VALÈNCIA. El Puerto de València se prepara para asumir la gestión de parte de La Marina a partir del año que viene después de que se extinga el Consorcio Valencia 2007, ente encargado del espacio hasta ahora y que se encuentra en fase de liquidación. Así, la Autoridad Portuaria convocó este jueves una reunión con las empresas ubicadas en terrenos que previsiblemente recuperará el Puerto para explicar cómo tendrán que tramitar las nuevas autorizaciones y pagar las nuevas tasas.
La convocatoria de la reunión explica que "a partir del 1 de enero de 2023, y como consecuencia de la extinción del título de ocupación otorgado al Consorcio Valencia 2007, la Autoridad Portuaria de València asumirá la gestión de los bienes de dominio público portuario que integran La Marina de València". Parte del enclave que el Puerto había cedido al consorcio, que era de quien dependían estas autorizaciones, y que ahora prevé recuperar y gestionar directamente.
Se trata de un movimiento -publicado por eldiario.es- que si bien puede considerarse lógico para otorgar seguridad jurídica una vez se liquide el mencionado consorcio, se produce en un momento de incertidumbre sobre el futuro de La Marina. El consorcio está constituido por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. Una vez el Gobierno asumió los 400 millones de deuda del ente, se está procediendo a su liquidación. Pero las administraciones valencianas preparan la creación de otro organismo para gestionar el espacio.
Tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acordaron hace dos semanas que se creará un nuevo ente en forma de fundación o empresa pública para suceder al actual consorcio. El problema está en los tiempos y, precisamente, en el desfase temporal si el consorcio se liquida antes de que el nuevo ente público esté creado y formalizado, algo que no se considera improbable.
Y es que, como la pescadilla que se muerde la cola, el Puerto de València no es un actor del todo ajeno al proceso de creación de este nuevo ente, porque Ribó y Puig lo condicionan a que la Autoridad Portuaria les entregue La Marina sur y la lámina de agua respectivamente. Ninguna de las dos administraciones ve deseable la constitución de la nueva fundación o empresa sin que gestione esos espacios, sumados a parte de La Marina que ya ostenta el Ayuntamiento.
Por ello, el alcalde ya ha reclamado varias veces que el Puerto inicie los trámites para entregar a la ciudad también La Marina sur. Y Puig, por su parte, ha pedido algo similar con la lámina de agua, que no puede ser de competencia municipal. Sin embargo, el Puerto les ha redirigido hacia el Gobierno, a quien atribuye la responsabilidad de llevar a cabo estas acciones administrativas. Pero el Ejecutivo central todavía no se ha pronunciado.
Así pues, mientras no existe acuerdo sobre la entrega de espacios por parte del Puerto, este va haciendo camino para gestionar los bienes de dominio público portuario cuando se extinga el consorcio, paso administrativo que debería concluirse antes de finalizar el año. La Autoridad Portuaria explica a las empresas que deben contar con autorización por la ocupación de sus respectivos espacios y pagar tasas por esta ocupación, por obras e instalaciones y por la actividad que realizan, además de una garantía de explotación.
La portavoz del PP, María José Catalá, denunció este jueves que el gobierno municipal de Compromís y PSPV "lleva ocho años sin saber qué hacer con la Marina de Valencia y ahora por la falta de gestión, planificación y trabajo de Ribó el Ayuntamiento pierde la gestión de toda la zona de dominio público portuario donde hay empresas de primer nivel y muchas zonas de restauración".
Así, para Catalá, esto "acredita un nuevo fracaso de Ribó" y significa que "València vuelve a perder capacidad de gestión y de decisión en los ámbitos de poder. Primero fue con Feria Valencia y ahora con la Marina. Es un fracaso estrepitoso".
