Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Vuelve a la palestra el circuito de la Fórmula 1 de València, que una década después de acoger el Gran Premio sigue abandonado a la espera de una solución por parte de la administración. Es noticia por la deuda de unos 38 millones de euros que el Ayuntamiento de València mantiene con la Generalitat Valenciana desde que esta adelantara parte de la inversión para las obras de la pista, y que ahora la administración autonómica parece dispuesta a reclamar al consistorio.
Así lo hizo manifiesto el conseller de Vivienda, Héctor Illueca, este martes al remitir una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el expediente del convenio que suscribió en 2007 la Generalitat y el Ayuntamiento, cuando estaban encabezados por Francisco Camps y Rita Barberà respectivamente. Consideran en la Conselleria de Vivienda que el procedimiento seguido no fue el adecuado y además de preguntar al Jurídic sobre la posibilidad de anularlo, también le pregunta cuáles son las vías que tiene la administración autonómica para reclamar la deuda al consistorio, que desde 2015 dirige Joan Ribó.
En aquel convenio se dejaba negro sobre blanco que la Generalitat adelantaría los 38 millones y que el consistorio los debía devolver tras repercutirlos a los propietarios privados de los terrenos como cargas de urbanización del nuevo barrio que se iba a construir en el llamado PAI del Grao. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y los propietarios se niegan ahora costear el total de la inversión al considerar que muchas de las obras no pueden serles repercutidas. Y el Ayuntamiento, por ende, no ha saldado su deuda con la Generalitat.
"Este adelanto presupuestario nunca fue devuelto por parte del Ayuntamiento de València, quien no ha impuesto hasta el día hoy el canon mencionado", explicaba el comunicado de la Conselleria de Vivienda emitido este martes. El consistorio está en negociación con los dueños privados de los terrenos para alcanzar un acuerdo sobre qué porcentaje del total invertido asume cada parte.
Por ello, la intención del departamento que dirige Illueca de exigir al consistorio el pago de los 38 millones, cuando este dinero todavía no se ha repercutido, redobla la presión sobre los dirigentes municipales, y en especial sobre la concejala encargada de la cuestión, la edil de Urbanismo, Sandra Gómez, para resolver este conflicto, atascado ya muchos años. El conseller dejó claro que ese dinero, esos 38 millones de euros que adeuda el consistorio, se podrían estar "destinando a políticas de viviendas para las personas más vulnerables".
Huelga recordar que el expresident de la Generalitat responsable, Francisco Camps, remitió el pasado mes de mayo un escrito al Ayuntamiento que dirige Ribó para exigirle que agilizara la repercusión del coste del circuito a los propietarios privados y, por tanto, cumpliera con el convenio vigente. Documento que fue rechazado por la administración municipal.
Ahora la Conselleria, además de reclamar el dinero al Ayuntamiento, busca anular dicho convenio. Por un lado, esgrime que el acuerdo incluía la repercusión en terceros -los propietarios- pero estos "nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa" y por eso, dice el departamento de Illueca, "a día de hoy se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos".
Además, subraya Vivienda, las personas que firmaron el convenio no tenían competencias para hacerlo. El convenio fue impulsado y firmado por el Presidente de la GTP -la empresa autonómica encargada del asunto-, pero no fue impulsado ni aprobado por el Consejo de Administración, que era quien tenía competencias en la cuestión. Otro motivo por el cual, a juicio de la Generalitat Valenciana, se podría anular el acuerdo debido a causas formales. No obstante, por mucho que se anule el convenio con toda probabilidad la deuda del Ayuntamiento permanecería.
El choque no tardó en llegar. La edil de Urbanismo, Sandra Gómez, también presidenta de la empresa urbanística municipal encargada del PAI del Grao, Aumsa, respondió a Illueca reclamándole "calma" y no entrar "como un elefante en una cacharrería". Gómez pidió al conseller escuchar a las personas que llevan años trabajando "para resolver los problemas heredados del PP" y dijo entender que el titular de Vivienda tenga "ganas de intentar marcar su propio impronta".
Con todo, la vicealcaldesa advirtió a Illueca de que puede "echar por tierra" el trabajo de muchos años, y cuestionó la estrategia del conseller de "tirar la pelota de uno a otro tejado" cuando se trata de administraciones públicas y no empresas. "El tema del antiguo convenio sobre el PAI del Grao se está hablando y negociando por parte del Ayuntamiento con la agrupación de propietarios para negociar las cargas urbanísticas", explicó, para añadir que no ve "ningún sentido" el planteamiento de la nulidad del convenio después de 14 años cuando, además, está ejecutado al 100%.
