Imagen de las instalaciones de À Punt. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La comisión que este jueves tenía que sacar adelante la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat vivió un nuevo enfrentamiento entre los grupos que conforman el Gobierno valenciano que ya viene de largo. El problema, arrastrado durante años, es el relativo a la cláusula de la ley de À Punt que impide a la cadena destinar más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal. PSPV, Compromís y Podem aprobaron ya una moratoria la pasada legislatura para dejarla sin efecto y la intención era repetirlo este año, para lo cual presentaron una enmienda a la ley de Acompañamiento. Todo parecía que iba bien... hasta que no salió adelante al no apoyarla Unides Podem.
La intención de los grupos del Botànic es establecer una segunda prórroga a la entrada en vigor de este artículo de la norma que regula la radiotelevisión autonómica. La primera ocasión fue en 2018, cuando los fondos que la Generalitat consignó para la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) fueron de 55 millones de euros. Entonces, el gasto de personal alcanzó los 23 millones, cuando no debía superar los 18,3. Los responsables de la CVMC solicitaron elevar el presupuesto a 69 millones y se negaron a rebajar su pretensión porque, en caso contrario, deberían reducir personal. La petición, no obstante, se topó con una respuesta negativa por parte del jefe del Consell, Ximo Puig.
Finalmente, tras varios tiras y aflojas, el problema quedó temporalmente resuelto gracias a la enmienda que ahora vuelven a reproducir y cuyo contenido estaría en vigor el año que viene y el tiempo que dure el nuevo contrato programa, hasta 2023.
Pero ésta se ha topado con que no ha superado el primer filtro de la comisión de las Cortes Valencianas, de manera que quedará viva para el pleno de finales de diciembre, donde se votará de nuevo, lo que supone que la moratoria para limitar el personal de la cadena quede en el aire hasta entonces.
La causa fue principalmente el posicionamiento de Unides Podem. Mientras PSPV y Compromís apoyaron el texto y la oposición, como era de esperar, lo rechazó, los morados se abstuvieron. En total, se produjeron este jueves tres votaciones que arrojaron empate, de modo que en la última decantó el resultado el voto de calidad de la presidenta de la Mesa, la diputada del PP Eva Ortiz, que era el del "no".
La posición de los morados era en cierto modo esperada por sus socios, pero existía esperanza de que en el último momento cambiaran de parecer. El asunto, que ha generado tensiones, incluso salió a colación este miércoles durante la reunión de la comisión de los partidos del Botànic, según algunas fuentes.
Los socialistas critican el "enroque" de Unides Podem, mientras desde este último grupo explican que no quieren que se aplique la moratoria porque "no es la solución definitiva", sino una transitoria. Su propuesta consiste en quitar directamente la limitación del tercio de personal o, alternativamente, que no supere el 40% del presupuesto de À Punt. "Nos hemos abstenido porque no queremos desistir en el empeño de defender los derechos de los trabajadores. No es reto ni cabezonería", señalan.
Desde el PSPV replican que, aunque no sea una medida que acabe con el problema, es la única manera que tienen de abordarlo en este momento. "La realidad es que, si no aprobamos la moratoria, a partir del 1 de enero se incumple la ley", recuerdan. Según los cálculos que se manejan, el límite se sobrepasa actualmente en 95 trabajadores, por lo que los socialistas inciden en que si no sale adelante la enmienda existe el riesgo de que "tengan que irse a la calle".
El cabreo del PSPV es evidente en este asunto, al que se suma el de Unides Podem en el caso del impuesto de residuos del que informa Valencia Plaza. Si se trata de causa-efecto, todavía está por ver en las próximas semanas, cuando las fuerzas de la izquierda seguirán negociando hasta la cita determinante del pleno.
Para presentar una nueva enmienda harían falta las firmas de todos los grupos, de modo que -ante la escasa probabilidad de que la oposición ceda- el Botànic habrá de negociar sobre la ya presentada. Si no alcanzaran un acuerdo, siempre existe la opción de intentar tocar a la puerta de Ciudadanos, aunque algunos de sus posicionamientos sobre la radiotelevisión están bastante alejados de los del tripartito.
Aparte de la moratoria de limitación del tercio de personal, este jueves obtuvieron luz verde otras enmiendas relacionadas con À Punt y en las que también hubo posturas llamativas. Por ejemplo, Ciudadanos se abstuvo junto a Podemos en la enmienda dirigida a que la publicidad institucional forme parte de los ingresos previstos en la ley. Una modificación importante puesto que la cadena ha incumplido reiteradamente con sus previsiones de ingresos. El texto salió adelante sólo con los votos de PSPV y Compromís.
Por contra, pocos problemas tuvo la enmienda más polémica por la que el tripartito aplica el rodillo en la elección de presidente del ente y cambia las mayorías parlamentarias necesarias para el proceso. En el texto se incluye que se modificará la ley de À Punt para que no sea necesario pactar un nombre con la oposición en última instancia, de manera que éste pueda salir únicamente con los apoyos de PSPV, Compromís y Unides Podem.
A ello se añade que se permitirá a la persona que ocupe la Presidencia no estar obligada a tener dedicación exclusiva a partir del próximo año y la rebaja de las incompatibilidades de los miembros del Consell Rector.
Todas ellas fueron aprobadas por los partidos del Botànic y el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox.
