La Finca: la lujosa urbanización madrileña que une a Fabra y Zaplana en las investigaciones judiciales

VALÈNCIA. Las investigaciones judiciales que afectan al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al exministro Eduardo Zaplana tienen un punto en común: la sospecha de las operaciones relacionadas con la compra de inmuebles en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a través de empresas vinculadas de manera directa o indirecta a ellos. 

Las indagaciones más recientes son las relacionadas con Fabra. Entre las múltiples actuaciones sobre las que el juzgado número 4 de Castellón ha puesto el foco en la nueva causa que afecta al exdirigente del PP por, supuestamente, haber ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia del caso Naranjax, se encuentra la compra de un adosado para su hija Claudia.

La vivienda de obra nueva con una superficie construida de 546 metros cuadrados, fue adquirida en abril de 2003 por la empresa familiar Carmacas -de la que Carlos Fabra poseía un 90% de las participaciones- por un importe de 691.173 euros. Lo que llama la atención del magistrado -además de que no constan apenas ingresos por actividad en la firma- es que, de esa cantidad, 480.809 euros "los retuvo la parte compradora para hacer frente al préstamo hipotecario en el que se subroga", según consta en el último auto emitido. 

A continuación, Claudia y su marido, Fernando Castro, suscribieron un contrato de alquiler con la mercantil y, ya un año después, la primera le compró a su padre el 90% de las participaciones de Carmacas, justamente pocos meses después de la apertura de diligencias de investigación al expresidente de la Diputación de Castellón. 

Ese traspaso también resulta sospechoso para el juez dado que se abonaron 1.449,61 euros por participación, lo que supuso un incremento del valor "en un 4.723% respecto del valor que tuvieron las acciones tras la constitución de la mercantil (30,05 euros de valor nominal cada una) en una sociedad que carecía prácticamente de ingresos externos adjudicables a una actividad mercantil". Por todos estos movimientos, el magistrado imputó a Fabra, a su hija y al yerno. 

El "pelotazo" de 4,3 millones

Las operaciones en la urbanización La Finca también aparecen en la causa de Zaplana, en la cual el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga un complejo entramado para gestionar las cantidades obtenidas a partir de las supuestas mordidas –cuantificadas en 10,5 millones– mediante la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). 

Entre las múltiples derivadas del conocido como caso Erial se encuentra una llamativa operación en la mencionada zona de Pozuelo llevada a cabo a través de Costera del Glorio, una sociedad instrumental que sirvió supuestamente a la trama para la adquisición de bienes mediante dinero de origen ilícito. 

Administrada por el colaborador de Zaplana Joaquín Barceló, recibía fondos de Medlevante. Esta última estaba nutrida, a su vez, con dinero de Imison Internacional, la empresa matriz de todo el entramado que fue constituida en 2001 por los Cotino en Luxemburgo y pasó a estar gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.

Costera del Glorio adquirió un inmueble en La Finca de Urbanizadora Somosaguas, propiedad del empresario fallecido Luis García Cereceda. Lo hizo mediante un contrato privado por 2,1 millones. Entre 2005 y 2007 abonó en tres pagos 862.773 euros a Urbanizadora Somosaguas con fondos que, acreditaron los investigadores, provenían de tres fuentes (una cuenta personal de Joaquín Barceló, otra de la mercantil Medlevante y una línea de crédito suscrita por Costera).

Escasos meses después, Urbanizadora Somosaguas volvió a adquirir los derechos de la propiedad vendida a la empresa de Barceló pero por un importe notablemente superior: 4,31 millones, lo que supuso una plusvalía superior a tres millones. De ese dinero se habría beneficiado, según los investigadores, Zaplana.     

El próximo 22 de diciembre está previsto que declaren como testigos el periodista Luis Herrero y el conocido como el arquitecto de los famosos Joaquín Torres. Tal y como informó Valencia Plaza, la Guardia Civil halló anotaciones en la agenda del exministro en la que aparecerían ambos por varias reuniones que coincidían en el tiempo con los intercambios de dinero, de acuerdo con fuentes cercadas a la causa. El periodista era amigo personal de Zaplana y Torres el arquitecto de la urbanización La Finca, de manera que podrían aportar algún dato sobre una operación llevada a cabo por los presuntos testaferros del expolítico.