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VALÈNCIA. El equipo redactor del proyecto ganador para la reforma integral de la Plaza del Ayuntamiento de València, encabezado por el arquitecto Miguel del Rey, ya avisó en junio de 2023 de que el presupuesto que había fijado el consistorio en el concurso era escueto y, tras ajustar el proyecto al precio, advirtió de que se encarecería todas las "necesidades reales y ciudadanas" para el enclave.
En estos términos lo explicó el propio arquitecto en una comunicación durante el impás entre el gobierno de Compromís y PSPV y el del PP de María José Catalá. En ella, desde el equipo redactor transmitieron su "deseo, ilusión, compromiso y convicción" para llevar adelante el proyecto que habían redactado y que resultó ganador en el concurso de ideas organizado por el consistorio el pasado mandato. Pero dejaban negro sobre blanco que tuvieron que ajustar su propuesta a los 8,6 millones de euros de presupuesto que había marcado el Ayuntamiento en los pliegos pero que, a juicio del arquitecto, era insuficiente.
En ese sentido, el escrito del arquitecto recordaba que los pliegos repetían varias ocasiones "que el presupuesto es una estimación de referencia", pero concluía que el precio fijado por el Ayuntamiento excedía "cualquier comparación o diferencia lógica" respecto a otros proyectos como el de las obras del entorno del Mercado Central y la Lonja de València.
A su juicio, el precio marcado en el concurso era insuficiente "según los módulos de presupuesto por superficie de proyectos similares" como el mencionado. El módulo de la plaza de Brujas, que no incluía instalaciones, era de 284 euros por metro cuadrado y el de la Plaza del Ayuntamiento, con instalaciones incluidas, apenas alcanzaba los 103 euros.
"Consideramos que la mejor opción para la correcta realización del proyecto era aumentar el presupuesto, pero durante la fase del concurso no era posible dicha consideración y era causa de exclusión directa", explica el arquitecto, por lo que el equipo tuvo que estudiar tres alternativas para adaptarse al precio: reducir el ámbito de actuación, "reducir las calidades en general" o "reducir el alcance de la intervención" dado que "muchas zonas y elementos funcionan aparentemente de forma correcta en la actualidad".
Así, como el concurso imposibilitaba las dos primeras, el equipo acabó optando por la tercera: "adecuar la actuación a mínimos" realizando una intervención "lo más somera posible" y descartando la mejora o la actualización de algunas instalaciones porque el presupuesto "no lo permite".
Con ello se se aseguró "cumplir los objetivos" del concurso "para una vez superada la fase del concurso poder plantear la opción de un aumento del presupuesto, en fase de negociación, para poder realizar un proyecto más exhaustivo que permita incluir todas las necesidades reales y ciudadanas así como las sugerencias propuestas más allá de los objetivos directos del concurso", tal como relata el propio Miguel del Rey en el escrito, que está fechado el 8 de junio y firmado el 19 de dicho mes. El cambio de gobierno se produjo el día 17.
Asimismo, señalaba que los honorarios fijados estaban vinculados con el volumen del encargo, por lo que si el Ayuntamiento finalmente acababa aumentando el coste del proyecto "deberían revisarse dichos honorarios". Por lo que reclamaba que en el contrato para la redacción del proyecto definitivo se dejara "abierta" la posibilidad de "modificados justificados y remunerados en la proporción adecuada", algo que a su juicio era posible porque se había hecho en otros casos similares.
Este martes, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, trasladó al comité asesor de Urbanismo, conformado por cuatro reconocidos arquitectos y urbanistas, que la previsión era, en la línea con lo manifestado por Miguel del Rey, que el presupuesto aumentara el doble o el triple hasta los 18 o 20 millones de euros aproximadamente.
Un anuncio que, al día siguiente, hizo que los grupos de oposición, Compromís y PSPV, reclamaran los informes técnicos que justificaran esas cifras. A lo que la concejalía respondió que todavía no existen dichos informes, que se están redactando por parte de los servicios municipales, si bien la cifra estimada procedía del equipo redactor del proyecto.
Este jueves, la alcaldesa de València, María José Catalá, aseguró que su equipo trabaja con números que aportan los servicios municipales. "Lo primero que tengo que decir es que los números que nosotros aportamos son números que nos aportan nuestros servicios municipales. Yo valoro mucho las opiniones externas, pero los expedientes administrativos y el negro sobre blanco es lo que más vale en este caso", afirmó al respecto.
Tras ello, expuso que "el módulo previsto de urbanización de la plaza del Ayuntamiento por parte del anterior gobierno era de 150 euros metro cuadrado", al tiempo que ha precisado que "sólo en la plaza de Brujas, el Ayuntamiento de València se acabó gastando más de 350 euros metro cuadrado" cuando llevó a cabo su remodelación. Y declaró que "es muy difícil que el módulo que se había previsto para la plaza del Ayuntamiento se cumpla" teniendo en cuanta el caso de la de Brujas. Por lo que consideró "irrebatible" y que queda "fuera de toda duda" que "el coste no era el que había cifrado el anterior gobierno".
Tras ello, la primera edil añadió que no va a "emprender un proyecto que luego genere unos sobrecostes porque no está bien previsto desde el principio el presupuesto". Si no actuara de ese modo, insistió, "la oposición acabaría diciendo que la culpa" es de la alcaldesa. "Y lo siento, pero la culpa es de quien no hizo un buen presupuesto con un módulo ajustado, realista y serio", apostilló.
"Ajustar el presupuesto, hacer un presupuesto realista", insistió para que, "sobre todo, cuando se saque a licitación" esta "sea una licitación que vaya a cumplirse con el precio establecido, sin sobrecostes, sin sorpresas y sin" la "falta de planificación que ha guiado todos los proyectos" heredados. Y preguntada si cambiará el proyecto, advirtió que "cuando reformulas un presupuesto, al final, reformulas muchas cosas. Cuando cifras un presupuesto y un nivel de presupuesto, también se tiene que replantear bien el proyecto ajustado a su presupuesto".
Ante los anuncios de que los proyectos tanto de la Plaza del Ayuntamiento como de Pérez Galdós aumentarán su coste, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, ha señalado que la modificación del proyecto de la avenida "dispara algunas partidas que estaban incluidas en el plan del gobierno" anterior "hasta un 1.000 por ciento a pesar de que ni tan siquiera contempla la eliminación del túnel como exigen los vecinos".
"Los sobrecostes se están convirtiendo en la seña de identidad de Catalá. Está justificando un incremento del proyecto para la plaza del Ayuntamiento mientras dispara un 267 por ciento el proyecto de Pérez Galdós sin quitar el túnel", manifestó Sanjuán, que ejemplificó que el proyecto inicial de la avenida "presupuestaba la renovación del alumbrado en 270.000 euros mientras que ahora, bajo el gobierno de Catalá, se eleva hasta los 1,8 millones". Algo similar, dijo, ocurre "con la instalación de semáforos", el riego o el saneamiento.
"Son aumentos muy elevados de partidas que ya estaban incluidas en el proyecto original que no están justificadas y que provocan que la urbanización de Pérez Galdós pase de 12 millones a 32 millones de euros sin incluir la eliminación del túnel", ha insistido. Así, señaló que "la sorprendente aparición de estos sobrecostes, que recuerdan a la anterior etapa del PP en València y la Comunidad cuando la corrupción campaba a sus anchas, sólo pretenden justificar que Catalá no tiene ninguna intención de eliminar el túnel de Pérez Galdós".