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Entidades sociales en las que se infiltró un policía estudian acciones legales y piden responsabilidades

Foto: ROBER SOLSONA/EP
14/02/2023 - 

VALÈNCIA (EP). Movimientos sociales y vecinales del barrio valenciano de Benimaclet han anunciado que están estudiando emprender acciones legales después de la publicación de informaciones sobre la supuesta infiltración de un agente de policía en su actividad, al considerar que esta práctica "sin autorización judicial" constituye una vulneración de los derechos fundamentales, civiles y políticos de sus miembros, así como un posible delito contra la inviolabilidad de domicilio y de revelación de secretos.

Además, han exigido responsabilidades políticas no solo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino también al gobierno de coalición de conforman PSOE y Unidas Podemos; y han convocado una concentración este jueves a las 19 horas frente a la Delegación del Gobierno.

Así lo han explicado, en una rueda de prensa este martes, representantes de Cuidem Benimaclet, CSOA L'Horta y Alerta Solidària, que han leído un manifiesto en nombre de los movimientos sociales y vecinales de València y Benimaclet.

Tras la publicación en La Directa de informaciones que señalan que un agente de Policía se "infiltró" con identidad falsa durante dos años en estos movimientos vecinales y otros como Grama, La Garrofera y el movimiento Antifeixistes PV, las activistas han denunciado "la ilegalidad" de una acción "que no responde a ninguna investigación judicial ni viene autorizada por ningún juez".

Las representantes de las organizaciones populares han detallado que se enteraron de esta posible infiltración por la prensa y han afirmado que dan credibilidad a la información porque en los dos casos anteriores de infiltraciones el Ministerio no ha negado los hecho sino que los ha justificado.

"Es una vergüenza escuchar del señor Grande Marlaska decir que esta es una práctica habitual para prevenir delitos. De la actividad investigadora que ha llevado a cabo el infiltrado no se ha derivado ninguna causa judicial contra estos colectivos, pero sí habrá servido para crear un largo listado de nombres y apellidos de activistas, amplificando el trabajo que hace la Brigada de Información" de la Policía Nacional en València, han expuesto desde Cuidem Benimaclet y CSOA L'Horta.

En esa línea, desde estos colectivos han señalado "la responsabilidad del ministro del Interior y del gobierno del PSOE y UP de la vulneración" de sus derechos "civiles y políticos y la instrumentalización" de sus compañeras "con el único fin de controlar la disidencia política". "Trabajaremos desde hoy mismo para pedir responsabilidades y denunciar esta práctica policial en todos los posibles frentes", han asegurado.

Se trata, han aseverado, de una estrategia policial que "tiene como objetivo principal el control político de los movimientos callejeros y utiliza toda una serie de mecanismos que sobrepasan los límites legales y legítimos propios de un Estado llamado democrático".

En la misma línea, la representante de Alerta Solidària ha concretado que, a su juicio, esta práctica "antidemocrática" vulnera derechos "civiles", "políticos" y "fundamentales" como la libertad de pensamiento, asociación, de expresión y el derecho de reunión". Además, ha afirmado que se pueden haber cometido "delitos contra la inviolabilidad del domicilio, por accesos a domicilios de personas físicas y jurídicas en este caso bajo engaño, así como un posible delito de revelación de secretos por acceder a información bajo engaño".

Además, la representante de Alterta Solidària ha ahondado en que la infiltración policial está regulada por la Ley Enjuiciamiento Criminal y prevista en casos de delincuencia y crimen organizado, con autorización y control judicial, mientras que en este caso esa práctica se ha llevado a cabo "sin control ni justificación". Además, ha remarcado que, de acuerdo a la jurisprudencia, el derecho no prevé "mecanismos de control preventivo de grupos políticos".

En ese sentido, ha denunciado que "se esta haciendo uso de un mecanismo excepcional para la lucha antiterrosista" con una finalidad de "control político" de movimientos vecinales y para obtener información política y personal de las organizaciones afectadas y sus miembros.

Para Alerta Solidària, la infiltración en los movimientos populares de Benimaclet "no es un hecho aislado" porque "en los últimos nueve meses se han destapado" dos casos más en Barcelona. "Lo que evidencia es una operación de Estado contra el movimiento popular y la izquierda independentista", ha agregado su representante.

Las activistas de estas entidades han admitido que conocer la información sobre esta supuesta infiltración policial ha tenido un "gran impacto a nivel colectivo y personal" para las organizaciones y sus participantes, pero afrontan esta situación "de manera colectiva" y "sabiendo que esto no es cuestión de responsabilidad individual". Así, procurarán que "no se rompan las relaciones de confianza dentro de los colectivos", han explicado.

Asimismo, a preguntas de los medios, han señalado que desconocen la incidencia que pueda haber tenido esta infiltración en la causa judicial abierta por las protestas contra el PAI de Benimaclet.

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