Foto: GOBIERNO DE BALEARESVALÈNCIA (EP). El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, y el titular de Movilidad y Vivienda de las Islas Baleares, Josep Marí, han reivindicado este miércoles la aprobación de la nueva ley estatal de vivienda para contar con los instrumentos jurídicos que les permitan controlar el precio del alquiler en ambas comunidades autónomas.
Así lo han puesto de manifiesto durante la II Cimera Comunitat Valenciana - Illes Balears celebrada este miércoles en València, donde han participado en un panel bajo el título 'La vivienda pública ante la crisis hipotecaria'.
Marí ha expuesto que el conjunto de Baleares podría definirse como un territorio tensionado desde el punto de vista de la vivienda, ya que es una comunidad con una "limitación territorial evidente por ser islas", tiene una población "que crece también continuamente por muchísimas razones" y hay un uso turístico que también tiene su "presión" en la disponibilidad de vivienda. Mientras, ha lamentado que el parque público resulta "muy escaso" y "no hay viviendas libres". Asimismo, ha incidido en que en este caso particular se trata de un territorio en el que tampoco hay muchas viviendas libres de la Sareb.
El conseller balear ha remarcado la necesidad de contar con "un instrumento que permita controlar los precios de alquiler", y ha recordado que Cataluña intentó regularlo "apoyándose en parte de su derecho civil propio", pero ha lamentado que Baleares ni siquiera tiene esa posibilidad y que "la única forma de hacerlo es con una ley estatal". "Sería un gran elemento que siempre hemos reclamado", ha señalado.
Asimismo, ha pedido que se definan los parámetros de las zonas de "gran tensión" y ha considerado que en Baleares "sería toda la comunidad", al menos en las zonas residenciales.
Por su parte, Illueca se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la necesidad de controlar el precio del alquiler. "Cuando Cataluña intentó regular el precio, le dijeron que no era posible porque era competencia estatal", ha destacado, para criticar que ahora el Ejecutivo central, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, "dice que no es posible porque afecta a competencias autonómicas".
"Al final, lo que mucha gente podría pensar es que no se quiere regular porque hay grupos de presión que están actuando para que no se produzca", ha advertido el conseller valenciano, que considera una "necesidad imperiosa" que se habilite a las comunidades autónomas.
El titular de Vivienda ha asegurado que el Gobierno valenciano "intervendrá cuando tenga la habilitación, está preparado y dispuesto a intervenir", pero "obviamente" necesita "herramientas legales".
Además, ha reivindicado que las viviendas de la Sareb se transfieran a la administración, pues "supondría un salto adelante muy importante". Ha cifrado las viviendas vacías de la sociedad en 8.000 en la Comunitat Valenciana, no todas en buenas condiciones ni en zonas tensionadas, "pero se puede hacer un estudio". "Espero que exista la voluntad política para poder incorporarlo", ha manifestado.
Héctor Illueca ha advertido que "no solo estamos en una situación de emergencia habitacional sino que es probable que se agrave en el futuro", no solo en el alquiler sino también en la adquisición de viviendas. Se ha referido a un informe reciente del Banco de España que plantea que, teniendo en cuenta el incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en octubre, "el 20% de las familias hipotecadas en el conjunto del estado atravesarán la línea roja del endeudamiento, entrarán en riesgo de insolvencia y de desahucio". "Eso nos compromete a todas las administraciones públicas", ha defendido.
En este marco, los consellers han puesto en común las diferentes medidas llevadas a cabo por los Ejecutivos de ambas comunidades. Illueca ha explicado la necesidad de introducir cambios estructurales en el mercado inmobiliario y, paralelamente, intervenir con "medidas de efecto inmediato" ante las "necesidades perentorias".
Como medidas estructurales, ha destacado la ampliación del parque público de vivienda, "decisivo para intervenir sobre el precio de alquiler y adquisición". Como ejemplo, ha citado el decreto de tanteo y retracto, que ha permitido la compra de cerca de 1.200 viviendas, según el conseller. Asimismo, ha explicado que "se ha retomado" la promoción de vivienda de nueva construcción, tanto público como en régimen de colaboración público privada, y se ha referido al reciente concurso de solares para edificar más de 1.000 viviendas en suelo público que luego repercutirán al parque público.
Además, ha destacado otras medidas como las ayudas al alquiler, que han incrementado en un 80% en número de beneficiarios. También ha mencionado el decreto que se está tramitando para regular el régimen jurídico de los grandes tenedoras, que podría "aligerar tensiones" y también incidir en el "acoso inmobiliario" a las familias.
Desde Baleares, Marí ha comentado que el Ejecutivo autonómico ha tomado medidas a través de la legislación turística, limitando las viviendas turísticas en edificios plurifamilares. También ha citado la primera de vivienda de Baleares, aprobada en 2018 y que impone un registro de viviendas vacías de grandes tenedores.
Además, ha insistido en el esfuerzo por construir viviendas públicas, para destacar que en los ochos años de gobierno se ha incrementado en un 72 por ciento el parque para alquiler asequible, que no puede superar el 30% de los ingresos de sus inquilinos.
También se han referido al incremento en el presupuesto de las ayudas al alquiler, la oportunidad de los fondos europeos para impulsar proyectos de rehabilitación residencial y mejorar la eficiencia energética, medidas para jóvenes y la puesta en marcha del Programa de Garantía Hipotecaria en Baleares.
Illueca y Marí han coincidido en que la política de vivienda es un trabajo a largo plazo que "no puede hacerse de un día para otro", pero deben tomarse medidas para dar respuesta a las necesidades actuales y urgentes.
