Educación convoca las becas universitarias sin corregir la exclusión "ilegal" de las privadas

VALENCIA. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha hecho públicas este miércoles las resoluciones de las convocatorias de las becas para los estudiantes de las universidades valencianas para el curso 2016-2017 y  todavía no están exentas de polémica. Y es que el actual equipo decidió dejar fuera de las ayudas a los alumnos de todas las universidades privadas de la Comunitat Valenciana menos los estudios de Veterinaria, que no imparte la parte pública.

De hecho, Educación ha hecho caso omiso a un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) con fecha del 2 de junio en el que insta a la conselleria de Vicent Marzà con una recomendación esencial a incluir a todas las universidades privadas en las becas que da la Generalitat para estos estudios. Educación asegura que todo su proceso es legal.  Mientras, el CJC desplega todo su argumentario. En primer lugar, que la ley de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano menciona a las dos universidades de titularidad privada, el CEU y la Universidad Católica, en el ámbito que regula la norma de las becas además de las universidades creadas en el futuro y aprobadas por la Generalitat.

Otra de las cuestiones es que, a pesar de que se menciona a las universidades privadas en la orden, lo cierto es que se limita las becas  a los alumnos matriculados en universidades privadas en las “enseñanzas que, en su caso, se determinen en cada convocatoria", como en esta ocasión ha ocurrido con veterinaria, sin embargo no hay restricción alguna para las públicas.

El CJC cree que esta diferencia en el trato entre las universidades públicas y las privadas resulta contraria a la ley Orgánica 6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades donde se incluye el derecho fundamental del artículo 27 de la Constitución, en el que las normas educativas consideran a las  becas y  ayudas  en  la enseñanza postobligatoria como un elemento esencial del  derecho  a  la  educación  que busca compensar   las   condiciones   socioeconómicas   desfavorables  de   sus beneficiarios  y  deben  otorgarse  en  función  de  la  capacidad  y  rendimiento escolar.

Destaca que en su artículo  45 no  excluyen  a  las  universidades privadas  del  sistema público de becas porque no existe distinción en tal sentido. “Con  objeto  de  que  nadie  quede  excluido  del  estudio en  la universidad  por  razones  económicas,  el  Gobierno  y  las  Comunidades  Autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de  becas,  ayudas  y  créditos  para  el  alumnado  y,  en el  caso  de  las universidades  públicas,  establecerán,  asimismo,  modalidades  de  exención  parcial  o  total  del  pago  de  los  precios  públicos  por  prestación  de  servicios académicos", recoge el CJC en el informe.

 "No es una ayuda a los centros universitarios"

La institución insiste en que el sistema público de becas y ayudas al estudio no es una aportación a favor de los centros universitarios sino un derecho del estudiante  que  permite  que  la  escasez  de  recursos  económicos  no  sea impedimento  para  cursar  estudios  en  universidades  privadas, algo que sí ocurriría si se deja fuera a los estudiantes de estas universidades y que "incidiría de forma negativa  en  el  principio  de  igualdad  jurídica" al ser un impedimento para elegir donde cursar los estudios.

Recuerda que en muchos casos las universidades privadas complementan la oferta de la pública, pero reconoce que tampoco las públicas permiten a la totalidad de quienes desean cursar estudios en ellas puedan hacerlo, por la limitación de los  recursos  públicos,  derivándose  el  alumnado  hacia universidades privadas. También cita el Real Decreto 595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015-2016, incluye los estudios en las  universidades  privadas  en  las  “becas  de  matrícula”. 

Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede

A su lista de argumentos también suma el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la enseñanza y asuntos culturales,  aprobado  y  ratificado  como  Tratado  Internacional  el  4  de diciembre de 1979, y actualmente vigente. En este acuerdo se establece que los  alumnos  de  estas  Universidades -las Universidades, Colegios  Universitarios,  Escuelas  Universitarias  y otros  Centros Universitarios  que  se  establezcan  por  la  Iglesia  Católica- gozarán de los mismos beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de protección al estudiante, que se establezcan para los alumnos de las universidades del Estado.

"Si bien el alcance de tal Acuerdo internacional se limitaría a una de las  universidades  privadas  del  Sistema  Universitario  Valenciano  -la  Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”-, el rango jerárquico del acuerdo, de valor supralegal, impone la imposibilidad jurídica de que se excluya  a  los  alumnos  de  las  universidades  de  la  Iglesia  Católica  de  la posibilidad de acceso a las becas y ayudas al estudio que se reconozcan a las universidades públicas", insiste el CJC.  

Becas Erasmus+ y el transporte universitario

El mismo argumento utiliza para pedir que se incluyan en los alumnos de las universidades privadas en las becas Erasmus+ y el transporte universitario. dictamen sobre el proyecto de orden para regular las becas Erasmus+. El CJC le insta en otro informe a justificar “adecuadamente” la exclusión de las universidades privadas de las becas “o en su caso reconsiderar el mentado criterio”.

A este suma las subvenciones en el transporte universitario en la Comunitat Valenciana, en el que apunta en que no se trata de una recomendación esencial al ser continuidad de otra norma aprobada, la de exclusión de becas a las privadas, aunque reprocha el que se introduzcan diferencias entre las universidades públicas y privadas.

El uso de la privada de los recursos públicos

Lo cierto es que la conselleria de Educación se ha puesto por bandera que los recursos públicos sean utilizados por los alumnos de la universidad privada. Esto ha ocurrido con que los alumnos de Ciencias de la Salud de las privadas realicen prácticas en los centros y hospitales públicos, algo que justifican en la ley de incompatibilidad de los trabajadores de la administración pública.