciones.
Los firmantes del manifiesto creen que esta interpretación judicial afectará a "la toma de decisiones de otras comunidades autónomas" aunque la inclusión en la Red Natura 2000 "no determina una ordenación urbanística única para cualquiera de los terrenos en ella integrados", sino que impone la conservación de los hábitats y especies protegidas.
La existencia de zonas LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), ZEC (Zonas Especiales de Conservación) o ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) tan extensas como para abarcar términos municipales completos implica que "la aplicación automática del régimen general del suelo rústico de especial protección, sin matices, limitaría de forma grave las posibilidades de desarrollo y progreso socieconómico de esos municipios".
Por ello defiende una flexibilización de la norma que haga compatibles "algunos usos del suelo por su contribución al desarrollo rural".
El manifiesto insiste en que la normativa territorial y urbanística "se está volviendo insegura y frágil" debido, entre otras razones, a trámites "poco integrados" como el plan de evaluación ambiental estratégica "donde en ocasiones se producen contradicciones como consecuencia de la preponderancia de lo sectorial sobre la visión integrada" del planeamiento.
La situación "podría resolverse con sencillos procedimientos" para evitar que "la omisión de algún requisito procedimental fácilmente subsanable ponga fin a años de esfuerzo colectivo" con un "inaceptable derroche de recursos públicos" y un "fuerte desincentivo a las administraciones locales".
Los firmantes reclaman un urbanismo responsable y sostenible pero que sea también "social, económica y medioambientalmente equilibrado" para resolver la situación de "incertidumbre e inseguridad jurídica" y la "insana conflictividad que la actividad urbanística genera".
Ello implica la reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en la línea de otros países europeos como Francia, Italia o Alemania que "han abandonado la concepción maximalista de la declaración de nulidad del planeamiento y ya es excepcional que un plan territorial o urbanístico sea anulado".
Hoy en Mérida el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado que el manifiesto esté firmado por comunidades "de diferente signo político" y ha insistido en que lo que se busca es poder compatibilizar las figuras de protección ambiental con determinados usos del desarrollo económico.
En la actualidad, la Junta quiere revisar con los partidos extremeños las zonas de protección ambiental incluidas en Red Natura, tras sentencias como la de Valdecañas o la del proyecto de mina de litio en la sierra de Cáceres e incluso ha encargado una encuesta para conocer la opinión de los ciudadanos al respecto.
