Hoy es 4 de octubre
VALENCIA. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha hecho públicas este miércoles las resoluciones de las convocatorias de las becas para los estudiantes de las universidades valencianas para el curso 2016-2017 y todavía no están exentas de polémica. Y es que el actual equipo decidió dejar fuera de las ayudas a los alumnos de todas las universidades privadas de la Comunitat Valenciana menos los estudios de Veterinaria, que no imparte la parte pública.
De hecho, Educación ha hecho caso omiso a un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) con fecha del 2 de junio en el que insta a la conselleria de Vicent Marzà con una recomendación esencial a incluir a todas las universidades privadas en las becas que da la Generalitat para estos estudios. Educación asegura que todo su proceso es legal. Mientras, el CJC desplega todo su argumentario. En primer lugar, que la ley de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano menciona a las dos universidades de titularidad privada, el CEU y la Universidad Católica, en el ámbito que regula la norma de las becas además de las universidades creadas en el futuro y aprobadas por la Generalitat.
Otra de las cuestiones es que, a pesar de que se menciona a las universidades privadas en la orden, lo cierto es que se limita las becas a los alumnos matriculados en universidades privadas en las “enseñanzas que, en su caso, se determinen en cada convocatoria", como en esta ocasión ha ocurrido con veterinaria, sin embargo no hay restricción alguna para las públicas.
El CJC cree que esta diferencia en el trato entre las universidades públicas y las privadas resulta contraria a la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades donde se incluye el derecho fundamental del artículo 27 de la Constitución, en el que las normas educativas consideran a las becas y ayudas en la enseñanza postobligatoria como un elemento esencial del derecho a la educación que busca compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables de sus beneficiarios y deben otorgarse en función de la capacidad y rendimiento escolar.
Destaca que en su artículo 45 no excluyen a las universidades privadas del sistema público de becas porque no existe distinción en tal sentido. “Con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos para el alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos", recoge el CJC en el informe.
La institución insiste en que el sistema público de becas y ayudas al estudio no es una aportación a favor de los centros universitarios sino un derecho del estudiante que permite que la escasez de recursos económicos no sea impedimento para cursar estudios en universidades privadas, algo que sí ocurriría si se deja fuera a los estudiantes de estas universidades y que "incidiría de forma negativa en el principio de igualdad jurídica" al ser un impedimento para elegir donde cursar los estudios.
Recuerda que en muchos casos las universidades privadas complementan la oferta de la pública, pero reconoce que tampoco las públicas permiten a la totalidad de quienes desean cursar estudios en ellas puedan hacerlo, por la limitación de los recursos públicos, derivándose el alumnado hacia universidades privadas. También cita el Real Decreto 595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015-2016, incluye los estudios en las universidades privadas en las “becas de matrícula”.
A su lista de argumentos también suma el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la enseñanza y asuntos culturales, aprobado y ratificado como Tratado Internacional el 4 de diciembre de 1979, y actualmente vigente. En este acuerdo se establece que los alumnos de estas Universidades -las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas Universitarias y otros Centros Universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica- gozarán de los mismos beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de protección al estudiante, que se establezcan para los alumnos de las universidades del Estado.
"Si bien el alcance de tal Acuerdo internacional se limitaría a una de las universidades privadas del Sistema Universitario Valenciano -la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”-, el rango jerárquico del acuerdo, de valor supralegal, impone la imposibilidad jurídica de que se excluya a los alumnos de las universidades de la Iglesia Católica de la posibilidad de acceso a las becas y ayudas al estudio que se reconozcan a las universidades públicas", insiste el CJC.
El mismo argumento utiliza para pedir que se incluyan en los alumnos de las universidades privadas en las becas Erasmus+ y el transporte universitario. dictamen sobre el proyecto de orden para regular las becas Erasmus+. El CJC le insta en otro informe a justificar “adecuadamente” la exclusión de las universidades privadas de las becas “o en su caso reconsiderar el mentado criterio”.
A este suma las subvenciones en el transporte universitario en la Comunitat Valenciana, en el que apunta en que no se trata de una recomendación esencial al ser continuidad de otra norma aprobada, la de exclusión de becas a las privadas, aunque reprocha el que se introduzcan diferencias entre las universidades públicas y privadas.
Lo cierto es que la conselleria de Educación se ha puesto por bandera que los recursos públicos sean utilizados por los alumnos de la universidad privada. Esto ha ocurrido con que los alumnos de Ciencias de la Salud de las privadas realicen prácticas en los centros y hospitales públicos, algo que justifican en la ley de incompatibilidad de los trabajadores de la administración pública.