Ximo Puig y Mónica Oltra. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Pocas probabilidades tienen de salir adelante el decreto que desarrolla la conocida como Ley de lobbies y el de creación de la Empresa Pública de Salud que había preparado la Conselleria de Sanidad que dirige Ana Barceló para gestionar de forma directa los servicios sanitarios externalizados si las fichas en el tablero de la negociación no se mueven.
Ninguna de las tres patas que componen el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- ha dado un paso en las últimas horas para tratar de llegar a un entente sobre el redactado de estas dos normativas que a día de hoy se encuentran bloqueadas. Sin embargo ambas cuestiones vuelven a estar, como cada jueves, en el orden del día de la reunión del consellet, cita previa al pleno del Consell en la que se ordenan los temas que se debatirán y aprobarán al día siguiente.
En el caso del decreto de lobbies, que regula las relaciones entre la administración y las empresas públicas con los denominados grupos de interés, ya es la octava ocasión en la que este se debatirá, pero las posibilidades de que en esta ocasión el texto obtenga luz verde son las mismas que en las ocasiones anteriores. Algunas partes del articulado no agradan a Presidencia de la Generalitat, que a pesar de no haber presentado alegaciones durante la fase de participación, sí ha planteado ahora cambios de calado a la Conselleria de Participación y Transparencia.
Entre ellos, suprimir la garantía del "anonimato de las personas que formulan las alertas y, en todo caso, su confidencialidad" que remiten posibles casos de incumplimientos de la ley a través del canal telemático que se constituyera. Transparencia, por contra, se niega a retirarla del articulado porque ya existe normativa europea que avala el anonimato del denunciante: la Directiva 2019/1937 de protección del denunciante.
Pero la cuestión que más preocupa a la Conselleria de Pérez Garijo es que Presidencia quiera fijar las mismas exigencias para los funcionarios que para los cargos públicos, de manera que ambos estén obligados a informar sobre las reuniones que mantengan con los grupos de presión y por tanto tengan las mismas responsabilidades. Una equiparación que Transparencia entiende que no se puede acometer porque una modificación de este calado requeriría una reforma de la recién aprobada Ley de Función Pública. Además, argumentan que el texto actual ya pasó el filtro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y aceptarlo supondría volver a iniciar la tramitación del decreto por la transcendencia que tendría.
Con este cambio sobre la mesa, recelen de que la intención última del Palau sea realmente bloquear el decreto y que si no se aprueba la ley de lobbies no podrá aplicarse por el momento porque su desarrollo normativo no habrá visto la luz. La norma, cabe recordar, nunca agradó ni a la CEV, ni tampoco a los socialistas cuando empezó a proyectarse en la pasada legislatura cuando Manuel Alcaraz estaba al frente de la Conselleria que hoy gestiona Unides Podem.
Junto a él, otro decreto tiene también las mismas papeletas para guardarse en el cajón y no validarse hasta que alguna de las patas del Botànic II ceda en sus posiciones: el de la creación de la Empresa Pública de Salud que quieren crear los socialistas y a la que se oponen tanto Compromís como Unides Podem, que realizaron alegaciones al decreto pero ninguna de las enmiendas fueron introducidas en el texto legal.
Distintas fuentes del Botànic aseguraban este martes que si la posición sigue siendo la misma que la de las tres semanas anteriores, valencianistas y morados volverán a oponerse a esta EPS.
