VALÈNCIA. (EP) La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, decidirá junto a otros dos magistrados si imputa a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por el caso del encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.
Así consta en la diligencia en la que se ha designado el tribunal para dirimir sobre la admisión a trámite de la causa de penal y que estará compuesto por De la Oliva y los magistrados Antonio Ferrer, que será el ponente, y Vicente Torres -este último ocupó el cargo de fiscal Anticorrupción de Valencia-.
Previamente a pronunciarse, el tribunal pedirá a las partes -Fiscalía, defensas y resto de acusaciones- que presenten sus alegaciones. Tras ello, decidirá si admite a trámite el procedimiento. En caso afirmativo, se producirá la imputación formal de Oltra.
Este paso se ha producido después de que el juzgado que investigaba este caso pidiera al TSJCV la imputación de Oltra al ver indicios delictivos. Se remitió a este órgano judicial ante la condición de aforada de la consellera.
En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.
Tras la condena, la menor -que acudió esposada al juicio contra el educador- denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.
El juez, tras escuchar la declaraciones de estos seis investigados, decidió imputar a otras cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.
Tras varios informes y citaciones, el magistrado instructor ha estimado que existen indicios "racionales, serios y fundados" de la participación de Oltra en los hechos investigados y considera que no resulta posible progresar en la investigación sin que la consellera sea oída como investigada.
A su juicio, "nos hallamos ante un expediente administrativo o una 'información reservada' indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado".