Foto: KIKE TABERNERCada vez que sale a la luz un viejo caso de corrupción en la Comunitat Valenciana pienso en los jueces y fiscales de la era Zaplana, el intermezzo de José Luis Olivas y los primeros años de Camps y me pongo a tararear Insurrección (en la versión lenta de Manolo García): "Dónde estabas entonces cuando tanto te necesite...".
Esta semana ha vuelto a la actualidad el caso Erial, con los dos concursos que dieron origen a las comisiones que Zaplana y compañía cobraron presuntamente de los Cotino. Dos concursos amañados de principio a fin, según se desprende de los exhaustivos informes periciales que la Agencia Valenciana Antifraude ha elaborado por encargo del juez. Dos concursos amañados en perjuicio de las arcas de la Generalitat y en beneficio de los amiguetes y del propio "campeón". No dejo de tararear, porque uno de ellos aún lo estamos pagando los valencianos. Sí, cuando pasamos la ITV, 23 años después de aquello, aún pagamos un sobreprecio a cuenta de aquellos millones que acabaron en Suiza, Andorra o Luxemburgo.
Hablamos de una época en la que un promotor al que le crearon ad hoc una vicepresidencia quinta de Bancaja reconocía abiertamente que le había reformado la casa gratis al president de la Generalitat, de quien dependía en última instancia dicho nombramiento, sin que los fiscales se inmutasen. Zaplana parecía intocable, también para la Agencia Tributaria. Claro, que ahí mandaban primero Vicente Rambla y luego Eduardo Beut, íntimo de Zaplana y de su mano derecha Juan Francisco García.
En ese clima de compadreo entre el presidente valenciano y los empresarios a los que tanto debía, se celebró en 1997 el concurso de privatización de la inspección técnica de vehículos. Ya hemos contado aquí que se lo llevaron unos cuantos amiguetes que no sabían nada de ITV, ni falta que hacía porque el plan era dar el pase a compañías especializadas y repartirse la mordida.
El concurso fue recurrido por CCOO, pero el TSJCV lo desestimó porque solo comprobó que la Generalitat tenía derecho a privatizar el servicio, sin mirar cómo lo privatizó. No le importaron las formas pese al grito en el cielo que pusieron la oposición y parte de la prensa. Si los magistrados hubiesen hecho el esfuerzo de pedir el expediente y someterlo a un examen como el que ha hecho el equipo de Joan Llinares 23 años después, no habrían podido mirar para otro lado, aunque fueran otros tiempos. Este informe demuestra que el asunto fue mucho más grave de lo que ya entonces parecía.
Por citar algunas peculiaridades de este concurso millonario: la comisión de valoración estaba formada por seis altos cargos políticos, ningún técnico, presidida por el jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y tenía un vicepresidente –figura inexistente en la ley–, que era el secretario general de la conselleria de Industria, Juan Antonio Manteca Pérez. Las bases establecían una valoración de la oferta económica que perjudicaba a la Generalitat, como advirtió la Intervención, a la que hicieron caso omiso. El resultado es que casi ninguna empresa ofertó una mejora económica y a la que lo hizo no se le tuvo en cuenta. Los criterios de valoración de las ofertas se fijaron después de abrir los sobres 2 y 3, es decir, después de conocer las ofertas. Y la valoración final, según Antifraude, choca con la lógica, pues sin ninguna explicación se da menos nota para una oferta "correcta, adecuada y de calidad" que a otras que presentaban "incorrecciones, poca calidad o deficiencias".
Ganaron los amiguetes sin experiencia y varias empresas líderes en el sector anunciaron que recurrirían, pero alguien les explicó que si querían tener estaciones de ITV en la Comunitat Valenciana era más fácil y rápido pasar por caja que un contencioso-administrativo. Y pasaron. Al presidente de aquella comisión le cayó un premio 2,2 millones vía Luxemburgo, según la UCO.
Esto no habría ocurrido ahora. Ni Zaplana se habría atrevido ni la Fiscalía y los jueces habrían estado tan distraídos. Algo hemos mejorado, pero no del todo. Ahora que la transparencia y los controles han puesto más complicado ser un corrupto la Fiscalía se niega a considerar delito el troceo de contratos, que es una forma de corrupción muy habitual. Ante la inacción de la Justicia, el legislador ha tratado de atajar el troceo con medidas que han resultado ser contraproducentes por la burocracia que ralentiza la administración. No todo troceo es delito, puede que ni la mayoría lo sea, pero hay altos cargos que trocean contratos para no tener que pasar por un concurso y adjudicarlos a amiguetes. Y eso sí es corrupción, una corrupción –señalada por organismos de control como la Sindicatura de Comptes y la Agencia Antifraude– que, de momento, tiene barra libre.
Por cierto, el Consell acaba de nombrar como miembra del Comité Económico y Social a Lourdes Soriano Cabanes "a propuesta de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y las Consellerias de Hacienda y Modelo Económico; Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica". A propuesta, a su vez, del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, de la que Soriano es directora general.
Con tanto proponente, no sé si alguien reparó en que a esta señora le pasó en su día como a Ana Mato, que un día apareció un Mini Cooper S CAB 5030 en su garaje y no le preguntó a su esposo, el exdirector general de RTVV Pedro García, de dónde había salido y por qué no estaba a nombre de ninguno de los dos. Si le quedó alguna duda, se la aclararán en el juicio por la presunta sustracción de dinero público con ocasión de la visita del Papa Benedicto XVI a València en el que Pedro García se sentará en el banquillo. Según el fiscal, el coche lo pagó su compadre y amigo del alma Álvaro Pérez, también procesado en la causa.
