Las condenas por delitos económicos ascendieron a 71 millones de euros en 2019 

VALÈNCIA. La memoria de la Fiscalía Provincial de València de 2019 contabiliza en casi 71 millones de euros el importe de las condenas por sentencias firmes por delitos económicos. En total, fueron 11,34 millones en concepto de responsabilidad civil y 59,62 millones en concepto de multas.

El documento, al cual ha tenido acceso Valencia Plaza, desgrana -entre otros- el trabajo realizado por la sección de Delitos Económicos que dirige Ricardo Olivares junto a un equipo de otros diez fiscales. En él se remarca que la elevada cantidad de las penas de multa se debe fundamentalmente a la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la mayoría de las condenas impuestas por delitos contra la Hacienda Pública y estafa en la sentencia de la Audiencia Provincial del caso Terra Mítica. 

Las condenas por el caso Terra Mítica superaron los 40 millones de euros

Éstas superaron los 40 millones de euros, logrando así culminar -destaca la Fiscalía- "uno de los procedimientos más antiguos y más complejos" (la instrucción se inició en 2005) a los que se ha enfrentado la sección de Delitos Económicos y del que se encargaron las fiscales Ángeles Martínez Marzal y Carmen García Cerdá. 

El Ministerio Público presentó 36 escritos de calificación en 2019, un aumento significativo respecto a años anteriores (28 en 2018, 26 en 2017 y 27 en 2016). Cuatro de ellos fueron con petición de absolución frente a la pretensión de condena formulada por la acusación particular o popular. 

En cuanto al importe del fraude, solicitaron en conclusiones provisionales 18,11 millones de euros en concepto de responsabilidades civiles, así como la imposición de multas por importe de 96,35 millones.

Como balance general, el año pasado hubo 90 procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública; 39 por delitos contra la Administración; 43 por fraude a la Seguridad Social; 4 por blanqueo; 5 por insolvencias; 10 por contrabando; y 2 por delitos societarios. 

De estos datos se desprende un repunte en los procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública respecto a 2017 (cuando hubo 67) y 2018 (cuando hubo 73). Explicable, indica la Fiscalía, porque, a diferencia de años anteriores, se incluyen también en el cómputo los delitos contables y de fraude de subvenciones. 

El aumento se extiende a los procedimientos por fraude a la Seguridad Social, debido, como ya se detalló en memorias anteriores, a los efectos de la Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

"Desgraciadamente", expone la Fiscalía, el descenso en el número de asuntos por delitos contra la Administración Pública "no puede afirmarse que haya sido consecuencia de una disminución del fenómeno delictivo". La razón se encuentra, fundamentalmente, "en el mayor rigor aplicado a la hora de asumir por la sección causas por estos tipos penales", concluyen.

Un juicio pendiente por una causa iniciada en 2002

El Ministerio Público dedica un apartado importante en la memoria a la lentitud en la tramitación de los asuntos, lo que provoca, destaca, que arrastre un número de procedimientos pendientes que lastra su capacidad para asumir nuevos.

"Desde la incoación de las diligencias de investigación en Fiscalía hasta la obtención de una sentencia firme que resuelva de manera definitiva el litigio pasan años y, en ocasiones, hasta décadas", remarca. Como ejemplo, cita que, en estos momentos, todavía están pendientes de celebración ocho juicios por causas que se iniciaron a comienzos de los 2000. Uno de ellos, el más antiguo, se inició en 2002, con anterioridad incluso a la creación de la sección de Delitos Económicos. 

En general, comenta, el retraso en la tramitación puede estar justificado en la complejidad intrínseca del asunto o en las dificultades materiales y jurídicas para la instrucción del caso. Sin embargo, en ocasiones, se debe a otro tipo de circunstancias externas, como la falta de medios, sobre todo personales, en los juzgados de Instrucción. 

En 2019 se consiguió finalizar con sentencia o resolución firme de archivo o sobreseimiento 55 procedimientos. El número de asuntos vivos al finalizar el año fue de 186, como en 2018.