VALÈNCIA (EFE). El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado en el pleno de Les Corts que va a pedir a la Abogacía de la Generalitat que recurra la caducidad de los procedimientos para recuperar los 170.000 euros cobrados en subvenciones por empresas de los Adell Bover, socios de Francis Puig (hermano del exjefe del Consell Ximo Puig) y que se inicie de nuevo el procedimiento de reintegro de los mismos.
En respuesta a una pregunta del síndic de Vox, José María Llanos, sobre qué medidas va a tomar para recuperar los 170.000 euros que el Gobierno del Botànic no reclamó a los Adell Bover por subvenciones a su empresa, Mazón ha dicho que va a dar dos órdenes a la Abogacía de la Generalitat.
En primer lugar va pedir que recurra la caducidad de los procedimientos judiciales para que recuperen los valencianos los 170.000 euros que "el exconseller Vicent Marzà perdonó a Puig" y en segundo lugar que se inicie de nuevo el procedimiento de reintegro para exigirle que devuelvan el dinero "a todos los valencianos de una vez por todas".
El president ha indicado que hace pocas semanas se inició ya el expediente para realizar las auditorías que "van controlar el malgasto e irregularidades del Botànic durante los 8 años".
Se basarán en informes de expertos independientes que "dicen que hubo 2.000 personas contratadas sin autorización, o investigarán si se adjudicó a dedo y sin expediente 786 millones de euros". Además, ha agregado, "el pasado 12 de mayo el Tribunal de Cuentas notificó la apertura de diligencias preliminares a raíz de informes de fiscalización de las cuentas del 2022 de la Generalitat".
Unos informes que "investigan presuntas irregularidades en la ejecución de contratos para la prestación de servicios de asistencia sanitaria".
En este sentido ha pedido a los miembros del Gobierno del Botànic que "dejen de tejer cortinas de humo". Ahora, ha dicho, "empezamos a entender por qué había tanta gente en listas de espera para operarse: porque estaban hasta arriba de irregularidades".
También se investigan, ha agregado, "irregularidades en el proceso de reintegro de subvenciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas". Es decir, "daban subvenciones y no se preocupaban de si se devolvían cuando no se cumplían los requisitos".
Además, "nos hemos quedado pasmados al ver cómo utilizaban los recursos públicos para beneficiar a los familiares de Ximo Puig". El colmo, ha agregado, "ha sido leer en los papeles que la razón por la que no reclamaban el reintegro de las subvenciones irregulares era por falta de personal" cuando era un Gobierno, ha dicho, "más caro de la historia con más asesores y más enchufados y colocados".
Ha hablado de la sentencia que "pone de manifiesto que por tres o cuatro días, el conjunto de Comunitat Valenciana hemos perdido 170.000 euros que han ido al bolsillo de los amigos del hermano del expresident Puig".
La Unidad de Delitos Económicos, ha indicado el president, dice que se justificaban subvenciones en la Comunitat "con vídeos de Aragón y Cataluña en castellano". "La verdad, Jaume I estaría orgulloso de ver cómo todavía la Corona de Aragón tiene su arraigo en los hermanos de Ximo Puig".
Para Mazón, debe tenerse en cuenta que las empresas contra las que se dirigía el reintegro de subvenciones no solo incumplieron los requisitos para obtenerlas sino que además "fueron ya sancionadas por la comisión de defensa de la competencia en la Comunitat Valenciana en 2020, con una multa de 26.000 euros por una infracción muy grave, pero no había personal para perseguirlo".
En su pregunta, Llanos (Vox) ha asegurado que esos 170.000 euros no se reclamaron a Puig y "los valencianos están cansados de tanta trama de corrupción entre amigos, familiares y conocidos del Botànic" y algo que "era responsabilidad directa de Marzà que no llevó al Fiscal las ayudas a los socios del hermano del señor Puig".
"Si hay ilícitos penales o no lo decidirá la justicia", pero "los socios de Puig no tendrán que devolver a la Generalitat más de 170.000 euros en subvenciones para el fomento del valenciano". Un "error" en el gobierno de Puig fue "puerta abierta para escaparse del pago", según ha agregado el representante de Vox.