El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. Foto: EFEAnticorrupción cifra en más de 300.000 euros el saqueo de los fondos de la empresa de la Diputación de Valencia por los directivos y en más de 600.000 el desvío en Ciegsa; pide 12 años de cárcel para la cúpula de la "organización criminal"
VALÈNCIA. El caso Taula, coordinado por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y cuyo estallido cumplió un lustro el pasado enero, ha cogido carrerilla durante los últimos meses y ya cuenta con la apertura de juicio oral para los acusados de tres de las once piezas separadas en las que se divide. Las últimas en las que se ha decretado, puesto que se acabaron uniendo, son las referidas a los llamados 'zombies' de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.
En ellas figuran un total de 26 personas que se sentarán en el banquillo por los delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos. Entre los acusados se encuentran el presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el exsecretario autonómico de la Conselleria de Educación Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; el que fuera jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis; y varios exdiputados provinciales, como el hasta la semana pasada subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio (destituido tras su supuesta implicación en otro caso, Azud), y Salvador Enguix (del PP).
Aunque a los cuatro primeros los sitúa como cabecillas del entramado, la jueza sustituta considera que contaron con la colaboración de, por un lado, la persona encargada de la realización de los trámites administrativos en Imelsa, María Gracia Escrihuela (directora de Recursos Humanos) y, por otro, del director financiero de la empresa, José Enrique Montblanch. Ambos fueron colocados por Marcos Benavent. Igualmente, aparece como implicado el empresario del sector de la comunicación José Adolfo Vedri.
La jueza sustituta señala como órgano para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia Provincial de Valencia y requiere a los investigados que presenten fianzas que suman en su conjunto 4.721.081 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
Al margen del auto de apertura de juicio, resulta de relevancia el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en las dos piezas (también lo ha hecho la Abogacía de la Generalitat, aunque sólo en la de Ciegsa). Anticorrupción solicita 12 años de prisión para Alfonso Rus, Emilio Llopis y Máximo Caturla como cabecillas de la supuesta organización criminal. Sobre Marcos Benavent, actual colaborador de la Justicia, aprecia arrepentimiento y reclama para él una condena de 9 años y medio de prisión.
Mientras, para Rafael Rubio pide 6 años de cárcel, al igual que para el todavía asesor del PSPV en la Diputación, Raúl Pardos. Para el presunto testaferro de Benavent, José Estarlich, solicita 4 años y medio. Misma pena que para el empresario del sector de la comunicación José Adolfo Vedri.
El fiscal apunta a que Rus, Caturla y Llopis tomaron a partir de 2004 las riendas del PP en la provincia de Valencia y, junto a Benavent, llegaron a un "acuerdo de voluntades para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo". Así, se habrían servido de este último como "intermediario recaudador para hacer efectiva su ideación criminal de servirse de la empresa pública Ciegsa", dedicada a la construcción de colegios y la cual dirigía Caturla. Uno de los objetivos de la organización, prosigue, era "contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello, entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal". Éstas no respondían, afirma, a un interés público, sino al de los acusados, de manera que "bien por favores políticos, bien por su propio interés, se pagaban retribuciones desde la empresa a personas que no realizaban ninguna función".
El escrito menciona a cuatro personas colocadas de esta manera –todas del PP o simpatizantes– mediante contratos "de apariencia de legalidad" creados artificiosamente para "justificar la salida arbitraria de dinero público", lo que supondría el desvío ilegal de fondos. En total, las retribuciones de todos ellos alcanzaron los 602.000 euros.
Situación similar tuvo lugar en Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia y encargada de la gestión de las brigadas forestales. Anticorrupción indica que, desde allí, Alfonso Rus comenzó a organizar la empresa "para sus propios fines y los de sus compinches". "Con clara finalidad de clientelismo político y personal, utilizaron la empresa pública para repartir favores, usando los fondos públicos de la misma en contrataciones de personas que no respondían a un verdadero ejercicio de funciones dentro de la sociedad".
Junto a ellos, los cooperadores –en este caso María Escrihuela y José Enrique Montblanch– "obtuvieron un beneficio económico ilícito" que la Fiscalía cifra en más de 300.000 euros. "Con la única intención de lucrarse con los fondos públicos y sin responder a ningún criterio retributivo variable", los dos directivos y Benavent "se hicieron con importantes cantidades dinerarias", incide. Algo que consiguieron, de acuerdo con Anticorrupción, con la aplicación fraudulenta del convenio colectivo de Imelsa, que permitía implementar un sistema retributivo por objetivos. De este modo, por productividad, se llevaron entre 2011 y 2014 alrededor de 236.000 euros.
Además, se apropiaron de otro tipo de gastos como manutención sin que hubiera justificación, expone la Fiscalía. Entre 2010 y 2014, unos 67.300 euros. Todo ello supone, para Anticorrupción, un saqueo de los fondos públicos de la empresa.
Al margen de este desvío de dinero, se produjo el relativo a las contrataciones. El escrito enumera varios casos de este tipo: "Con arreglo a dicho artificio se contrató en Imelsa por orden de Alfonso Rus y consentimiento de los contratados, sabedores que no iban a desempeñar ningún trabajo, a los acusados Miguel Angel Mullor Domenech, futbolista del Olímpic de Xàtiva, club presidido por Rus; Eva Luisa Sarrion, ama de casa y en paro con problemas económicos, natural de Xàtiva; y Ángel Ramón Sanchís Rosa, amigo personal de Alfonso Rus y desempleado, los cuales aceptaron firmar un contrato laboral falaz con la empresa Imelsa que les suponía cobrar un estipendio público sin contraprestación alguna".
Asimismo, el fiscal detalla que "por amistad personal con Marcos Benavent, y pidiéndole un favor el también acusado José Adolfo Vedri, le solicitó que con cargo a fondos públicos se hiciese cargo Imelsa de los sueldos de dos trabajadores suyos que en realidad trabajaban en su empresa La Gráfica, aceptando Marcos Benavent".
Por orden de Emilio Llopis, se colocaron igualmente a otras personas que no desarrollaron ningún trabajo efectivo: Juan Antonio Sanz Núñez, asignado ficticiamente al exdiputado Juan José Medina; Francisco Javier Cañizares, como asesor del actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar –justificado con tres certificados del acusado Raúl Pardos–; Francisco José Antequera, asignado a Emilio Llopis; y Raúl Mateo Ángel Balufo, vinculado también a Llopis.
"Aprovechando la situación creada, y lejos de denunciarla", remarca Anticorrupción, el consejero de Imelsa Rafael Rubio "solicitó el favor a Marcos Benavent para la contratación de dos personas allegadas al PSPV que se encontraban en paro".
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el procedimiento de los 'zombies' de Ciegsa, ha solicitado una pena de seis años de prisión para Caturla por un delito continuado de malversación de caudales públicos, además de 20 años de inhabilitación. Para los contratados pide cuatro años de cárcel. Y una indemnización conjunta y solidaria de 1.042.637 euros.
