Mireia Mollà, consellera de Agricultura y Transición Ecológica. Foto: PEPE OLIVARESVALÈNCIA (EP/E.P.). El Gobierno valenciano prepara un nuevo impuesto para vehículos que generen emisiones y que sean matriculados a partir de 2023 en la Comunitat Valenciana. Así lo ha señalado la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en la presentación realizada este martes del borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica. Esta medida, según ha explicado, está destinada a desincentivar la compra de vehículos contaminantes con la vista puesta en 2040, cuando todas las nuevas matriculaciones tendrán que ser de emisión cero.
Según ha señalado, este impuesto irá a razón de los gramos de CO2 por kilómetro que emite el vehículo matriculado. "Tiene una tabla progresiva y los vehículos que más contaminen tendrán que asumir esta carga impositiva de manera más importante que los que menos contaminan". Además, según ha concretado, el borrador también contempla impuestos para los parkings de centros comerciales dependiendo de la concentración de vehículos que puedan generar y para el ámbito portuario.
Sobre la segunda cuestión, Mollá ha puesto el punto de mira en la emisión de dióxido de carbono de los grandes barcos. "Las emisiones portuarias tendrán una política impositiva a razón de las maniobras de estancia u otras acciones que realicen en los puertos valencianos", ha destacado. No obstante, ha incidido en que el único tipo impositivo que regula "hasta la última coma" la ley es el de matriculación de vehículos, mientras que el de centros comerciales y ámbito portuario quedarán sujetos a la normativa sectorial o de Hacienda.
Estos impuestos irán destinados a un nuevo vehículo creado para canalizar estos ingresos, el Fondo para la Transición Ecológica, que se nutrirá de esta fiscalidad y tendrá carácter finalista. "El fondo será para cumplir los objetivos marcados por esta ley", ha señalado. Entre los ejemplos, ha destacado la financiación de la red de puntos de carga eléctrica o los incentivos para la compra de vehículos de libre de emisión.
De hecho, con la misión de incentivar la compra de vehículos con cero emisiones, la ley regula la instalación de puntos de carga a través de un sistema público de gestión de cargas que será gestionado por la conselleria competente en energía. Además, la ley regula que los aparcamientos privados o públicos de uso no residencial con más de 40 plazas tendrán que reservar espacios para los vehículos libres de emisiones y puntos de carga. Más estricta será la normativa con los nuevos espacios de aparcamientos creados, que tendrán que disponer de puntos cada diez plazas y que será más exigente con el paso del tiempo al contemplar un punto por cada cinco plazas.
La ley también plantea que los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) tendrán que reservar un área de suelo a la generación de energías renovables para dotar de "autosuficiencia energética" el proyecto de desarrollo urbanístico concreto. La Valenciana es así la primera CCAA que regula la participación local en instalaciones de generación renovable, de modo que si se acredita un mínimo de la participación de ámbito local --ya sea de ámbito publico o privado-- el proyecto adquirirá "carácter prioritario".
En estos momentos la Comunitat Valenciana no tiene dependencia del carbón pero sí tiene una gran dependencia de combustibles fósiles --36% en petróleo y un 28% en gas natural, que suman un 64%-- y de energía nuclear (22%). Frente a estas cifras, la norma se marca como objetivo para 2030 reducir las emisiones totales un 40% respecto a 1990, lo que supone dejar de emitir unas 13,5 millones de toneladas de CO2, más de la mitad de las toneladas emitidas en 2017.
Para ello planea un "ambicioso" abastecimiento en energía solar: 6.000 MW en 2030, el equivalente a 12.000 hectáreas. En esta línea, recoge que los nuevos aparcamientos en superficie o en cubiertas de titularidad privada de más de 1.000 metros cuadrados (la media de los que hay en los centros comerciales es de 1.500 m2) se tendrán que cubrir con placas solares equivalentes a la energía que necesita la instalación asociada, como por ejemplo de un centro comercial.
Asimismo, se aliena con los objetivos de "neutralidad" en 2050 como la Unión Europea está pidiendo. En este momento, ha insistido, "vamos en dirección contraria". En España las emisiones aumentan un 18% en la Comunitat un 42%. "Es insostenible", ha alertado. En cuanto a eficiencia, se marca como objetivo una reducción del 35% en el consumo primario registrado tomando como base el 2007, una meta para la que la Comunitat ya está a medio camino, pues ha bajado un 15%.
Por lo que respecta a la producción, su intención es generar al menos el 70% de la energía eléctrica en 2030 y en consumo plantea que la energía final consumida de todas las fuentes energéticas en 2030 baje un 42%.
