Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EFE/EP). El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha elaborado un análisis sobre la propuesta de financiación autonómica presentada la semana pasada por el Ministerio de Hacienda, con la fórmula de población ajustada, y ha concluido que las comunidades más beneficiadas respecto al modelo actual serán Extremadura y Aragón, y las más perjudicadas Canarias y Galicia junto.
Además de estas dos comunidades, las otras regiones que verían reducidas sus necesidades de gasto con la nueva fórmula serían Comunitat Valenciana (-1,7%), Cataluña (-1,58%), Madrid (-1,05%) y Andalucía (-0,54%).
Aunque Fedea ha valorado positivamente que el Ministerio de Hacienda haya mantenido en su propuesta el "núcleo" de las medidas defendidas por la Comisión de Expertos de 2017, ha criticado la utilización en la fórmula de población ajustada "de variables 'ad-hoc' que introducen elementos de arbitrariedad en el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas".
Según los cálculos de Fedea, la propuesta de Hacienda aumentaría "muy apreciablemente" las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7%) y reduciría las de Canarias (-3%) y Galicia (-2,7%).
En cambio, con el nuevo cálculo propuesto por Hacienda, junto con Extremadura y Aragón, las demás regiones que obtienen un aumento de sus necesidades de gasto son La Rioja (+5,41%), Cantabria (+4,51%), Murcia (+3,28%), Castilla-La Mancha (+3,14%), Asturias (+2,72%), Castilla y León (+2,54%) y Baleares (+2%).
Fedea explica que la variable de población ajustada es un indicador de necesidades de gasto que repondera las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías. Si la fórmula de costes es correcta, un reparto de los recursos del sistema en proporción a la población ajustada aseguraría que todas las comunidades pueden ofrecer prestaciones similares a sus ciudadanos, aunque estas tengan mayores costes en unos territorios que en otros.
Así pues, Fedea precisa que no se está hablando todavía del reparto efectivo de los recursos del sistema de financiación, sino de una fórmula de reparto ideal en base a los costes estimados de proporcionar una cesta homogénea de servicios y prestaciones en todo el país.
Sin embargo, asegura que este "reparto ideal" tiene efectos muy significativos sobre la distribución real de la financiación a través de los mecanismos redistributivos del sistema de financiación porque algunos de los fondos más importantes del mismo se reparten teniendo en cuenta la población ajustada.
Por ello, el análisis de Fedea, elaborado por su director, Ángel de la Fuente, resume las recomendaciones del Ministerio de Hacienda sobre las variables a utilizar en la fórmula de población ajustada y las compara con el modelo todavía vigente y con las propuestas del comité de expertos de 2017.
Así, Hacienda ha asumido el grueso de las propuestas del comité de expertos relativas a la introducción de una partida de costes fijos y de un indicador de pobreza o exclusión; el desdoblamiento de la variable de necesidades educativas para incorporar un indicador de necesidades de gasto universitario; la introducción de ponderaciones por tramos de edad en la población mayor de 65 años y la actualización del indicador de necesidades de gasto sanitario.
En cambio, De la Fuente asegura que la "parte más discutible" de la propuesta de Hacienda tiene que ver con la introducción de "dos ajustes 'ad hoc'" que suponen volver a caer en uno de los "vicios más persistentes" del sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer "trajes a medida" en vez de buscar reglas generales de reparto "sensatas".
En concreto, afirma que se trata del "peculiar reparto" por bloques de la partida de costes fijos que se propone en base a un "confuso e innecesario" ejercicio de análisis de clusters y de la introducción "con calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a determinadas comunidades".
De esta forma, del análisis de Fedea se desprende que la propuesta de Hacienda comportaría "cambios significativos" en relación con el modelo todavía vigente en términos de las necesidades de gasto reconocidas a algunas comunidades.
"Algunos de ellos resultarían difíciles de justificar en base a la evidencia existente sobre los determinantes de los costes de los servicios autonómicos", denuncia De la Fuente.
En concreto y en relación con el sistema actual, apunta que Aragón y Extremadura aumentarían sus necesidades de gasto en más de 7 puntos porcentuales, gracias fundamentalmente a las "correcciones ad hoc" por costes fijos por segmentos y por despoblación, mientras que Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación de factores.