El presidente del Consejo de Transparencia, Ricardo García Macho. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Han pasado tres años desde que iniciaran su actividad, pero sus quejas siguen siendo las mismas. Este martes el presidente del Consejo de Transparencia, Ricardo García Macho, acudió a Les Corts para entregar la memoria de actividades realizadas en 2017. Una ocasión que aprovechó para reivindicar las principales exigencias que llevan demandando desde la constitución de este órgano.
Eso sí, estos reclamos ya no van dirigidos a todo el Consell, como sucedió el año pasado cuando acusó al Ejecutivo valenciano de "mirar hacia otro lado" ante sus peticiones. Ahora el receptor de las críticas más duras es uno principalmente: la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz. Un departamento que, según Macho, les ha visto "desde el principio como rivales", lo que ha hecho que no les hayan "apoyado" en su "tarea".
No en vano, para justificar tal afirmación Macho denunció que las indemnizaciones por cada reunión que mantienen en el Consejo no empezaron a percibirlas "hasta dos años y medio después de iniciar la actividad". Y es que, aunque la ley de Transparencia de 2015 no contemplaba que los consejeros debieran percibir estas gratificaciones, los cinco miembros sí las habían reclamado en más de una ocasión debido a la cantidad de expedientes que debían resolver anualmente sin tener dedicación exclusiva, coyuntura que sí se da en el resto de órganos de transparencia de España.
Ahora, una vez aprobado el decreto que regula el Consejo y que les garantiza 300 euros por cita -400 en el caso de la presidencia del órgano-, los consejeros se manifiestan porque la cuantía les parece baja. "Además de la propia asistencia a las reuniones, se requiere de una preparación y estudio previos de cada informe o resolución, lo que convierte las asignaciones en claramente insuficientes", señala la memoria.
Más allá de la "insuficiencia" de las dietas que recoge el informe que entregó al presidente de la cámara, Enric Morera, el también profesor de Derecho en la Universitat Jaume I de Castellón volvió sobre lo ya expuesto en otras ocasiones: la necesidad de reformar la ley de Transparencia de 2015 para desvincular orgánicamente al órgano de una conselleria -la de Alcaraz- a la que deben controlar como al resto de áreas del Gobierno valenciano, organismos públicos dependientes y administraciones locales. "Las pequeñas modificaciones no han mejorado la ley. Hay un bloqueo institucional", llegó a asegurar.
Ahora bien, cabe señalar que el departamento de Alcaraz sí incluyó entre sus compromisos en el último Seminari de Govern de Benicarló-Vinarós el pasado mes de enero la modificación de esta norma para atender esta demanda del Consejo.
Macho también se refirió a la "pequeña estructura" que tienen para el "elevado número de casos" que deben resolver. No en vano, el valenciano es el tercer consejo que más resoluciones y dictámenes emitió en 2017 en España. Detalló que habían hecho 94 resoluciones y siete informes, pero también estimó que todavía cerca de 170 casos están por resolverse a pesar de que la "oficina está mejor dotada" que hace un año.
En este sentido, rompió una lanza a favor del área que dirige el jefe del Consell, a quien atribuyó el esfuerzo por mejorar sus condiciones. "En octubre de 2017 la plantilla se ha visto reforzada gracias al interés y esfuerzo de Presidencia de la Generalitat con la creación de un puesto de asesor jurídico", indica el documento. Con esto, el Consejo ya cuenta además con una jefa de servicio, un jefe de sección, una auxiliar administrativa y los cinco consejeros.
No obstante, no pasó por alto que sigue siendo "insuficiente" si se compara con otros órganos con competencias afines en otras comunidades autónomas y que, en consecuencia, no pueden "cumplir la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como no poder cumplir los plazos de resoluciones de reclamaciones" que, según detalló, en ocasiones llega a los ocho y nueve meses.
