Les Corts preparan despidos masivos de personal con sospechas de fraude de ley

VALÈNCIA. Los despidos que este lunes realizó el grupo parlamentario Compromís pueden ser la punta del iceberg. La Mesa de Les Corts aprobó en diciembre del año pasado un acuerdo que entró en vigor el pasado 1 de enero por el que se prevé el despido de todos los trabajadores de cada formación con representación en el Parlamento cuando finalice la actual legislatura. Un convenio que cuenta con serias dudas de legalidad. 

El texto en cuestión, firmado por todos los partidos -excepto Vox, que no tiene representación en la Mesa-, regula la duración máxima que pueden tener los contratos laborales que suscriban los grupos parlamentarios con su personal. Recoge también la posibilidad de generar un fondo a partir de la subvención que perciben los partidos para hacer frente a las indemnizaciones que de la extinción de los mismos se deriven. 

He ahí el dilema: para definir las contrataciones que puede realizar cada formación, el acuerdo establece que los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen". Y añade: "Los cuales se darán de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran. 

Cuando finalice la legislatura, según este acuerdo, los contratos laborales que suscriban los grupos también "se extinguirán" y los trabajadores deberán percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que deberá extraerse de una "provisión" que cada grupo deberá hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado. 

El acuerdo en cuestión fue ideado en una comisión de Gobierno Interior, la única comisión opaca que celebra la Cámara. No hay convocatoria a los medios de comunicación, los debates no son públicos y los acuerdos que se adoptan en ella se conocen gracias a filtraciones interesadas de algunas de las partes. Ningún partido sabe aclarar si existen actas de estos encuentros y tampoco hay predisposición por parte de ninguno para cambiar la forma en la que se celebran.

Pero más allá de la opacidad que envuelve toda esta negociación y la posterior solicitud a los servicios económicos del Parlamento para conocer la viabilidad presupuestaria que existía para aprobarlo, es necesario resaltar el porqué los partidos decidieron crear esta nueva regulación. La motivación principal: los sucesivos informes de la Sindicatura de Comptes en los que el órgano pone en tela de juicio cómo se gastan los grupos parlamentarios las subvenciones que perciben de la Cámara. 

Las críticas de la Sindicatura de Comptes 

El órgano que dirige Vicent Cucarella lleva cuestionando desde hace años -prácticamente desde su nombramiento- que los gastos en los que incurren los grupos correspondan realmente a la actividad que realizan. Asimismo, ha incidido especialmente en que no están lo suficientemente justificados. Y también ha dudado, por ejemplo, de que destinen el dinero para contratar personal para eso mismo y no para otros fines. 

La lista de pegas, salvedades, quejas y tirones de orejas por la falta de transparencia es infinita. Una fiscalización que ha incomodado especialmente al presidente de Les Corts, Enric Morera, año tras año, ya que como máximo representante de la Cámara es quien debe firmar las cuentas anuales para de alguna manera 'dar fe' de que todo es correcto. 

La segunda razón por la que fuentes de la Cámara sostienen que se firmó este acuerdo es, precisamente, a raíz del escrito del exdiputado de Ciudadanos Vicente Fernández. El ahora no adscrito advirtió a la Mesa que desconocía si su grupo estaba reservando un remanente de la subvención que recibía para contratar personal con la finalidad de hacer frente al pago de los despidos que pudieran producirse en caso de que se adelantaran las elecciones autonómicas. El diputado no quería responder con su patrimonio y, por ende, abandonó su partido. 

La tercera y última razón afecta a Unides Podem. Su actual síndica, Pilar Lima, despidió al inicio de la legislatura a sus dos intérpretes de lengua de signos y reclamó que fuera la Cámara la que abonara sus indemnizaciones y no su grupo parlamentario. La cuestión generó fricción entre la diputada y la presidencia de Les Corts, pero con el escrito actual queda ya cristalino quién debe hacerse cargo de este tipo de situaciones. 

Estos tres factores, por tanto, propiciaron la redacción de este nuevo acuerdo hace seis meses. Sin embargo, su aplicación genera un aluvión de dudas legales e, incluso, Les Corts podrían incurrir en un fraude de ley con su entrada en vigor. No en vano, con este escrito no queda resuelta la continuidad de los trabajadores que algunos grupos sí quieren mantener y he ahí uno de los problemas principales. 

Con el escrito en la mano, los partidos actuarían de la siguiente manera: convocadas las elecciones, las formaciones despedirían a todo su personal laboral (cámaras, periodistas, técnicos, asesores...) y le abonarían la correspondiente indemnización. Una vez celebrados los nuevos comicios, cada grupo contaría con un NIF nuevo con el que contratarían de nuevo al personal. Algo que la legislación laboral no permite porque podría entenderse, según confirman abogados especializados en esta rama del derecho, como una sucesión de empresas.

Posibles problemas en los tribunales

Pero el berenjenal es aún más gordo: si los partidos abonan una indemnización a los trabajadores y más tarde vuelven a contratarlos -con otro NIF-, se entendería que estarían incurriendo en un fraude de ley, dado que las indemnizaciones están exentas del pago de IRPF a la Seguridad Social y, después de esto, la misma empresa no puede volver a contratar al empleado al que ha indemnizado puesto que podría tratarse de una gratificación encubierta. Y aunque los grupos generasen un NIF nuevo cada cuatro años, lo que es indudable es que el PP o el PSPV, por ejemplo, seguirán siendo la misma empresa legislatura tras legislatura. 

La maraña es inmanejable y podría derivar en demandas de los trabajadores despedidos en los tribunales cuyo resultado es incierto. De hecho, no hay constancia de que exista siquiera informe de los letrados de Les Corts al respecto que lo respalde. Es más, el propio Partido Popular reclamó a la Mesa hace meses un informe de legalidad para cotejar que todo lo que establece ese acuerdo -publicado en el Boletín Oficial de la Comunitat Valenciana (BOCV) y que ya se encuentra en vigor- es conforme a ley. De momento, silencio. 

Con todo, el escenario que dibuja este acuerdo podría no suponer ningún tipo de dilema en el caso de formaciones cuyas expectativas electorales son bajas o, incluso, su continuidad en la Cámara está en entredicho. Esto es porque si Podem o Ciudadanos no superan la barrera electoral del 5% en las próximas elecciones autonómicas, no ocurriría nada por haber abonado a sus trabajadores una indemnización al finalizar el mandato actual, puesto que no deberían volver a constituirse como grupos parlamentarios al inicio de la XI legislatura. 

Sin embargo, el redactado actual del acuerdo sí que supone un problema para los partidos consolidados como el PP, el PSPV y Compromís y los trabajadores que tienen a su cargo, dado que a partir de mayo de 2023 volverán a constituirse como grupos parlamentarios con NIF nuevo y, además, existe predisposición por parte de todos de mantener el equipo con el que cuentan actualmente. Si no fuera al completo, al menos sí a parte de los que lo componen. 

Así, fuentes de Les Corts reconocen que no existe solución de continuidad para estos trabajadores que actualmente desempeñan sus funciones como técnicos o asesores en los partidos y en la legislatura siguiente está previsto que repitan. 

Una de las soluciones que ha estado durante bastante tiempo encima de la mesa es que el personal de los grupos pase a ser eventual, como ocurre en el Congreso, de manera que los partidos se encarguen directamente de las contrataciones. Sin embargo, es un melón abierto que nunca se ha acabado de cerrar.